Un aumento significativo, del 41 %, tuvo en la Superintendencia de Sociedades el inventario de procesos de insolvencia, desde 2019 hasta el primer trimestre de 2022. La cifra es reflejo de la aguda crisis que tuvo el país cuando se produjo la crisis sanitaria que llevó al cierre de muchas empresas que no pudieron sobrevivir a la inactividad temporal por cuarentenas.
Sin embargo, la insolvencia empresarial no solo se debe a condiciones del país, como lo evidenció recientemente la llegada a la liquidación de la cadena Justo & Bueno, que, pese a ser un paquete de tiendas de descuentos duros, los cuales (en general) se posicionaron en la pandemia, en este caso no. La compañía entró en dificultades financieras que, primero, la condujeron a acogerse a un proceso de reorganización en pos de un salvamento, el que finalmente no se dio (está en liquidación).
Muchas veces, la insolvencia empresarial es consecuencia de malos manejos administrativos. Lo cierto es que la desaparición de compañías tiene un efecto nefasto para la economía, pues se trata de pérdidas de empleos y aportes de la actividad empresarial a la producción.
Para enfrentar la crisis, en el país establecieron rápidamente los Decretos Legislativos 560 y 772 de 2020, que agilizaron el trámite para que las compañías pudieran acogerse a la insolvencia y detener así a los acreedores mientras volvían a tomar oxígeno. Es así como, en el primer trimestre de este año, en la SuperSociedades se registran 2.152 procesos que están en seguimiento, cifra en la cual se incluyen las 626 empresas que han sido rescatadas en los últimos 12 meses y las 1.526 que estaban bajo vigilancia en 2021.
El año 2021 fue particularmente dinámico en materia de uso de la insolvencia. Era el año posterior al inolvidable 2020, cuando en Colombia se vieron muchos negocios con puertas cerradas, algunas aplicando alternativas para sobrevivir y otras que se dejaron morir. Según las estadísticas de la SuperSociedades, en esa anualidad se aprobaron 686 acuerdos de reorganización, lo que significa un crecimiento exponencial, teniendo en cuenta que en 2020 solo se registraron 211 casos aprobados.
Otra de las cifras que dan cuenta de la aguda crisis por la que atravesaron las empresas es que, en 2021, se terminaron 249 procesos de liquidación, de los cuales 116 concluyeron en insolvencia total (no hubo oportunidad de salvación); mientras 133 lograron realizar pagos cercanos al 25 % del pasivo, es decir, volvieron a tomar un poco de aire para seguir.
Según el superintendente de Sociedades, Billy Escobar, el fin de los acuerdos de insolvencia es actuar prontamente, “con el fin de preservar la compañía, proteger el empleo y el crédito, aportando siempre al tejido empresarial de nuestro país”.
Bogotá, con la mitad de empresas insolventes en I trimestre de 2022
Dentro de las estadísticas de la SuperSociedades, que fueron incluidas en ‘Atlas de la insolvencia’ divulgado el lunes, se evidencia que, en 2021, 1.193 presentaron solicitudes para acogerse a la Insolvencia.
Del total registrado, el 77,37 % entraron en procesos de reorganización, buscando reestructurar pasivos con los acreedores. Entre tanto, el 22,63 % restante se fueron a procesos de liquidación.
De las 1.193 solicitudes recibidas, 595 se recibieron en Bogotá y 598 en las Intendencias Regionales. Comparado con las solicitudes que se recibieron en el año 2020, en Bogotá se recibieron un 6 % menos solicitudes y en las Intendencias Regionales un 10 % menos.
La mayor parte de los procesos de insolvencia que aparecen en el inventario de la SuperSociedades eran de los sectores manufacturero, comercio y construcción, lo que coincide con los que fueron más golpeados por las cuarentenas y restricciones aplicadas para proteger a la población del contagio de covid-19. Una buena parte de los procesos de insolvencia, entre tanto, fueron solicitados por personas naturales no comerciantes, en donde entraban los que tenían un negocio de consultoría o asesoría, por ejemplo.
¿Cómo vamos en este año?
Según las cuentas de la SuperSociedades, en el primer trimestre del 2022, la entidad recibió 265 solicitudes de admisión a procesos de insolvencia, lo que corresponde a un 3 % más de solicitudes que en el mismo periodo de 2021. El 75 % piden una tregua con los acreedores (reorganización) y el 24,91 % entró a proceso de liquidación.
Como Bogotá es la ciudad con un mayor volumen de empresas en el país, esa condición se refleja en el hecho de que 133 solicitudes recibidas está en la capital.
En este primer trimestre, al igual que ocurrió en 2021, también los sectores que más peticiones hacen son los de servicios, comercio, manufactura, construcción y ahora entra el minero, que tiene 69 solicitudes.
Que el Gobierno tenga este panorama en el visor es clave para que se pueda establecer hacia donde hay que poner el foco en políticas que estimulen la competitividad empresarial y reduzcan la muerte de empresas, lo que, a la larga, resta empleos en el mercado laboral.