Después de casi dos horas de espera, con una amplia participación, tanto de manera presencial como virtual, se dio inicio a la audiencia pública de Justo & Bueno liderada por el delegado de procedimientos de insolvencia de la Superintendencia de Sociedades, Santiago Londoño Correa.
Solo en la introducción de la audiencia se dejó ver el cúmulo de enredos que tiene la cadena de tiendas que pidió acogerse a la ley de insolvencia para dar paso a un proceso de reorganización y poder así pagar sus pasivos. Sin embargo, la reunión fue precisamente para establecer los motivos de los incumplimientos de las obligaciones que asumió la empresa cuando la SuperSociedades la admitió en esa especie de ‘salvavidas’.
Según estableció el delegado, contra Justo & Bueno hay 501 denuncias de incumplimientos con los gastos administrativos, hay 20 tutelas provenientes de acreedores y arrendadores, y 98 memoriales laborales desde que se inició la reorganización empresarial.
En el auto se evidencia que el pasivo postreorganización de la deudora (Justo & Bueno) ascendía hasta marzo a la suma de $96.583′000.000. De igual manera, se presenta una disminución en el número de trabajadores producto de renuncias, así como un descenso en el número de tiendas abiertas, lo que tiene preocupados a los empleados, a los exempleados y a los proveedores. Más aún, si recientemente se conoció el proceso de venta de la cadena a una compañía extranjera.
Desde todos los ángulos, el delegado de la SuperServicios fue dando la palabra, dentro de la audiencia en la que se busca establecer el camino a seguir frente a los incumplimientos en pagos que están afectando a varios de los actores que tienen que ver con esta cadena. Mujeres sin recibir pagos estando en licencia de maternidad, con bebés por alimentar; personas desempleadas que no han recibido recursos de liquidación para enfrentar la desocupación; trabajadores activos sin sueldos desde hace varios meses; fueron algunos de los testimonios que dieron los intervinientes.
Más de 7.000 trabajadores
César Higuita fue uno de los voceros de los trabajadores, quien recordó que son más de 7.000 trabajadores que esperan impacientes el pago de sus salarios, con atrasos superiores a 90 días.
Las mayores dificultades se presentan con los atrasos de Justo & Bueno con la seguridad social que, según los voceros de este segmento, son cifras astronómicas. Por ejemplo, hay deudas con Porvenir, Protección, Colfondos y Colpensiones, por cuenta de aportes a la seguridad social.
Las desvinculaciones laborales serían del 15 %, de acuerdo con lo expresado por los trabajadores; mientras que los que fueron despedidos estarían esperando sus liquidaciones, en ocasiones, desde que empezó el año, sin tener recursos con los cuales sostener a sus familias. Hasta los aprendices del Sena se declararon afectados y muchos trabajadores dijeron que siguen metiendo el hombro pese a que deben llegar a los lugares de trabajo a pie, sin tener con qué pagar un transporte público.
Por más de dos horas se abordó solo el tema de los acreedores laborales. Los trabajadores pidieron respuestas y el delegado de la SuperSociedades, que hace las veces de juez, lleva las anotaciones de los reclamos.
Deuda con la Dian
Una vez escuchados los trabajadores, el delegado dio paso a los acreedores fiscales y fue la Dian la que abrió el ramillete de cobradores. Según el vocero de la entidad, en impuesto al consumo, solo por los meses de enero y febrero, la cadena debe 16,2 millones de pesos, mientras que por retención en la fuente adeudan 20,4 mil millones contando con los atrasos, desde septiembre de 2021 hasta marzo de este año, más los intereses.
En segundo lugar, el tema de arrendamiento incluiría deudas superiores a los 30.000 millones, toda vez que habría cesión de pagos desde febrero.
La audiencia continuaba y daba indicios de extenderse para lograr escuchar a todos los que pedían intervenir para exponer su afectación con los incumplimientos de pagos.