El contrato del proyecto Hidroituango para la construcción de la hidroeléctrica que generará el 17 % de la energía del país, parece estar en un limbo que motivó al consorcio constructor (CCC Ituango), a enviar una carta al gerente de EPM, Jorge Carrillo, en la que le pide una definición de su continuidad o no en la obra.
Precisamente, en el Concejo de Medellín, el jueves 21 de octubre se realizó un debate de control político en el que se expusieron varias de las aristas que hay alrededor de este contrato, cuya vigencia está hasta el 31 de diciembre de este año.
En el cabildo de la capital antioqueña, en lo que más se enfatizó fue en la necesidad de que la hidroeléctrica empiece a generar energía en 2022, de lo contrario, se presentarán múltiples riesgos de racionamiento energético, de las comunidades asentadas en la parte baja del proyecto, económicos y legales, entre otros.
Para tener energía en 2022 se requiere de un constructor con una experiencia amplia y específica, pero definir si es el actual, el que seguirá con el proyecto en el próximo año, es una decisión difícil.
La demora de Carrillo para darles una respuesta de continuidad o no tiene que ver con el fallo de responsabilidad fiscal que emitió la Contraloría General, el cual involucra a 26 personas, entre naturales y jurídicas. Si el resultado del fallo surge de manera rápida, la definición sería más fácil. Sin embargo, es algo impredecible. Si el el fallo se ratifica en la responsabilidad fiscal, el consorcio estaría entre los que tendrían que pagar 4,3 billones de pesos por los retrasos ocasionados, y probablemente no podría seguir con el proyecto.
A ello se le agrega que hay un elemento sin resolver entre los integrantes del consorcio, según expresó Carrillo en el Concejo de Medellín: uno de ellos tiene una denominación distinta a la original. Los otros dos, como el país conoció ya, pidieron acogerse a la ley de reorganización empresarial o insolvencia.
En medio de la necesidad energética en Colombia, EPM no tiene sino un camino: producir rápidamente energía. En consecuencia, debe apuntar a que continúe avanzando la construcción de la hidroeléctrica, para lo cual necesita un Plan B, que le permita a la compañía estar preparado, de manera que el fallo de la Contraloría no lo sorprenda y quede viendo un chispero, con las manos atadas para continuar el proyecto. Por esa razón, han surgido rumores de que estarían buscando posibles constructores en el exterior.
6 meses antes del vencimiento del contrato
En ese contexto, el consorcio CCC Ituango pide una definición. Según la carta enviada por el representante legal de la sociedad, Santiago García Cadavid, hasta “EPM se ha abstenido de tomar alguna decisión sobre la no continuidad del contrato”, decisión que debió haberse adoptado con 6 meses de anticipación al vencimiento del plazo contractual: el 31 de diciembre.
El consorcio señala que en tres oportunidades ha sido prorrogada la decisión, lo que a su juicio, evidencia que EPM no sabe todavía si quiere o no que continue CCC Ituango, con el proyecto a partir del 31 de diciembre próximo.
García Cadavid expresa en la carta a EPM que la empresa le ha solicitado buscar una o varias firmas constructoras para cederles el contrato. De esa manera, a quien tome el contrato le prorrogarían el plazo hasta la culminación de la cuarta turbina. Esta alternativa será analizada en profundidad en un nuevo encuentro, previsto para el 26 de octubre.
De antemano, el consorcio expresa que ceder el contrato es un camino que solo debería tomarse, en el caso de que surgiera una inhabilidad, al proferirse el fallo de segunda instancia. “Actualmente, conservamos plena capacidad jurídica para continuar ejecutando el contrato, e, inclusive, suscribir los acuerdos contractuales que beneficien al proyecto”, sostienen.
En desacuerdo con el alcalde Quintero
Los choques entre los contratistas y el alcalde de Medellín, han surgido en medio de la situación del proyecto, del cual, según dijeron algunos concejales en el debate de control político, se enfrascó en un torbellino político más que en salidas basadas en la técnica.
En la nueva carta, el consorcio señala que su intención no es polemizar con el alcalde Daniel Quintero, pero si manifiestan su desacuerdo con algunas de sus afirmaciones. “A pesar de nuestra disposición y compromiso para que el proyecto salga adelante, indudablemente en Hidroituango se tendrán impactos negativos en sus plazos de ejecución y costos adicionales y, seguramente, en otras actividades que hoy no son previsibles y que forman parte de los riesgos que se presentarán ante una decisión de cambio de contratistas, aunque según lo expresado públicamente por el Presidente de la Junta Directiva, el impacto será solamente de dos meses”.
El consorcio advierte que la incertidumbre generada, con la falta de definición de EPM, acerca de la continuidad del contrato, ya estaría trayendo consecuencias en el avance del proyecto.
Agregan que a escasos dos meses de terminarse el contrato, el tiempo sería muy corto para hacer todo el trámite de cierre, que incluiría el proceso de liquidación contractual; terminación de obras iniciadas, terminación de contratos con proveedores y prestadores de servicios; finalización de contratos laborales; retiro de equipos, entre otros.