la constructora Conconcreto informó este miércoles que fue admitida por la Superintendencia de Sociedades en el proceso de negociación de emergencia de acuerdo de reorganización.
Según la compañía, el panorama financiero de la constructora es “sólido y positivo”, ya que cuenta con solvencia patrimonial, recursos líquidos y un backlog de aproximadamente tres años de proyectos en ejecución.
“Sin embargo, el reciente fallo en primera instancia de la Contraloría General de la República por una cifra de $4,3 billones tiene un innegable impacto patrimonial y operativo. Resaltamos que, a la fecha, la compañía viene cumpliendo con todos sus compromisos laborales, contractuales, con el sector financiero y con entidades gubernamentales”, dijo Conconcreto.
El fallo al que se refiere la constructora es el que emitió la Contraloría y está relacionado con las fallas e irregularidades en el proceso de construcción de Hidroituango.
Según Conconcreto, el proceso de reorganización empresarial le permitirá a la compañía continuar con la ejecución de importantes proyectos nacionales e internacionales, entre ellos Hidroituango, asegurando el cumplimiento de todos los compromisos contractuales y financieros.
“Esta decisión tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad de Constructora Conconcreto, mantener los más de 12.000 empleos que hoy genera, cumplir con todas las obligaciones y mitigar la incertidumbre generada por las especulaciones en el mercado y por las eventuales consecuencias de la ratificación del fallo de la Contraloría General de la República a través de los mecanismos que prevé la ley”, dijo la compañía.
Se espera que en los próximos días se dé inicio a la fase de negociación del acuerdo de reorganización con los acreedores participantes del proceso.
“Somos una empresa resiliente, con una historia de 60 años. Gracias a la tenacidad de nuestro equipo humano y con el apoyo de nuestros grupos de interés, asumiremos este nuevo reto empresarial. Estamos preparados y comprometidos con el país, Antioquia y sus comunidades en la culminación del proyecto Hidroituango crítico para la estabilidad energética de Colombia”, dijo el presidente de Conconcreto, Juan Luis Aristizábal.
Otras compañías afectadas
En las últimas horas se conoció que la Superintendencia de Sociedades, a través de la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia, también admitió en el proceso de reorganización a la sociedad Coninsa Ramón H S.A., vinculada a Hidroituango.
En el marco del trámite, la compañía deberá fijar un aviso sobre el término de duración de la negociación, comunicar a los acreedores el inicio de la negociación de emergencia y a todos los jueces y entidades que adelanten procesos ejecutivos, de restitución, de ejecución de garantías o de cobro coactivo, con el fin de que se suspendan durante el trámite y, deberá iniciar la negociación con sus acreedores y celebrar el acuerdo de reorganización en un término no mayor a tres meses para la confirmación por parte del Juez del Concurso, indicó la entidad.
El trámite de negociación es un mecanismo de salvamento y recuperación empresarial para aquellos deudores que se encuentran afectados por las causas que motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, que permite conjurar la crisis y preservar la empresa y el empleo mediante la negociación con los acreedores y la confirmación de un acuerdo de reorganización.
Responsables fiscales por Hidroituango
Semanas atrás, la Contraloría reveló una lista de 26 personas y entidades que fueron declaradas como responsables fiscales por los problemas de Hidroituango. El monto de dicha responsabilidad fiscal asciende a los $4,3 billones.
En la lista de los 26 declarados con responsabilidad fiscal por culpa grave figuran los exgobernadores de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero (2008-2011) y Sergio Fajardo Valderrama (2012-2015); los exgerentes de EPM, Federico Restrepo Posada (2008-2011) y Juan Esteban Calle Restrepo (2012-2015); y el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo (2008-2011).
Justamente, una de las más grandes polémicas que se han dado en Medellín en las últimas décadas ha sido el enfrentamiento del alcalde Quintero con un fuerte sector del empresariado antioqueño cuyas empresas están ejecutando la obra y ahora están “empapeladas” por las presuntas irregularidades que generaron un detrimento millonario.
Se trata de las tres firmas que componen el consorcio constructor CCCI: Camargo Correa, Conconcreto, Coninsa Ramón H.; las firmas del consorcio interventor, Ingetec y Sedic; Integral, diseñador y asesor; y Sainc Ingenieros Constructores, del consorcio constructor de túneles. Hay que decir que dos de las tres firmas que componen el consorcio constructor ya están en proceso de reorganización (Conconcreto y Coninsa Ramón H).
Según el ente de control, las decisiones relevantes, así como las acciones u omisiones que presuntamente generaron el daño patrimonial en el megaproyecto, se originaron entre 2008 y 2015 como consecuencia de una cadena de errores que se dio desde su planeación y diseño, hasta su ejecución y control.