Un sondeo realizado por la empresa de consultoría Infolaft señaló que el tráfico de drogas, a diferencia de hace algunos años, está cada vez menos vinculado con el delito de lavado de activos.
Infolaft explicó que en los últimos años se ha evidenciado un cambio de paradigma, en el cual, el narcotráfico no es el principal generador de recursos a los que los delincuentes buscan dar apariencia de legalidad.
Los resultados del estudio detallaron que en el 21,6 % de los casos de blanqueo de capitales, se estima que los activos provienen de actos de corrupción; mientras que, en segundo lugar, se ubicó el enriquecimiento ilícito con un 16 %.
Tan solo en el 7,2 % de las operaciones sospechosas, los profesionales encargados de prevenir el lavado de activos consideran que los recursos son procedentes del tráfico de drogas.
Según Alberto Lozano Vila, gerente de la firma, “muchas personas se quedaron con el estereotipo del lavador de activos creado por las telenovelas y eso implica un gran riesgo. Este tipo de delincuentes ahora usan personas que tienen cara, visten y hablan como buenos clientes, y son expertos en manipular”.
Cabe destacar que, por definición, el lavado de activos requiere de un delito que lo preceda. Es decir, no puede existir un lavado de activos si no hay un delito previo que origine el dinero ilegal.
Infolaft destacó que la legislación de Colombia considera más de 60 delitos como fuente del lavado de activos, entre ellos aparecen la corrupción, el contrabando, la extorsión, la trata de personas y el tráfico de drogas, entre otros.
Los criptoactivos tampoco generan preocupación
El sondeo también determinó que la regulación de las operaciones con criptodivisas como el bitcoin, polkadot o solana, o la eventual legalización de las drogas, no serían las acciones más determinantes para fortalecer la lucha contra el lavado de activos y la corrupción en el país.
Infolaft consultó a 125 altos ejecutivos del sector financiero y de empresas, quienes ante la pregunta: ¿cuál es la mayor dificultad a la que se enfrentan al gestionar el riesgo de lavado de activos?, el 61,6 % respondió que la identificación de los beneficiarios finales de las sociedades es el principal obstáculo.
En esa línea, tan solo el 4,8% de los consultados calificó como una dificultad la trazabilidad de las operaciones con criptomonedas.
“Al indagar cuál acción gubernamental sería la que más ayudaría a las organizaciones privadas a fortalecer sus sistemas de prevención del lavado de activos, el 67,2 % de los ejecutivos respondió que el acceso a los registros de beneficiarios finales de empresas sería un hecho clave. Apenas el 3,2 % señaló que la regulación de las transacciones con criptoactivos tendría algún impacto, mientras que ninguno de los consultados le dio trascendencia a la legalización de las drogas”, concluyó el sondeo.