Un poco más de dos meses han pasado desde que la Corte Constitucional declaró inconstitucional la pesca deportiva en Colombia, decisión que si bien fue celebrada por algunos sectores ambientalistas, cayó como un baldado de agua fría entre las personas que se dedican y dependen de esta industria, ya que se convierte en un duro golpe para su economía.
Según el alto tribunal, esta decisión se tomó tras fallar a favor de una demanda que alegaba que esta “es una actividad que vulnera el principio de precaución y la prohibición de maltrato animal, y, por tanto, debe excluirse del ordenamiento jurídico”. Así mismo, indicó que atenta contra los ecosistemas y el derecho de las personas a gozar de un ambiente sano.
La Corte también recordó que “el mandato de protección a los animales se desprende del principio de constitución ecológica, la función social de la propiedad y la dignidad humana; y señaló que, en ese contexto, el Legislador y la Corte han considerado a los animales como seres sintientes”.
Por otra parte, si bien acepta que no existe consenso acerca de si los peces son seres sintientes, señaló que “resulta necesaria la intervención del Estado a efectos de evitar la degradación del medio ambiente”. Esta es una de las razones que justificó el fallo, emitido a comienzos del mes de mayo de este año.
“Aunque no es posible definir con certeza absoluta las consecuencias nocivas de la pesca deportiva, en términos de los principios de protección y bienestar animal ni el impacto y deterioro de los recursos hidrobiológicos, pero sí existe información científica relevante que exige evitar impactos nocivos en estos seres y su entorno, debe preferirse la exclusión de la actividad”, advierte el fallo.
¿Qué ha pasado después de esto?
Los diferentes actores, gremios y comunidades indígenas y rurales del país se volvieron a pronunciar recientemente respecto a esta decisión de la Corte Constitucional y aseguraron que se encuentran muy preocupados, puesto que hay muchas familias en el país que realizan esta práctica de forma responsable y ahora no tienen ingresos para sobrevivir.
Este gremio recordó que “Colombia cuenta con especies únicas, lo que lo ha convertido en un paraíso para pescadores deportivos y ha generado todo un tejido de desarrollo sostenible en las zonas más alejadas del país”, situación que fue desconocida antes de tomar la decisión.
“Más de treinta comunidades indígenas ribereñas del Vichada, Guainía, Meta, Chocó, Antioquia, Casanare y Amazonas se han capacitado para prestar servicios turísticos y hoteleros gracias a esta actividad y ahora ven en riesgo la generación de ingresos de manera lícita y en armonía con el medio ambiente”, agregaron.
Ante esto, Delio Suárez, capitán y máxima autoridad indígena de la comunidad de La Ceiba, del departamento del Guainía, interpuso un recurso de nulidad para tumbar este fallo, argumentando que las pérdidas para el país se cuentan en miles de millones de pesos, principalmente en la industria del turismo.
“En Colombia se generan alrededor de $276.713.500.000 por la pesca, sin tener en cuenta hoteles, transportes, pasajes aéreos, restaurantes, combustible y permisos. De ahí que al menos 117 operadores logísticos, 1640 guías, 272 auxiliares, 78 tiendas, 31 comunidades y más de 2.510 familias dependan económicamente de esta actividad en todo el país”, dijo Suárez al respecto.
Si bien aceptan que hay proteger el medioambiente, este gremio indicó que no se consideraron todos los elementos económicos, sociales y ambientales, por parte de la Corte Constitucional, ya que la decisión afecta de manera considerable el bienestar de todos los involucrados, desecha la posibilidad de las comunidades de vincularse una economía limpia, sostenible y sobre todo, afecta el bienestar del recurso pesquero, su entorno y el medio del cual dependen y retroalimentan.