Luego de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) en el Congreso, desde la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) dieron a conocer que se dedicaron a conocer y aportar a este proyecto que provee los lineamientos, propósitos y objetivos de las políticas públicas que busca ejecutar el Primer Mandatario.
Resaltaron el enfoque diferencial que se observa en el proyecto, como en el caso de las personas con discapacidad, las líneas planteadas para micronegocios o microempresas de economía popular y el fomento a la inclusión de jóvenes y mujeres en diferentes ámbitos.
Destacaron que se acogieran algunas proposiciones proposiciones. Explicaron que, en el caso del incentivo a la creación y permanencia de nuevos empleos formales, la extensión de estos incentivos hasta agosto de 2026 es especialmente significativa, ya que les permitirá a jóvenes, mujeres y personas con discapacidad superar las barreras que a menudo enfrentan para acceder al mercado laboral.
Rosmery Quintero Castro, presidente nacional de Acopi, también destacó el sistema de información estadístico para la economía popular. Dijo que la economía popular acoge aquellas unidades que se encuentran al margen de las estructuras y regulaciones del mercado laboral.
Explicó que, a pesar de esto, estas actividades generan un valor social y económico significativo, contribuyendo de manera importante al crecimiento y desarrollo de las comunidades donde se desarrollan.
Esperamos que dicha caracterización permita una mayor eficacia y eficiencia en la entrega de recursos y beneficios, y que contribuya a reducir la brecha entre este sector y el resto de la economía.
Con la aprobación de estas propuestas, creen que se están dando pasos relevantes para promover la inclusión laboral de jóvenes, mujeres, discapacitados, así como para mejorar la inclusión económica y social de la economía popular.
Consejo nacional
En cuanto al Consejo Nacional de la Economía Nacional explicó que este organismo será fundamental para la formulación de las políticas públicas necesarias para el fortalecimiento y promoción de estas unidades productivas.
A través del Consejo se podrán coordinar las acciones interinstitucionales necesarias para reconocer, defender y fortalecer este sector, así como para promover su sostenibilidad a largo plazo.
Inclusión financiera
En cuanto a los instrumentos para inclusión financiera y crediticia de la economía popular y la promoción de las finanzas verdes, explicó que a través del artículo 88 se busca desarrollar instrumentos y programas para promover la inclusión financiera y crediticia de la economía popular. Especialmente, pequeños productores del sector agropecuario y los micronegocios, la promoción de las finanzas verdes, la innovación y el emprendimiento.
Igualmente, se realizarán acciones que impulsen la disponibilidad de información para la caracterización y el perfilamiento crediticio de las pymes y la innovación en productos financieros adaptados a sus necesidades, incluyendo el crédito de bajo monto.
Agregó que se esperan que, a través de los programas, instrumentos y acciones que se desarrollen, las microempresas y pymes puedan acceder con mayor facilidad al crédito y, por lo tanto, fortalecer su capacidad productiva.
En cuanto al artículo 99, sobre el fortalecimiento del sistema electrónico para la contratación pública, dijo que es un avance. Al incluirse tarifas progresivas para la participación de las mipymes en el sistema de compras públicas, se podrá ayudar a reducir las barreras de entrada para las pequeñas y medianas empresas, y promover su inclusión en la contratación pública, lo que a su vez puede fomentar la competencia y la innovación a la economía, entre otros.