Los nuevos proyectos, tanto de Gobierno como empresariales en materia minero energética o de infraestructura, por citar algunos, tan necesarios para el crecimiento del país, reviven un debate que desde hace años se viene llevando a cabo: la importancia que tiene la consulta previa para los mismos.
Este mecanismo es un derecho fundamental que le permite a las comunidades étnicas conocer sobre medidas legislativas y administrativas o proyectos, obras o actividades que se vayan a realizar dentro de sus territorios y que puedan impactar en sus usos y tradiciones culturales.
De acuerdo con la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP), el año pasado, con corte a 31 de diciembre de 2022, se emitieron 1.867 actos administrativos de determinación de procedencia, de los cuales, 373 dieron inició a la consulta previa y 29 fueron objeto de visitas de verificación en territorio con el objetivo de recopilar información que permitiera determinar la procedencia o no de dicha herramienta.
Sin embargo, Guillermo Pattigno, gerente general de ACDesarrollo, señala que aún hay muchos desafíos en la materia, si bien hay una gran jurisprudencia que regula este mecanismo, aún no hay reglas claras de cómo llevarlo adelante en cada uno de los territorios y esto incide a que haya dificultades de relacionamiento genuino e incluso procesos que pueden llegar a tardar más de dos años sin que se haya puesto en marcha el proyecto debido a la consulta previa, lo que termina, afectando tanto a las comunidades como a las compañías.
“Claro, hay aún varios retos por delante —advierte Pattigno —, pienso que el principal es “comprender que la consulta previa es un derecho y que antes de desarrollar los proyectos de inversión es necesario de forma preventiva que las compañías conozcan la zona que van a intervenir en términos de lo étnico, eso, les permitirá incluir en los presupuestos el proceso de la consulta previa si es procedente y que esto no impacte negativamente lo ya establecido ante sus grupos de interés”.
Es importante recordar, que este mecanismo ofrece una oportunidad para ambas partes, puesto que, por un lado, le permite a la comunidad comprender los alcances del proyecto, identificar los impactos hacia ella y llegar a unos acuerdos con la empresa que debe proponer una inversión por compensación que permita mejorar la calidad de vida de las personas de ese territorio, y preservar sus usos y tradiciones de los efectos que podría generar el proyecto.
Por parte de la empresa le brinda la oportunidad de comprender quiénes son los actores que están presentes en el territorio y al ser la consulta previa en muchos casos, el primer hito de relacionamiento intercultural a largo plazo; comprender las mejores opciones de inversión social estratégica que prevengan y mitiguen impactos que puedan afectar la continuidad de las operaciones y facilite la construcción de territorios prósperos y sostenibles.
La estrategia denominada “Diálogos sostenibles”, que pretende fortalecer en las compañías la comprensión estratégica de un proceso consultivo y las oportunidades de su gestión en cuanto al relacionamiento a largo plazo, a partir de una radiografía étnica del territorio, análisis de casos ejemplares y acciones de mejora que aporten valor y fomenten la confianza con las comunidades presentes en su entorno, añade Pattigno.
En efecto, a mediados de marzo de este año se llevó a cabo un foro en la ciudad de Cartagena de Indias en el marco de la estrategia antes mencionada, que reunió al sector privado y público (DANCP) con gremios y organizaciones de la sociedad civil, con el fin, de “reconceptualizar” el alcance del derecho a la consulta previa y fortalecer su enfoque y la perspectiva desde donde miran ese proceso trayendo consigo importantes conclusiones que permiten desarrollar desde una óptica Gana - Gana esta actividad esencial para la implementación de los proyectos de inversión y para la pervivencia de las comunidades étnicas Colombianas en un escenario de Potencia Mundial para la vida.