Luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio impusiera una millonaria multa a las compañías de telefonía celular Comcel S.A. (Claro) y Tigo por no cumplir con lo referente a la protección de datos personales y la ley de Habeas Data, la primera de las empresas mencionadas reaccionó a la sanción económica anunciada por el ente de vigilancia y control.
Según Claro, ha implementado acciones y tareas administrativas encaminadas a proteger la información sensible y personal de sus clientes y usuarios, por lo que presentará los recursos pertinentes contra la medida ordenada por la Superintendencia de industria y Comercio.
“Claro Colombia informa que, con respecto al acto administrativo emitido por la SIC, presentará los recursos procedentes frente a la decisión. Asimismo, resalta que es una Compañía que siempre ha trabajado por el cumplimiento y respeto de la regulación existente en materia de ‘habeas data’ y Protección de Datos Personales en pro de los derechos de los usuarios. Para eso, ha implementado políticas de tratamiento de datos personales que aseguran el correcto tratamiento de los datos de sus clientes”, explicó la compañía a través de un comunicado.
Por su parte, desde Tigo Colombia no se han manifestado sobre esta medida en al que la SIC asegura que fueron vulnerados los derechos de sus usuarios en lo que tiene que ver con el habeas data.
¿De cuánto fueron las multas a Claro y Tigo?
Las multas impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio a Claro y Tigo superan los $ 1.300 millones, siendo la primera la más afectada, pues la cifra que deberá pagar por “trasgredir el deber de guardar reserva sobre la información únicamente para los fines para los que le fue entregada” es de $ $1.003.549.640.
Tigo, por su parte, fue sancionada con una cifra mucho menor equivalente a $ 304.875.840 “al no garantizar a los titulares el pleno y efectivo ejercicio del derecho de habeas data”.
Según la Dirección de investigaciones de Datos Personales, se encontró, de forma preliminar, que desde Claro estaban dando otros fines diferentes a los datos suministrados por los usuarios.
De igual forma, para el caso de Tigo, la investigación y posterior sanción tuvo lugar gracias a “una denuncia en la que un titular informó que presentó múltiples peticiones ante la sociedad COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. durante el periodo comprendido entre mayo de 2019 y diciembre de 2020. Peticiones en las que solicitó: i) la eliminación de su información de las bases de datos de la compañía; y ii) la cancelación del envío de mensajes de texto con prospección comercial y de mercadeo a su línea móvil personal”.
Según la SIC, se encontró que “la conducta de la investigada infringía el deber de utilizar la información únicamente para los fines que le fue entregada o contando con la autorización previa por parte del titular de la información”.