Desde la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) confirmaron que la adjudicación de la licitación del Canal del Dique, que lleva 10 años en boga, sin que se logre su estructuración, tampoco se hará ni este 4 ni el 5 de agosto, como estaba previsto.
El director de la ANI, Manuel Gutiérrez, dijo en W Radio que la recomendación que le hacen al nuevo gobierno es que “continúe y adjudique”.
No obstante, en la mitad hay varios cuestionamientos, algunos de los cuales están en un informe presentado por la Contraloría General, el cual, según dijo el funcionario, habría sido uno de los temas que motivó al aplazamiento de la adjudicación.
El del Canal del Dique es un megaproyecto que ha tenido muchas demoras. La licitación que ahora se le deja al gobierno entrante supera los 3 billones de pesos y es una necesidad para la región Caribe.
Las recientes advertencias de la Contraloría señalaron: “Los requisitos habilitantes exigidos en el pliego de condiciones definitivo y sus adendas, presentan una relación de inconsistencias y/o deficiencias detectadas en la Oferta presentada por la firma Sacyr Concesiones Colombia, relacionadas con algunos de los soportes incluidos en la documentación presentada por esta empresa para la Licitación Pública”.
Solo para mencionar uno de los detalles que detectó la Contraloría dice que “en los soportes adjuntos a la oferta, no se identifica la presentación del Acuerdo de Garantía y del Diagrama de la Estructura Organizacional, toda vez que el oferente Sacyr Concesiones Colombia SAS está acreditando experiencia en inversión a través de matriz, sociedad controlada o sociedad controlada por matriz del oferente o integrante del oferente”.
Desde hace varios días, ante la inminente adjudicación de la licitación, por parte de la ANI, varios voceros del Pacto Histórico, el partido del gobierno que tomará las riendas del país el 7 de agosto, venían lanzando alertas y peticiones para que las decisiones sobre el trascendental proyecto se dejaran a la nueva administración. En particular, pusieron en el tapete el incumplimiento del oferente, de presentar, socializar, y garantizar la participación ambiental de las comunidades y autoridades territoriales. De igual manera, incumplieron con la obligación de la licitación de la licencia ambiental, sin contar con que no han definido las medidas para mitigar los graves impactos que causará el aumento de sedimentos en los parques Nacionales Corales del Rosario y San Bernardo, Corales de Profundidad, Santuario Fauna y Flora Corchal Mono Hernández, en pastos marinos y ecosistemas estratégicos.
Por esa y otras razones, la Contraloría identificó varios riesgos que divulgó ante la opinión pública. Por ejemplo, el ente de control estableció que es riesgoso “que la ANI decida adjudicar una licitación pública sin que el Oferente haya cumplido cabalmente con todos los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones definitivo y sus adendas y en las normas del Estatuto de contratación aplicables”.
Sobre ese tema, Gutiérrez dijo en sus declaraciones de que han existido presiones y señalamientos que consideró “injustos”, mientras que para entidades de control e integrantes del equipo de trabajo de empalme, del gobierno de Petro, resultó sospechoso que la licitación pudiera ser adjudicada días antes de la posesión del presidente, con el único proponente que, en teoría cumplió los requisitos en la licitación, porque fueron precisamente los que la Contraloría vio como incumplimiento.