La libre competencia es uno de los derechos clave para que los mercados puedan funcionar correctamente. El derecho de competencia básicamente se ocupa de la protección de los intereses de los consumidores y de la protección de la libre competencia en los mercados, mediante la prohibición de actos que se consideran que impiden la competencia.
De acuerdo con la SIC, hay varias prácticas que son consideradas abusivas y que distorsionan la competencia, como los abusos de posición dominante y los actos unilaterales realizados por empresas.
Ese organismo asegura que en la legislación colombiana están prohibidas las integraciones económicas que contraigan sustancialmente la competencia y “que no compensen con eficiencias”.
Este viernes, la Defensoría del Pueblo publicó un informe sobre la libre competencia y su impacto en los derechos ciudadanos, asegurando que esta tiene un gran impacto en los derechos colectivos e individuales y su vulneración “afecta bienes esenciales del ser humano, como los derechos a la vida, la integridad, la salud y la educación”.
En el documento, que contiene 86 páginas, la Defensoría da algunos detalles sobre la incidencia de la libre competencia en el fortalecimiento de la democracia, que está ligado además al desarrollo social y económico del país, además de la protección de los derechos de consumidores, proveedores, productores y de las empresas. Cabe destacar que el exsuperintendente de la SIC, Emilio Archila, es coautor de dicho informe.
“La libre competencia garantiza los derechos de los colombianos, pero dentro de un marco de intervención apropiado. Es, en consecuencia, un derecho de todos. La relación entre la libre competencia y los derechos humanos es clara, directa y relevante”, comentó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
El documento también destaca el análisis de la libre competencia como un derecho colectivo, además que explora el fundamento de la misma en el marco constitucional colombiano y la “economía social de mercado”.
Además de ello, la Defensoría también habla de la relación entre la libertad de empresa y la libre competencia, dos conceptos que están estrechamente relacionados. “Ponerle restricciones y trabas se puede convertir en una amenaza o vulneración a los derechos fundamentales y el entorno de vida de las personas”, comentó.
¿Qué es la libertad de empresa?
La libertad de empresa es uno de los derechos que la Constitución Política de Colombia garantiza para todos los colombianos, a la par de estimular la creación de riqueza, también garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria.
De acuerdo con la Universidad Continental, la promoción del desarrollo económico y social y el estímulo de la riqueza deben ser efectuadas por el mercado y no por el Estado.
Las alertas de la Defensoría del Pueblo por el aumento de la violencia en Colombia
La creciente ola de extorsiones en Colombia ha llevado a la Defensoría del Pueblo a instar a las autoridades gubernamentales a implementar medidas efectivas para contrarrestar este delito y salvaguardar la seguridad ciudadana. Según datos del portal Siedco, basados en estadísticas de la Policía Nacional, los casos de extorsión han experimentado un alarmante aumento en los últimos cuatro años.
En 2020, se reportaron 8.188 casos, cifra que aumentó a 8.342 en 2021, 9.791 en 2022 y 9.871 en 2023. Esto representa un incremento del 20,5 % en comparación con el año base de 2020. Los departamentos más afectados fueron Cundinamarca, Antioquia, Atlántico, Valle del Cauca y Norte de Santander, donde se concentraron la mayoría de las denuncias.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, alertó sobre la implicación del sistema penitenciario en este flagelo, señalando qué internos, a través de llamadas de celular, también participan en actos de extorsión. Además, directores de establecimientos carcelarios y funcionarios del Inpec están siendo amenazados por la población reclusa, evidenciando la gravedad del problema.
“Aunque las denuncias instauradas por la ciudadanía afectada darían cuenta de que las extorsiones provienen de grupos ilegales, organizados y bandas criminales, el sistema penitenciario y carcelario no es ajeno a la ocurrencia del ilícito, desde donde los internos, a través de llamadas de celular, extorsionan”, aseguró el defensor Camargo Assis.
Además, algunos directores de los establecimientos carcelarios y funcionarios del Inpec están siendo amenazados por la población privada de la libertad, como ha venido ocurriendo en la cárcel de Tuluá, en el Valle del Cauca, en las penitenciarias de Palogordo y Modelo, en Santander, pero también en otros centros.