Fenalco Bogotá-Cundinamarca dio a conocer que el año inició con una gran sorpresa para los empresarios de los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), pues en la Ley 2283 del 5 de enero de 2023 apareció un artículo (Art. 6) que señala que por cada revisión técnico-mecánica se debe entregar un seguro obligatorio individual de responsabilidad civil para vehículos de servicio particular, que ampare los daños materiales causados a terceros, sin cargo o sobrecosto para el usuario y por la vigencia de cada uno de los certificados emitidos, es decir, un año.
En ese sentido, los empresarios del comité de CDA afiliados a este gremio destacaron que esta obligación es inviable de cumplir por varias razones. Entre ellas está que el seguro debe ser asumido por cada CDA y matemáticamente esto no es posible, ya que del costo de cada revisión se deben pagar otras obligaciones como Runt, Agencia Nacional de Seguridad Vial, empresa de pagos, entre otros.
Además, están los costos propios operativos y empresariales, por lo que la utilidad no se alcanza a asumir este seguro y no se puede incrementar el precio al cliente, pues el valor de la revisión está regulado; no hay aseguradora que a la fecha ofrezca el seguro que exige la ley y a hoy, pues el Runt no lo ha integrado al sistema.
Que se reconsidere
Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá-Cundinamarca, aseveró que “estamos pidiéndole al Ministerio de Transporte que se reconsidere o por lo menos reglamente este artículo de una manera coherente para la actividad comercial tanto de CDA como para aseguradoras”.
Agregó que mientras esto sucede se pide que se frene la exigencia: “Consideramos que esta medida afectará el servicio de la revisión técnico-mecánica, que es la que obliga a tener en óptimas condiciones los vehículos para prevenir accidentes y mitigar efecto en el medioambiente”.
Explicó que la ley entró en vigencia hace menos de un mes, pero los empresarios manifiestan que ya son muchos los ciudadanos que están exigiendo el seguro, que por ahora los CDA no les es posible entregar.
También los útiles
Por otra parte, dieron a conocer en Fenalco Bogotá-Cundinamarca que los empresarios del sector de papelerías y útiles escolares afiliados manifiestan que el incremento del dólar, la inflación, la escasez a nivel mundial de materias prima, sobrecostos en transporte y presiones sobre el entorno logístico han impactado de manera directa la fabricación, distribución y comercialización de los útiles escolares.
Según el Comité del Sector de Papelerías, “los costos para nuestra industria se han elevado entre un 35 % y un 43 % frente a la temporada escolar de hace un año; sin embargo, el consumidor final ve reflejado un incremento entre 15 % y el 18 %, coherente con la inflación que estamos viviendo”.
Frente a este panorama, un padre de familia en Bogotá puede invertir en promedio $350.000 para la compra de útiles escolares, que no incluye los textos o libros; es de aclarar que este valor varía dependiendo de la cantidad de productos, marca, lugar donde se compre, y del curso: para preescolar podría estar alrededor de $360.000, para primaria $222.000 y para bachillerato un promedio de $412.000.
Además, hacen un llamado a los padres de familia para comprar marcas reconocidas en lugares de confianza. Orrego aseguró que “se debe desconfiar de los útiles escolares que están con un precio muy por debajo del promedio, y que por lo general se venden en la calle, pues en muchos casos terminan siendo productos falsificados, de contrabando y fabricados con materiales de dudosa procedencia”.
Los útiles escolares que más falsifican son lápices, colores, bolígrafos, marcadores, seguido de cuadernos y carpetas plásticas. Además, esta práctica representa pérdidas de hasta un 25 % para los papeleros legales y una disminución de hasta 80 % en el rendimiento de los productos.