En el segundo y último de dos debates de control político en el Congreso de la República, a las autoridades nacionales que están involucradas en control y vigilancia a la prestación del servicio de energía, se llevó a cabo una acalorada jornada en la que llovieron las denuncias y los ataques.
Los incrementos injustificados en facturas; los medidores que se llevan las empresas y que después vienen reflejados en las tarifas porque en algún peldaño toman la decisión de cambiarlos, lo que fue catalogado como un gran negocio; el mal servicio que sigue reinando en regiones del Caribe, pese a los cobros nacionales establecidos para financiar lo sucedido con Electricaribe.
Todas esas situaciones salieron a relucir en un debate de control político que fue citado por el representante a la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, y que concluyó este miércoles, después de dos jornadas, en la comisión segunda de esa célula legislativa, donde se anunció que se radicarán varios proyectos, encaminados a cambiar el panorama de “abusos” para el usuario.
El elevado costo de un medidor
De acuerdo con las cifras presentadas en el debate, un medidor (sin IVA) llega a costar entre $85.317 y $396.761, dependiendo de si es monofásico o trifásico. El costo que le trasladan a la factura incluye además del aparato, un cobro por revisión, calibración, instalación sellado, con lo cual, el usuario termina pagando hasta $1.037.204 por cambio de un medidor, denunció Chacón.
La incomodidad reinó en la sesión, que se extendió por más de tres horas, en las que predominó el ataque, por parte del citante y algunos de sus colegas; lo que se combinó con intervenciones de los funcionarios públicos que asistieron, para responder los requerimientos legislativos.
Chacón, en varias oportunidades, se refería a lo que mencionó como un “ausente” papel de la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Natasha Avendaño, en la vigilancia y control de las entidades de servicios de energía que están bajo su sombrilla para ser vigiladas. Con ese argumento, en varias oportunidades le pidió la renuncia a la funcionaria, a quien se refería en tono de regaño. “Si usted no vigila ¿quién lo hace?; si a usted no le responden las empresas a quién le responderán? Es bueno que revise; para que se entere, son sus empresas vigiladas las que cobran los medidores”, fueron algunos de los reclamos a Avendaño.
Los reclamos se sustentaron en el hecho, puesto en consideración por Chacón, según el cual, de 12 comercializadoras de energía, solo a 39 la Superservicios le solicitó información, y solo 17 hicieron caso de entregarla. Esto, porque, “la Superservicios trasladó, por no tener competencia, a las comercializadoras, más de 46 preguntas sobre precio de compra de energía, reconexiones, auto generadores de energía, medidores y laboratorios de medidores”.
¿Qué reformarán?
“Las políticas, la planeación, regulación, la inspección, supervisión, control y vigilancia pareciera que esta en manos de las empresas comercializadoras”, fue una de las conclusiones del debate, en el que se mostraron algunos datos.
En todo caso, las intervenciones incluían palabras de grueso calibre como: ‘Mentiras’, o ‘son unos bandidos’. El acalorado debate, en el que llovían las frases que intentaban tildar de irresponsables a los encargados de las entidades del Ejecutivo relacionadas con la prestación del servicio de energía, por no defender al usuario y si a las empresas prestadoras del servicio, abordó también los costos para los colombianos por las fallas de Electricaribe.
Los $4 por kilovatio que se establecieron a los estratos 4, 5 y 6, para alimentar el Fondo Empresarial de la Superservicios fue uno de los puntos álgidos, que motivó la intervención del también representante a la Cámara Héctor Vergara, quien, además de unirse a lo expresado por Chacón, en el sentido de que “es penosa la realidad en materia de inspección y vigilancia en el servicio de energía”, señaló que, 9 meses después del cambio de operador en la región de la Costa Caribe, la situación del servicio sigue “igual o peor” en comparación con la que había cuando estaba en manos de Electricaribe.
En definitiva, el debate, en el que intervino el viceministro de Minas, Miguel Lotero, para señalar que el sector energía es uno de los más regulados, concluyó en que habrá un revolcón a la ley 142 de servicios públicos, para “eliminar la reconexión del pago por parte del suscriptor del servicio de energía, pues Chacón expresó que se trata de un costo de operación que no puede seguir en hombros de los hogares.
Esa misma ley se modificará para que un usuario no tenga que pagar el costo del medidor cuando se haga la modernización prevista en la implementación del sistema de modernización de medidores.