La situación para el gobierno del presidente Gustavo Petro se complica notablemente debido a la creciente inquietud y malestar expresado por los arroceros del país. En el centro de esta preocupación se encuentra el incumplimiento de los compromisos asumidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, lo que ha llevado a una grave crisis en el sector arrocero nacional.
El presidente de la Junta Directiva de Fedearroz, Alberto Mejía Fortich, junto con los Comités de Arroceros de importantes regiones como Ibagué, Venadillo, El Espinal y Saldaña, han alzado su voz en defensa del sector. Han manifestado su gran inquietud por la situación que enfrentan, y lamentan que, a pesar de los esfuerzos y acciones realizadas en Bogotá y en las regiones, no se hayan logrado resultados concretos.
Uno de los principales problemas que enfrenta el sector arrocero es la falta de resolución sobre los precios de compra de la cosecha actual, que ya ha comenzado su recolección. La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Jhenifer Mojica, había prometido establecer los precios para la compra de esta cosecha, pero hasta el momento no se ha concretado esta medida. Esto ha dejado a los agricultores en una situación difícil, ya que la industria sigue comprando a precios bajos que no cubren los costos de producción, lo que ha llevado a grandes pérdidas para los productores.
Ante esta situación, los arroceros exigen una respuesta inmediata por parte del gobierno y del Ministerio de Agricultura. Han reiterado sus peticiones y solicitudes en busca de una solución a la crisis que enfrenta el sector. Además, han expresado su solidaridad y apoyo a los productores de otras regiones del país, como Casanare y Meta, que también se encuentran en una situación complicada debido a los bajos precios de compra y a las dificultades económicas que enfrentan.
La situación de los arroceros se ha convertido en una preocupación urgente para el gobierno de Petro, ya que la falta de una solución pronta y efectiva podría tener graves consecuencias para el sector y para el país en general. El gobierno se enfrenta a la difícil tarea de encontrar una solución que satisfaga las demandas y necesidades de los arroceros, al tiempo que busca mantener la estabilidad y el desarrollo económico del país.
Los productores de arroz en Colombia vienen lanzando señales de humo. No hay que olvidar que el domingo, anunciaron que harán protestas en Villavicencio, el principal productor del cereal en el Meta. Ya durante el viernes habían realizado un paro en el departamento de Casanare, en protesta por lo que consideran, una desigualdad en los costos de producción, los cuales están dejando pérdidas a todos los arroceros de la región.
El meollo del asunto, para la protesta que anuncian ahora en Villavicencio, está en el incentivo al almacenamiento, un apoyo estatal que se activa para esta época, cuando está empezando a sembrar la cosecha más grande del producto en el año, la del segundo semestre, en la cual se produce el 70 % del arroz que se pone en el mercado.
El fin del incentivo al almacenamiento que piden, tiene doble propósito: garantizar el abastecimiento del cereal en la primera mitad del año entrante y evitar la descolgada en los precios al productor, teniendo en cuenta que las molineras, que es de donde finalmente sale el arroz que se comercializa, tiran el precio hacia abajo, en parte, para cubrir el costo de almacenarlo durante los siguientes meses.
El sector arrocero es de vital importancia para la economía colombiana, y su colapso podría tener repercusiones en diferentes ámbitos. Además de afectar a los productores, la crisis podría afectar la disponibilidad y los precios del arroz en el mercado nacional, lo que podría tener un impacto en la seguridad alimentaria del país.
El gobierno de Petro debe tomar medidas inmediatas y efectivas para abordar la crisis en el sector arrocero y encontrar una solución que beneficie a todos los actores involucrados. Esto implicará dialogar con los arroceros, escuchar sus necesidades y preocupaciones, y tomar acciones concretas para garantizar la sostenibilidad y el desarrollo del sector.
En este contexto, la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Jhenifer Mojica, enfrenta un desafío significativo para encontrar soluciones que resuelvan la crisis y restauren la confianza de los arroceros en el gobierno. La respuesta del gobierno ante esta situación será crucial para determinar el rumbo del sector arrocero y su impacto en la economía nacional en los próximos meses.