Latinoamérica está dando pequeños pasos en su regulación para mejorar el sistema financiero, con el objetivo de adaptarse al desarrollo y avance de las tecnologías y de los nuevos hábitos de la sociedad.
De esta manera, el open banking y el open finance, dos modelos que se complementan, representan una oportunidad tanto para las entidades financieras como para las personas, que podrán obtener productos financieros de una forma más personalizada y acorde a sus necesidades.
De acuerdo con un reporte elaborado por Allied Market Research, el tamaño del mercado del open banking alcanzará US$ 43.152 millones en 2026. Además, según un análisis hecho por McKinsey, las economías que adopten el intercambio de datos para las finanzas podrían ver ganancias del PIB entre el 1 % y el 5 % para 2030, e incluso señala los grandes beneficios tanto para los consumidores como para las instituciones financieras.
El experto en tecnología Santiago Etchegoyen, cofundador y Chief Technology Officer de uFlow, el motor de decisiones No-Code basado en tecnologías Cloud e Inteligencia Artificial que busca optimizar y facilitar los procesos de evaluación crediticia de entidades financieras, explica que el open banking o banca abierta es un modelo o una tecnología que les permite a los clientes apropiarse de su información financiera. Dado el caso, con la autorización respectiva del usuario, las entidades financieras podrían acceder esos datos por medio de interfaces de programación de aplicaciones (API).
“Esto es una gran ventaja para Latinoamérica, teniendo en cuenta que hay un porcentaje amplio de la población cuyos ingresos no son atribuibles a una relación de dependencia formal, pero son verificables mediante movimientos bancarios”, resaltó Etchegoyen.
Actualmente, en América Latina y el Caribe hay al menos 140 millones de personas trabajando en condiciones de informalidad, lo que representa alrededor de 50 % de los trabajadores, según la Organización Internacional del Trabajo. En Colombia, esta cifra ronda alrededor de los 12,9 millones de trabajadores.
Por otro lado, el open finance hace referencia a los mismos principios de transparencia y compartición de información que el open banking, pero no solo incluye a bancos, sino a cualquier institución financiera, como administradores de fondos de ahorro, fondos de inversión hasta burós de crédito y casas de bolsa y fintech, con la idea de que un cliente pueda consultar y hacer transacciones de distintos servicios.
Lo interesante es que los avances legislativos llevan un buen ritmo en la región, pero aún hay trabajo por hacer, puesto que mientras naciones como México o Brasil desde hace algunos años están trabajando con sistemas bancarios o financieros abiertos, países como Perú o Ecuador aún están muy rezagados en la materia.
En el caso de Colombia, fue el Decreto 1297 de 2022 el que habilitó el modelo de banking as a service y reglamentó el open finance, un modelo que amplía las fuentes a las que se accede con el open banking y permite que otros actores, como las fintech, colaboren con otras entidades para ofrecer soluciones integrales y prestar un servicio más específico y enfocado a las necesidades de los diferentes clientes.
“A pesar de estos ejemplos, el tema regulatorio sigue siendo un desafío en Latinoamérica hasta que no haya una implementación más generalizada y empiecen a funcionar los modelos legislativos que recién entraron en vigencia, como en Chile. El otro reto es que las entidades más tradicionales cada vez más necesitarán de la aplicación de diversas tecnologías, porque no basta simplemente con tener la data, sino que se requiere de tecnologías como Machine Learning para clasificar los movimientos que realizan los usuarios”, afirmó Etchegoyen.
Estos modelos de sistemas abiertos son la puerta de entrada a una verdadera inclusión. La tecnología, por su parte, será la vela que permitirá navegar por diferentes comunidades y regiones que necesitan de este tipo de productos financieros, y aún no pueden obtenerlos debido a las barreras y los limitantes del no acceso al crédito.