El apoderado del exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, manifestó insistentemente que en medio de la investigación que adelanta la Contraloría por las irregularidades en la construcción de la hidroeléctrica Ituango, se deja un claro mensaje y es que los funcionarios de esta entidad, y de otras que cumplan funciones similares, tienen que comprender que un juez fiscal no debe pronunciarse frente a casos investigados antes de dar un fallo, por más mediático que parezca, porque eso refleja imparcialidad en el proceso.
Con lo anterior, argumentó que el haber presentado el pasado martes 23 de noviembre la recusación del contralor no obedece a una maniobra dilatoria como algunos sectores lo han manifestado, sino que en realidad es consecuencia del pronunciamiento que hizo público Córdoba y que, según Pava, denotaría una posición de respaldo al fallo de primera instancia. Resalta que lo hizo incluso antes de conocer el fallo de segunda instancia, vulnerando así el principio de imparcialidad objetiva y de neutralidad, establecidos en la Convención Americana sobre los Derechos.
“Él no puede salir a decir que tendrán que pagar los responsables en el caso de Hidroituango, sin que se conozca un fallo. Ellos (contralores), no se están comportando como jueces. Se están comportando como partes”. Aclara que así todo el mundo diga que hay claras irregularidades, los jueces son los únicos que no pueden asegurar eso hasta que no exista un fallo, porque de lo contrario estaría prejuzgando. “Esta es una gran oportunidad para que aprendan”, dijo.
Considera, además, que detrás de todas las supuestas irregularidades que denuncia el exgobernador hay una premura que desencadenó la actual disputa. “Creo que se apresuraron en decir que había irregularidades en Hidroituango y necesitan emitir un fallo que reafirme lo dicho. Hay muchas coincidencias que son incómodas”.
Según Pava, la Contraloría no ha tenido en cuenta las pruebas aportadas por la defensa de Fajardo. Asegura que han solicitado en diferentes oportunidades que tengan en cuenta la versión de la junta de asesores frente al acompañamiento sobre la decisión del tercer túnel. “Dicen que la junta no acompañó, pero eso es contraevidente con los documentos mismos”, explica para argumentar que lo más sensato sea que la junta de asesores hable, pero denuncia que “en la Contraloría no han querido oírlos”.
Otro de los puntos que manifiesta le genera dudas dentro del proceso y es el hecho de que hace 20 días se conoció un informe. “Estaba engavetado y el equipo de la defensa lo conoció. Ese informe dice que es necesario investigar irregularidades que se presentaron en la investigación de Fajardo. Todo se supo por una tutela del Consejo de Estado”, dice que el documento señala que lo sucedido con Hidroituango fue un siniestro que debería ser pagado por las aseguradoras.
El jurista recalca que la recusación se da en particular por la tergiversación de la información suministrada en medio del llamado que ha hecho a la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, conocida por sus siglas en inglés, como Intosai, “a quien pidió pronunciarse porque según el representante del máximo órgano fiscalizador, la independencia de la Contraloría General de la República está siendo amenazada por medios de comunicación y actores políticos en lo que respecta al caso de Hidroituango”, señalando la solicitud de recusación en la que denuncia violación del principio de neutralidad.
Pava dice que para ocupar el cargo de contralor se hace necesario ser un abogado con amplia experiencia, pues de no ser se cometen errores de imprudencia que ponen en juego el futuro de los proyectos más importantes del país, entre ellos Hidroituango. El abogado finaliza diciendo que solo espera que este tema se resuelva en derecho y con todas las garantías a las que tienen derecho Fajardo y los involucrados en el caso.