Colombia ha dado un nuevo paso en la protección de los trabajadores con la adopción del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que busca frenar la violencia y el acoso en el ámbito laboral. Aunque el país ya cuenta con leyes como la Ley 1010 de 2006 y la Ley 1257 de 2008, los casos de acoso siguen siendo preocupantes.
Un estudio del Ministerio del Trabajo revela que el 82 % de las presiones sexuales en el trabajo provienen de superiores, afectando principalmente a mujeres, que representan el 41 % de las víctimas.
Este convenio redefine el concepto de violencia y acoso, ampliándolo más allá de las relaciones laborales directas y abordando diferentes tipos de vínculos contractuales.
Nicolás Godoy, asociado de Godoy Córdoba, señaló que el Convenio 190 “trasciende la persistencia de la conducta como criterio y se enfoca en la violación de derechos constitucionales como base para identificar casos de acoso”. Esta nueva perspectiva ofrece una mayor protección para los trabajadores en diversos sectores.
Con la adopción del Convenio, el Estado colombiano debe garantizar su aplicación en todos los sectores económicos, sin importar su ubicación o tamaño. Esto implica establecer normativas claras y mecanismos de acción efectivos para asegurar que los espacios laborales sean seguros y libres de violencia. La promoción de ambientes laborales más equitativos también será clave para asegurar la inclusión de todas las personas, independientemente de su género o tipo de empleo.
Además de la protección contra el acoso, el Convenio 190 exige la implementación de medidas preventivas y de acción, con un enfoque especial en la violencia de género.
La meta es asegurar que las personas no solo estén protegidas, sino que también cuenten con mecanismos de denuncia y apoyo, lo que permitirá enfrentar de manera efectiva estas situaciones en los contextos laborales.