La Superintendencia de Transporte anunció este sábado 23 de abril la apertura formal de investigaciones contra ocho empresas de transporte especial escolar, por presuntas irregularidades en su operación, las cuales aparentemente están poniendo en riesgo a los niños, niñas y jóvenes a quienes les presta dicho servicio.

De acuerdo con la SuperTransporte, los requeridos supuestamente prestan el servicio excediendo el cupo permitido, no cuentan con la tarjeta de operación vigente y tampoco tienen un adulto acompañante durante los viajes, entre otras irregularidades. Lo cual, según esta entidad, es una clara violación a las normas establecidas.

La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, recordó que las empresas que prestan este servicio, así como los organismos de apoyo al tránsito, los colegios y demás autoridades tienen la obligación de cumplir a cabalidad el marco normativo que regula la prestación del servicio de transporte especial escolar en el país.

La funcionaria explicó que estos hallazgos se dan en medio del endurecimiento de controles a estas empresas, con el fin de garantizar un transporte escolar y evitar que se juegue con la vida de los niños, niñas y adolescentes, mientras se movilizan desde sus casas a las escuelas o colegios y viceversa

“Es preocupante que se presenten situaciones de siniestralidad en general, pero en el caso de los menores es de especial relevancia ya que se trata de la vida y la integridad de nuestros hijos, es por ello que hacemos un fuerte llamado a todos los actores que intervienen en el transporte escolar para que cumplan a cabalidad con el marco normativo establecido para este tipo de servicio. Seremos contundentes a la hora de proteger la vida de nuestras niñas y niños”, dijo Orozco.

Hasta el momento, la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte-Ditra, junto con la Superintendencia de Transporte, han llevado a cabo 125 operativos en el territorio nacional a 1.704 vehículos de transporte terrestre especial escolar, realizando la verificación de la documentación al día, condiciones de los vehículos, características de los conductores y el cumplimiento de las normas establecidas para este tipo de automotores.

En medio de estos operativos, la SuperTransporte abrió investigaciones a ocho empresas de transporte especial escolar, por presuntamente prestar este servicio excediendo el cupo permitido, no contar con tarjeta de operación vigente y no contar con el adulto acompañante obligatorio, entre otras.

“Estas investigaciones se abrieron luego de analizar los resultados de los operativos realizados por la Ditra, en los cuales hacemos presencia institucional y acompañamiento, y gracias a las diferentes denuncias interpuestas por autoridades y personas naturales que han puesto de presente irregularidades en la prestación del servicio público de transporte escolar en todo el territorio nacional”, explicó el superintendente de Transporte, Wilmer Salazar.

La SuperTransporte a la fecha se encuentra adelantando investigaciones administrativas sancionatorias en contra de la Cooperativa de Transportes de San Roque, Transportes Especiales Ónix y Expresos Escolares S.A. por, presuntamente, prestar el servicio de transporte especial escolar excediendo la capacidad de cupo que tiene cada vehículo; de Megavans S.A. por, supuestamente, tener vencida la tarjeta de operación; de Transportes Ciudad Bonita S.A. por, presuntamente, prestar el servicio sin la persona responsable que actúa como monitor, y de School Touring Service S.A.S. por, presuntamente, prestar el servicio excediendo el cupo previsto para los vehículos.

Por otra parte, se encuentra en curso proceso sancionatorio en contra de las empresas Servicio Especializado de Transporte Escolar Ltda. y Servicios Integrados para el Transporte Escolar Empresarial y Turístico S.A., respectivamente, quienes dentro de su actividad tienen previsto el servicio de transporte escolar, no obstante, las conductas por las cuales se les formuló cargos corresponden a conductas relacionadas con la prestación del servicio de transporte especial.

De ser encontradas responsables, las empresas en mención podrían ser sancionadas con multas de hasta 700 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Cabe resaltar que desde 2020 se han adelantado 38 actuaciones administrativas sancionatorias en contra de Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), 42 en contra de Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC) y 111 actuaciones en contra de Centros de Enseñanza Automovilística (CEA), todo lo cual redunda en la seguridad vial y la prevención de accidentes.