Los colombianos agobiados con los pagos de la factura, en particular del servicio de energía, reclaman por los incrementos que les están llegando en los recibos. Ese fue el motivo principal que llevó al representante a la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, a convocar a un debate de control político en el que fueron citados el ministro de Minas, Diego Mesa; la superintendente de servicios públicos domiciliarios, Natasha Avendaño, y el director de la Creg (Comisión de Regulación de Energía y Gas), Jorge Alberto Valencia.
Como una ausencia de control y vigilancia catalogó el citante del debate el hecho de que a los usuarios del servicio de energía, que aún no se levantan del golpe recibido durante la crisis sanitaria y económica, les estén cobrando intereses por pagar ahora los recibos que no podían cubrir hace unos meses, lo que en su momento fue lanzado como un alivio: “lo que era un alivio, ahora se les convirtió en suplicio”, dijo Chacón.
¿Abusos?
El debate de control político fue bautizado como ‘El abuso del negocio de la energía en Colombia’, por lo que el contenido del mismo se enfocó en temas como el cobro de la reconexión, que -en algunos casos- llega a ser de $58.000, cuando el corte del servicio de luz lo que evidencia -en general- es que esa familia no tenía con qué pagar la factura, argumentó el parlamentario, quien enfatizó en que la norma vigente establece que dicha reconexión debe ser un costo de la operación que adelanta el prestador del servicio.
Cadena de cobros
En la jornada también se abordó el viejo debate sobre el paquete de cobros que le cargan a la factura del usuario, pues el esquema tarifario implica que una parte debe ir para el generador de la energía, otra para el transportador, otra para el distribuidor; sin contar con que a la factura le cargan un porcentaje por pérdidas de energía en el transporte hasta el hogar que recibirá el servicio, más otro costo por daños.
Como ejemplo, el citante al debate puso el caso de una factura de $100 mil, por un consumo de 162 kilovatios, la cual desagrega en $30 mil para el generador de energía; $7 mil para el que la transporta; $40 mil para el que la distribuye; $13 para el que la comercializa, más cobros por pérdida; otro costo por restricción (daños), sin contar con lo que Chacón llama ‘tasitas ambientales que, de peso en peso, van subiendo y subiendo el costo del servicio”.
El parlamentario enfatizó en otros costos que se agregan a través de resoluciones, como la que fue expedida por la Creg en 2020, la cual establece una tarifa anual de $8533, que va a parar a XM Expertos, administrador del mercado de energía mayorista. Dicha tarifa, que si bien en el recibo mensual representa cifras diminutas, le representó a la compañía una suma de más de $109.000 millones a “los expertos”, expresó Chacón. Agregó que “eso lo pagan también los ‘chiquitos’, pues aplica para todos los estratos, desde el 1 hasta el 6″.
El cobro de la factura de energía, que incluye un componente para cada uno de los eslabones de la cadena de producción, llevó al director de la Creg a responder que se trata de una situación que aplica a todas las cadenas productivas.
Con cifras en mano
De parte y parte, tanto del citante, como de los citados, hubo sustentación con cifras. Según Chacón, al usuario le van quitando de peso en peso, con normas que aprueban las mismas autoridades que fueron creadas precisamente para regular y defender los intereses de las familias colombianas.
Para empezar, el congresista puso sobre el tapete el hecho de que, de 263 empresas dedicadas a prestar el servicio de energía, el 75% sean de naturaleza privada, lo que subrayó como una privatización de este servicio público, motivo por el cual enfatizó en que “esa privatización hace mucho más necesaria la vigilancia que debe hacer la Superintendencia”.
La gran preocupación alrededor de los costos que se le recargan a la tarifa por el servicio de energía, está enlazada con la realidad, según la cual, más de 10 millones de suscriptores pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, que son los de mayores dificultades en medio de la crisis, de acuerdo con lo expresado por el congresista.
El debate tuvo múltiples aristas, todas ellas, encajadas en los reclamos que hacen los ciudadanos, sobre la prestación de un servicio de importancia clave para cualquier actividad productiva. Al concluir la jornada quedó establecido que el próximo 8 de junio, el debate de control político continuará.