Un decreto emitido este 7 de junio por el Ministerio de Minas, tiene a los actores del sector energético poniendo la lupa. Se trata del Decreto 929, mediante el cual “se establecen políticas y lineamientos para promover la eficiencia y la competitividad del servicio público domiciliario de energía eléctrica”.
De acuerdo con las explicaciones de esa cartera, liderada por Irene Vélez, “el decreto no establece regulación, solo entrega lineamientos generales que deberán ser tenidos en cuenta por la Creg (Comisión de Regulación de Energía y Gas), a la hora de expedir la normatividad”, dice un documento explicativo.
Vélez señaló que lo que se busca con el decreto es “promover la competencia efectiva con precios justos” y estaría encaminado a “optimizar la prestación del servicio de energía en Colombia”, agregó.
Las pautas que da el decreto, según el Ministerio, señalan el camino para establecer una política pública que se encamine hacia “la eficiencia y competitividad del servicio de energía eléctrica en el país”.
Promueve la participación ciudadana
Así las cosas, dentro de los puntos que contiene el decreto se destacan, entre otros, el hecho de que promueve “la participación ciudadana en los procesos de regulación y formulación de política pública”. Este sería uno de los puntos en los que habrá que detenerse, puesto que, desde hace algún tiempo, la Creg tiene comisionados en encargo, sin que se ratifiquen en la misión que deben adelantar.
En el decreto se establece que, tanto el Ministerio como la Creg, “desarrollarán y ejecutarán las acciones necesarias para promover la participación de asociaciones de usuarios, vocales de control, ligas de usuarios, grupos de valor y de la ciudadanía en general, en los procesos de regulación y formulación de política pública del sector”.
Servicio diferencial
En el decreto, que contiene 7 páginas, también se dan lineamientos para que se avance en “implementar medidas para el aseguramiento de la prestación del servicio bajo condiciones diferenciales, para usuarios en áreas especiales y situaciones de retiro del mercado de agentes comercializadores”, dice el documento.
La normatividad expedida por el Ministerio de Minas indica que se deben considerar esquemas competitivos para la selección del Prestador de Última Instancia (PUI), es decir, el que le lleva el servicio al usuario, además de considerar también, “de manera diferencial, el riesgo de cartera para agentes que atienden usuarios de áreas especiales”. Lo que se entiende de este aparte es que se tomarán en cuenta las condiciones particulares de un usuario deudor.
Así mismo, el decreto señala que se deberán “incorporar incentivos que promuevan la gestión eficiente en la prestación del servicio a los usuarios atendidos por el PUl”.
Medición para el cobro residencial e industrial
Otro de los puntos que incluye el decreto es el que hace referencia a la “adecuación de los mecanismos de medición a los usuarios residenciales, industriales y comerciales”.
En ese sentido, el lineamiento fue dado para que la Creg analice “la factibilidad y la conveniencia de flexibilizar los requisitos de medida de los consumos de los usuarios”.
Es así como, “en el caso de los sistemas de medida que registren energía activa y reactiva, la Creg deberá actualizar la regulación vigente frente a su cobro con el fin de evitar lesiones injustas a los usuarios. Para ello deberá revisar, entre otros, “el cobro asimétrico de energía reactiva capacitiva e inductiva y las penalizaciones por flujo reincidente de energía reactiva”, dice el documento.