Sin grandes controversias ni debates públicos, el sector ambiental tiene una intensa agenda de cambios normativos, regulatorios y jurídicos: desde pasivos ambientales, pasando por el régimen sancionatorio, los cambios en la consulta previa, el futuro del Acuerdo de Escazú, hasta la reforma a las corporaciones autónomas regionales, entre muchos otros ajustes.
Uno de los más importantes es la ley de pasivos ambientales, que está para sanción presidencial. Camila del Villar, socia de DLA Piper Martínez Beltrán, lo considera como un “hito normativo” en la gestión de sustancias peligrosas o nocivas, “así como la mitigación de riesgos y la remediación de suelos y aguas subterráneas contaminadas”.
Otro frente de discusión jurídica es el relacionado con el régimen sancionatorio ambiental que incluye cambios drásticos. Como advierte Lina Correa, directora de Derecho Ambiental de Gómez Pinzón, en materia de multas se incrementan y pasan “de 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes a 100.000”.
Para Camila Jiménez, asociada senior de Baker McKenzie, la reforma al régimen de penalizaciones busca no solo fortalecer el ejercicio sancionatorio, sino mejorar las garantías de los investigados durante el proceso, “a través de la incorporación de los alegatos de conclusión, definición del daño ambiental, ampliación del plazo a 80 días para decidir si hay o no responsabilidad y posibilidad de terminación anticipada de los procesos sancionatorios sujetos a compensación ambiental”.
Las consultas previas se han convertido en uno de los temas más sensibles para el desarrollo de proyectos. “A la fecha no se ha logrado avanzar en la iniciativa de ley que busca regular el trámite y el procedimiento de consulta previa (...) Este es un punto sensible en materia socioambiental, pues hasta ahora la consulta previa se ha venido regulando mediante las directivas presidenciales (una de ellas recientemente fue objeto de pronunciamiento jurisprudencial por parte del Consejo de Estado) y de jurisprudencia de la Corte Constitucional”, dice Luis Fernando Macías, socio de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Mientras tanto, avanzan otros procesos relacionados con la consulta previa. Por ejemplo, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi presentó la cartografía de la Línea Negra, territorio ancestral y sagrado de los cuatro pueblos de la Sierra Nevada. Para Camila del Villar, “es de esperarse que se avecinen nuevos retos de cara a los procesos de consulta previa”.
Una iniciativa adicional que varios de los expertos jurídicos consultados por Dinero destacan es el proyecto de ley para regular y sancionar el greenwashing o lavado verde de imagen, una tendencia en los criterios de gobierno corporativo.
“El proyecto de greenwashing busca definir los requisitos que debe cumplir la publicidad de productos con características ambientales, a fin de evitar que se usen estos términos para engañar o confundir al consumidor”, agrega Correa.
Guillermo Tejeiro, director del equipo de Ambiente y Negocios Sostenibles de Brigard Urrutia, destaca que dentro de los proyectos más relevantes están la protección de la Amazonía y la prohibición del fracking, entre otros.
En materia de cambio climático, también vienen ajustes. Según Correa, de Gómez Pinzón, el Ministerio de Ambiente ha anunciado que creará el programa de cupos transables de emisiones de gases de efecto invernadero, en reglamentación con lo dispuesto en el artículo 30 de la ley 1931 de 2018, como un complemento al impuesto al carbono y al mercado de carbono en el país. Así mismo, se ha anunciado la reglamentación del mercado de carbono y de la acción climática.
El Ministerio también presentó un proyecto de decreto que pretende reglamentar los criterios para declarar y delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporal, en el marco del ordenamiento minero-ambiental. El proyecto busca implementar estrategias de conservación, preservación, restauración y rehabilitación en zonas en donde se ha desarrollado minería.
“La aplicación del decreto impactará el otorgamiento y prórroga de títulos mineros, así como la autorización u otorgamiento de licencias ambientales para el desarrollo de proyectos de minería”, advierte Margarita Lorduy, directora de la Práctica Ambiental de Dentons Cárdenas & Cárdenas.
De otro lado, como lo recuerda Jiménez, de Baker McKenzie, está el proyecto de ley para reformar las corporaciones autónomas regionales con el propósito de generar más transparencia en sus funciones y más idoneidad en cuanto a sus capacidades para resolver asuntos ambientales.
Uno de los proyectos más polémicos y que surtió su trámite en el Congreso fue el Acuerdo de Escazú. Ahora se encuentra en la Corte Constitucional en control de constitucionalidad. Sin embargo, hay preocupaciones alrededor de este acuerdo. “En este momento el Acuerdo no es jurídicamente vinculante en el régimen legal colombiano. ¿Qué implicaciones trae? Se está generando un poco de incertidumbre, pues hay autoridades ambientales (incluso del orden nacional) que citan el Acuerdo para fundamentar decisiones, a pesar de que el mismo no esté en vigor a la fecha”, asegura Macías, de PPU.
De otro lado, hay expectativa en torno a una reforma al Sistema Nacional Ambiental. El Ministerio dio a conocer un proyecto de borrador para discusión, pero aún no se ha presentado ninguna iniciativa al Congreso.
Hay especial atención con procesos de reglamentación pendientes de leyes que se expidieron, por ejemplo, en actividades de cambio climático. “Esto es fundamental para determinar de qué manera se van a cumplir las metas establecidas por el Gobierno nacional en materia de reducción de emisiones y carbono neutralidad bajo el Acuerdo de París. Por ejemplo, el Programa Nacional de Cupos Transables, establecido bajo la Ley de Acción Climática, debe ser reglamentado durante los próximos meses con el propósito de que los principales consumidores de energía, como el sector minero, gas, petróleo y producción, conozcan de qué manera quedarían vinculados bajo la ley y cuáles serían las medidas a tomar”, señala Jiménez, de Baker McKenzie.
También el sector legal está a la expectativa de reglas claras por parte de las autoridades ambientales en cuanto a las relaciones público-privadas para incentivar la inversión extranjera en proyectos como los de mercados de carbono para compensar emisiones.