La Agencia de Defensa Jurídica del Estado confirmó que este viernes el Tribunal Arbitral internacional falló a favor del Estado colombiano y negó el reclamo presentado por América Móvil (Claro), en el que pretendían que se les pagara US$1.286 millones, es decir unos $4,6 billones.
En el laudo se tuvieron en cuenta varias sentencias de cortes colombianas para tomar la decisión, ya que consideran que no existió el derecho a la no reversión de activos.
“El tribunal encontró que no se trató de un derecho con existencia en el derecho interno que pudiese gozar de protección bajo el derecho internacional, por lo que no puede hablarse de una expropiación. El tribunal dejó intactas las decisiones adoptadas en la Sentencia C-555 de 2013 y el laudo doméstico (...). Esas dos decisiones son irreprochables bajo el derecho internacional”, indicó la Agencia.
Así mismo, se determinó que además de que Colombia no tendrá que pagar los 4,6 billones de pesos, América Móvil tendrá que pagar las costas del proceso y los gastos de representación que ascienden a 2,1 millones de dólares, es decir $8.102 millones.
La defensa del Estado estuvo a cargo del director de la Agencia, Camilo Gómez Alzate, y de la firma Dechert LLP, liderada por Eduardo Silva Romero.
“La estrategia se fundamentó en que el arbitraje de inversión no es el camino para el re-litigio de asuntos decididos por tribunales o cortes nacionales. La defensa resaltó que se debe respetar el derecho adquirido del Estado colombiano a la reversión”, dice el comunicado.
La reacción de Claro
Al conocer el laudo, la compañía del magnate Carlos Slim indicó que se encuentra analizando las instancias legales a su alcance en contra de la determinación y no descartaron pedir la anulación de este proceso ante la Corte Federal del Distrito de Columbia (sede del arbitraje).
Cabe destacar que este proceso en tribunales internacionales empezó en 2016, cuando América Móvil consideró que el Estado colombiano violó el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los Estados Unidos de México, argumentando que el MinTIC había actuado de manera inconsistente con respecto a la Sentencia C-555 de la Corte Constitucional que ordena excluir de la reversión los activos incorporados voluntariamente por Comcel, Occel y Celcaribe, ya que estos activos correspondían a inversiones realizadas por encima del Plan Mínimo de Expansión.
Por otro lado, también alegaron que Colombia violó su obligación de otorgar a las inversiones de América Móvil un tratamiento justo y equitativo, y el nivel mínimo de trato exigido por el derecho consuetudinario internacional, por la cláusula de “nación más favorecida”.
La buena racha de Colombia
Esta nueva victoria se suma a dos más que existían en contra de Colombia por el caso Granahorrar y que se conocieron hace pocos días, donde el Estado colombiano se salvó de pagar más de $1,2 billones por la estatización de esa institución financiera que se dio durante el Gobierno de Andrés Pastrana en 1998.
La familia Carrizosa aseguraba que la estatización de Granahorrar y una sentencia de la Corte Constitucional violaron la protección a los inversionistas de Estados Unidos en Colombia, establecida en el tratado de libre comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos. Un proceso bastante parecido al de América Móvil.