Aunque las concesiones que están involucradas en el decreto emitido por el gobierno, para que se haga realidad el congelamiento de tarifas de peajes durante 2023 como una forma de intentar frenar los precios y detener la inflación, han estado en el ojo del huracán, por haber aplicado los aumentos en algunos casos, pasando así por encima de la norma; el gremio que las agrupa hizo un fuerte pronunciamiento.
Con la advertencia de que se trata de un cambio en las reglas de juego en los contratos pactados, por lo que esperan que se haga efectiva la compensación por los recursos que dejarán de percibir que ha mencionado el Ministerio de Hacienda, dejaron ver su preocupación por temas como la confianza inversionista.
Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la CCI (Cámara Colombiana de la Infraestructura), quien puso de presente que este modelo financiero ha permitido hacer más de 10.000 kilómetros de carretera en el país que no habría sido posible desarrollar con plata pública, dijo que en el corto plazo es imperativo que se cumpla con el retorno de los recursos; pero a largo plazo, se requiere una conversación para que el modelo de concesión que ha resultado exitoso siga en el escenario.
Los recursos del congelamiento que dejarán de percibir las concesiones, que son cercanos a 1 billón de pesos, saldrán del Fondo de Contingencias y presupuestales, que tendría un colchón cercano a los 6 billones de pesos, según los datos que tiene la CCI. No obstante, si esos recursos provienen del Presupuesto General de la Nación, serán todos los colombianos los que terminarán pagando ese costo, utilicen o no las vías en las que se cobran peajes.
Riesgo por desequilibrio económico en los contratos
En el caso puntual de las empresas de infraestructura, que ponen las inversiones con la expectativa de recuperarla con el cobro de peajes, la medida causaría “un desequilibrio económico de los contratos, por cuanto las tarifas reales de cada año serán menores a las previstas en la estructuración de los mismos, al no ser restablecidas”, advirtió la CCI.
¿Quién volverá a invertir?
Pero además, el hecho de que se cambien las reglas de juego en los contratos pactados entre el gobierno y las concesionarias viales, aún si se les restituyen los recursos, podría llevar a un desestímulo en la apuesta por las inversiones para hacer vías bajo el modelo de concesiones.
Según Caicedo Ferrer, desde ya expresan la preocupación en ese sentido y llaman al gobierno a rehacer la confianza, pues, “el modelo concesional es una especie de matrimonio entre el Estado y el sector privado, por lo cual, es clave que los inversionistas puedan recobrar esa confianza”.
Contratos podrían terminarse
En el pronunciamiento exponen que, “en el caso particular de las denominadas IP (Iniciativas Privadas) siendo proyectos que se financian exclusivamente con el recaudo de los peajes, esta medida genera el riesgo de que no puedan garantizar su sostenibilidad financiera y, como resultado de lo anterior, los contratos podrían terminarse de manera anticipada. En este caso, el Estado tendría que reconocer, adicionalmente, las inversiones realizadas y, además, tendría que finalizar las obras y administrar, operar y mantener las vías”.
Zozobra en el sector
De acuerdo con las declaraciones entregadas por el dirigente de la CCI, existe una zozobra en el sector, no solo por lo que pueda venir, sino por lo que está sucediendo en las instalaciones de algunas concesiones que, “están siendo objeto de atropellos que demandan la acción urgente de la autoridad”.
Hasta el momento, de acuerdo con lo señalado por Caicedo Ferrer, no tiene conocimiento de ninguna concesión que esté alistándose para demandar el decreto, pues, de manera conjunta, tienen la expectativa de la restitución de los recursos que dejarán de percibir. El que si prende motores para emitir los detalles de cómo se hará el cobro por valorización y plusvalía, es el gobierno. Así que, en medio del debate, ojalá impacte en la inflación el controversial congelamiento de incremento en los peajes.