Con los 182.000 millones de pesos que Colchones Paraíso reportaba en 2021 como ingresos operacionales, todavía no se veían señales claras de que podía llegar a la liquidación, pero ocurrió. En 2019 producía 500 colchones diarios, con 1.600 empleados, de los cuales solo quedan 700 y ninguno ha recibido salarios desde octubre de 2023. Ahora, empiezan a hacer fila para reclamar sus pagos atrasados, en medio del proceso judicial iniciado para cerrar la historia de una compañía que fue exitosa y terminó en la quiebra.
La distribuidora de colchones Paraíso, tras haber sido fundada en 2010, como Dream Rest Colombia, llegó a tener 170 almacenes en el país y puntos de fábrica en varias ciudades, principalmente en Bucaramanga, Cali, Medellín, Barranquilla y el departamento de Cundinamarca.
En enero de 2024, cuando ya los problemas eran mayúsculos, llegó la protesta laboral: un grupo de empleados se sentó con funcionarios del Ministerio de Trabajo y representantes del empleador para buscar acuerdos sobre las acreencias relacionadas con la seguridad social de trabajadores activos y extrabajadores de la empresa.
Ese es solo uno de los dramas sociales que desencadena la liquidación de una empresa. Las cifras de la Superintendencia de Sociedades dan cuenta de que, al cierre de 2023, los procesos de insolvencia empresarial –incluidos los de reorganización, acuerdos en ejecución y los de liquidación– sumaban 4.473, una cifra no solo superior a la de los tres años anteriores, sino también a la de 2019, cuando aún no se había decretado la pandemia.
El año pasado, el 71,1 por ciento de los casos eran de reorganización y la cifra restante, de liquidación, según el Atlas de Insolvencia revelado por la entidad. “Quiere decir que la mayoría son empresas que se acogen a estos procesos para salvarse, hacer acuerdos con los acreedores e, incluso, para que aquellas en liquidación se puedan devolver a reorganización”, argumentó el superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez.
Sin embargo, en compañías como Colchones Paraíso sucedió lo contrario. Se acogió a la ley de insolvencia para reorganizarse, lo que no implica la muerte empresarial, pues muchas sociedades se declaran en esta situación porque necesitan un respiro para ajustarse y responder por las deudas acumuladas. Pero terminó en la quiebra.
En liquidación
Las cifras anuales de la Supersociedades evidencian que, en 2019, se admitieron 218 empresas para liquidación, un año después la estadística bajó a 175 y seguía en descenso. En 2022 repuntó de nuevo a 186 y, para 2023, 211 empresas se borraron del mapa empresarial.
Y no todas las solicitudes de insolvencia son aceptadas. El año pasado, 1.420 compañías pidieron el salvavidas, lo que representa un incremento de 16,5 por ciento de casos entre 2022 y 2023, la cifra histórica más alta de la última década, según lo registra el Atlas.
La lista de caídos incluye de todo, pero hay casos dramáticos como el de la liquidación de la cadena de tiendas Justo & Bueno, la bancarrota de las aerolíneas Viva Air y Ultra Air, pero también el amague de Monómeros para irse a proceso de reorganización, las dificultades de famosos restaurantes como Buffalo Wings, OMA y Presto, el cierre de los icónicos locales de Spring Step y, por supuesto, la reciente quiebra de Colchones Paraíso y Muebles & Accesorios.
Grandes, medianas y pequeñas empresas han sido afectadas en medio de una economía que crece débil, castigada por el bajo consumo e impactada por el desplome de la inversión en 2023.
Uno de los casos más recientes fue el de Encajes S. A., que ha sido proveedora de marcas famosas como Victoria’s Secret, Calvin Klein, Tommy Hilfiger y Leonisa, y pidió a la Supersociedades el salvavidas de la reorganización empresarial, con el cual se detiene de inmediato el cobro de los acreedores.
Hasta 2021 se le vio como el principal exportador de encajes de Colombia, un insumo clave para la fabricación de ropa interior. Aunque el 95 por ciento de su producción se ha dado en el país, también ha manejado alianzas con fábricas en China. Es decir, se le ha visto como una empresa de grueso músculo, que empleaba a 430 personas en 2021. Su situación es evaluada por la Superintendencia.
Devolvió y perdió
Los apuros empresariales también tocan a las franquicias, que son empresas de personas que utilizan una marca famosa para montar un negocio propio y se vuelven sus distribuidores.
Ramiro Garnica, un empresario del sector de gastronomía y entretenimiento que tenía dos franquicias de la popular cadena de restaurantes Jeno’s Pizza, en los centros comerciales Santafé y Titán, en Bogotá, contó los aprietos que ha tenido y ha sopesado hasta ahora. “Empezó la pandemia, nos metieron en la casa y los centros comerciales cerraron. Tuve que pagar arriendos y todos los gastos, como si nada estuviera pasando. Fue básicamente aguantar”.
Sin lograr levantarse de la crisis, tuvo que devolver las franquicias, en las que había invertido cerca de 3.000 millones de pesos, pero, además, perdió todo su dinero. La pandemia no solo lo obligó a cerrar. También atentó contra su vida: le dio covid y estuvo varios días en una unidad de cuidados intensivos, distante de los negocios y de su fracaso inversionista.
Sin embargo, aun después de esa paliza, no se dio por vencido y con una marca propia (Bulldog), un modelo de restaurante bar para departir y ver distintos deportes, hizo una nueva apuesta. Se ubicó en un local de 170 metros cuadrados en el centro comercial El Edén, en el suroccidente de Bogotá, convencido de que las atracciones que tiene este complejo comercial eran suficientes para jalar el tráfico necesario para recuperarse. Pero no ha sido así. “Me buscaron de El Edén. Estaba muy escéptico con el tema del centro comercial porque lo vi muy desocupado, pero me dijeron que tendrían unas atracciones únicas en Sudamérica, y sí, las ofertas de entretenimiento son lo máximo, pero el centro comercial actualmente tiene una desocupación cercana al 50 por ciento”, recuerda el empresario.
Por esa situación, desde julio del año pasado se acogió a la Ley 1116, de reorganización, buscando darle viabilidad a su negocio y poder negociar las deudas con sus acreedores.
Impacto generalizado
La inflación ha aporreado duro a los empresarios luego de haber estado hace un año en su pico más alto del presente siglo: 13,3 por ciento. Lo mismo ha ocurrido con las tasas de interés del Banco de la República, que sirven de guía para las demás tasas de interés del país. Ambos indicadores han corregido, pero aún están altos y se combinan con las esquirlas de la pandemia, más la incertidumbre que se ha generado tras la llegada del primer Gobierno de izquierda a Colombia.
De hecho, hace apenas un año, en vísperas de Semana Santa, el transporte aéreo del país experimentó una crisis por cuenta de la quiebra de las aerolíneas Viva y Ultra Air. Cientos de pasajeros se quedaron en tierra y no pudieron realizar sus viajes de descanso en una de las temporadas altas del turismo en Colombia.
En el caso de Viva y Ultra, que lograron democratizar el acceso al transporte aéreo, tradicionalmente restringido a unos pocos por sus altos precios, los posibles malos manejos no les permitieron superar sus problemas financieros, ni alcanzaron acuerdos. Los aviones silenciados de estas aerolíneas no solo frustraron los planes de los viajeros, sino que también impactaron otros negocios ligados al turismo, principalmente en regiones como San Andrés, donde arrastraron otros sectores productivos.
La Cámara de Comercio de la isla registra cifras de 135 compañías que salieron del tejido empresarial y más de 600 negocios de personas naturales cerraron puertas definitivamente.
El mayor drama es el de los trabajadores, pues, en el caso de Viva Air, que llegó a tener 5.000 empleados, aun en febrero de este año cientos de afectados realizaron una protesta para pedir una renta básica y protección especial para las embarazadas.
Logos que pasan la página
Pero no son las únicas historias de empresas que se han infartado en los últimos años. El logo de La 14, por ejemplo, se bajó de las fachadas de los locales que operaban en varias ciudades.
El superintendente de Sociedades contó que esta cadena caleña de supermercados tenía entre 400 y 500 acreedores –pequeños y grandes– y que “en medio de todo, ha sido un proceso exitoso, calmado, dialogado: algunas empresas adquirieron el control de algunos puntos, y se conservó el empleo. Esto se ha logrado a través de la venta de activos que sí tenía La 14, a diferencia de Justo & Bueno, donde no había ni un refrigerador propio”.
Así, en el caso de La 14, “se han venido cumpliendo obligaciones laborales y aspiramos a que se les pueda pagar a muchos de sus pequeños proveedores”, dijo Escobar.
Por el lado de Justo & Bueno el panorama fue diferente porque, según Escobar, aunque era un modelo de negocio innovador, el controlante no era dueño de nada. “El controlante movía diversos actores que proveían la cadena de tiendas. Por ejemplo, uno ponía el local, otro la estantería, uno más los congeladores, otros los productos. Ninguno era quien diseñó el negocio ni el dueño del aviso. En consecuencia, a la hora de entrar en liquidación no había bienes para solventar las necesidades de los trabajadores y los proveedores”, explicó.
Un entorno macroeconómico complejo no solo ha acelerado las quiebras empresariales. También ha disminuido la creación de nuevas compañías. El gremio Confecámaras, que reúne a las cámaras de comercio del país, basado en una revisión de las estadísticas reportadas al Registro Único Empresarial y Social (Rues), halló que en 2023 se crearon 305.997 unidades productivas, es decir, 1,5 por ciento menos que en 2022.
El 74,4 por ciento de los nuevos negocios corresponde a personas naturales, que son justamente las que menos sobreviven. Solo el 25,6 por ciento son sociedades, que tienen mayor oportunidad de permanecer por tiempos más largos, dando la batalla pese a los coletazos que llegan por todas partes. Tanto así que, del total de nuevas empresas creadas en los últimos cinco años, solo logró sobrevivir el 24 por ciento.
Julián Domínguez, presidente de Confecámaras, destaca que, si bien el número de empresas activas en el país se conservó prácticamente igual en 2022 y 2023, el de las microempresas decreció en 0,1 por ciento, mientras que el número de pequeñas empresas creció 2,9 por ciento. Mientras más pequeñas, generan menos empleos y tienen menor oportunidad de crecer, pues los bancos no se arriesgan a prestarles mucho dinero para expandirse.
“Para que en 2024 el stock de empresas del país se siga consolidando y crezca de manera benéfica para la economía, se requiere acelerar la puesta en marcha de proyectos de infraestructura, de vivienda y el apoyo a la actividad de todos los sectores productivos, generadores de empleo, así como fortalecer la confianza para atraer inversión y proyectos de emprendimiento”, recomendó Domínguez.
Hay de todo
Los sonados anuncios de empresas emblemáticas en problemas no han sido pocos, pero también están aquellas que prefieren mantener reserva de su situación, con la esperanza de volver a tocar la puerta en un banco y levantarse de nuevo.
Un empresario con un negocio mediano contó su vivencia, pero bajo el anonimato. “En 2018 tenía 57 restaurantes y la planta de producción para atenderlos ya no me estaba dando abasto para abrir más puntos. Hicimos una inversión de 7.000 millones de pesos para ampliar la planta. Esos recursos se lograron con deuda adquirida en los bancos”, dice el representante de una emblemática cadena de restaurantes, que está en reorganización.
Ya con el proyecto en marcha, llegó la pandemia “y se me vino el problema porque debía pagar la cuota de la inversión, arriendos y todo lo demás. Tuve que cerrar restaurantes y solo quedaron 22 abiertos”.
Ante la imposibilidad de pagarle al banco y con pasivos que superaban los 20.000 millones de pesos, decidió acogerse a la ley de reorganización empresarial, a la que fue admitido en el segundo semestre de 2020. Logró llegar a acuerdos con los bancos para mover el pago de la deuda de cinco años a entre 12 y 15 años, también reorganizar el pago a proveedores y eso le dio un respiro que hoy lo mantiene en operación con cerca de 50 restaurantes.
Pero los riesgos no han terminado. En estos dos últimos años, considera que lo más grave es el crecimiento de la inflación. “Hoy estamos con la facturación de 2019, pero a los costos de 2024. Es el gran desequilibrio que tenemos”, dice el empresario. Y la otra gran dificultad que golpea su negocio es la seguridad. “Nos ha afectado. La gente después de las seis de la tarde ya no sale a los restaurantes de calle. Febrero y marzo han sido muy duros por esa razón”, dice en su testimonio.
“No es para asustarse”
Son múltiples las razones que llevan a las empresas a la liquidación o a la reorganización. Epeka, por ejemplo, cerró todas las tiendas por dificultades entre socios y efectos de medidas cautelares aplicadas por la Superintendencia de Industria y Comercio (Epeka no se ha acogido a la ley de insolvencia). Pero también están las situaciones vividas por el Cúcuta Deportivo y Bioenergy, de las cuales el superintendente Escobar contó que: “Ambos iban para liquidación, eran pacientes terminales. Y en los dos llegamos a acuerdos con acreedores, incluida la banca, que permitieron que hoy esas empresas que se daban por perdidas, sean viables y sostenibles”.
Y aunque, a juicio del funcionario, “las cifras no son para asustarse”, la preocupación está por el lado de las pequeñas y medianas empresas que no tienen a quién acudir. “A veces los bancos manejan tasas muy altas a las que no pueden acceder, o consideran que sus negocios no son atractivos, o que no van a tener cómo pagar obligaciones”, manifestó el superintendente.
La calle está dura
Lo cierto es que no ha habido sector que se salve del coletazo. Un empresario de la construcción resume la situación en una frase: “La calle está dura”. Al entorno económico complejo le suman los cambios en la política de vivienda del Gobierno Petro, que modificó el modelo de subsidio para las viviendas de interés social y dejó a miles de familias en medio de un proceso que frustró sus sueños de tener casa propia. “A las familias se les ha dificultado el cierre financiero de la compra de sus viviendas, lo cual representó en 2023 más de 30.000 desistimientos”, dice el empresario, quien también pidió no mencionar su nombre ni el de su compañía para no generar ruidos ni dudas de su marca en el sector financiero.
Aunque todavía no se ha acogido a ningún proceso de reorganización, los impactos en su operación han sido muy duros. “Teníamos por proyecto un margen de 7 por ciento, pero hoy se ha convertido en una pérdida de 4 por ciento”, afirma. Además, pasaron de un portafolio de unos 12 proyectos activos, a entre 6 y 8, y eso, “porque ya no podíamos parar”.
Asegura que tuvo que aplazar proyectos, golpeando principalmente el empleo. “A todas por igual les pega la situación del sector, pero las firmas pequeñas que trabajan en regiones están muy mal. Empresas que tienen dos o tres proyectos en una sola región, prácticamente están a centímetros de entrar en una ley 1116 (ley de reorganización)”, asegura.
Lo más doloroso son los empleados que necesitan trabajar para sostener a sus familias. Este empresario tuvo que reducir el personal administrativo a cerca de la mitad y pasó de 60 trabajadores a solo 28, lo que ocurrió en pocos meses. Su facturación, que tenía proyectada en unos 50.000 millones de pesos anuales, cayó a 39.000 millones, “golpeando la reinversión en nuevos proyectos”.
Hasta el momento los ha salvado la diversificación de proyectos, pues estaban concentrados en 60 por ciento en vivienda de interés social. La construcción de centros comerciales y viviendas de estratos altos, son los componentes que les han dado un respiro. Incluso, como advierte el empresario, en lo personal tuvo que dar ejemplo y bajarse el ingreso: “Reduje en 30 por ciento mi salario para ayudar a ajustar los costos fijos de la organización”.
La diferencia entre quebrar o no es aguantar hasta donde se pueda. “Nuestros proyectos son de 48 meses mínimo y nuestra apuesta es a largo plazo. Esto tiene que revertirse. Y hay que tener proyectos en la parrilla, para cuando otra vez se den las condiciones de mercado y la gente pueda volver a comprar, ahora que las tasas de interés empezaron a bajar y la inflación está cediendo. Ya en 48 meses habrá un cambio de Gobierno. Hay que apostarle al futuro, porque si no, apague y vámonos”, concluye.
¿El gobierno tiene que ver?
Frente a las medidas del Gobierno y los anuncios que ha hecho y su posible efecto en la situación de las empresas, Nicolás Polanía, exsuperintendente delegado para procesos de insolvencia, señala que establecer esa causa directa es muy difícil, porque las empresas responden a estímulos propios del mercado.
Sin embargo, destaca dos hechos claves, uno es el deterioro progresivo en el acceso al crédito y otro, el precio del dólar. “Aunque últimamente se ha revalorizado el peso frente al dólar, cuando la divisa estuvo altísima, los importadores se sintieron apretados. Van un poco al vaivén de las coyunturas puntuales”, asegura.
Lo que refleja el día a día de los procesos de insolvencia en la Superintendencia de Sociedades es que las empresas están muy endeudadas por temas tributarios. La Dian registra una cartera de 11 billones de pesos, con corte a febrero de este año, y 3,7 billones corresponden a empresas en proceso de insolvencia.
“En general, el sistema tributario colombiano es muy agresivo con los empresarios. No solo esta reforma tributaria, sino todo el sistema. Y muchas de las deudas fiscales no las pueden reorganizar con el Estado”, dijo Polanía.
El otro problema de las empresas en materia tributaria es que ante sus dificultades económicas, se financian con los recaudos que hacen (por IVA, impuesto al consumo, retención en la fuente) y después quedan en mora frente a la Dian, lo que los ayuda a caer en la quiebra.
Desde Acodres, el gremio de los restaurantes, identificaron que una de las razones por las que varias empresas del sector se acogieron a la Ley 1116 es el peso del impuesto al consumo. “Las empresas están recaudando 8 por ciento del valor de la cuenta para el Gobierno y esa suma está pesando demasiado en su rentabilidad. Es un impuesto que hay que pagar cada dos meses y si usted no lo consigna, pues se enfrenta a cargos penales”, dice Guillermo Gómez, presidente del gremio.
Un buen termómetro para medir si se justifica o no el estado de alerta en el que están las empresas es el riesgo país: con la incertidumbre sube ese indicador, y así se reduce la inversión. Según Anif, Colombia se ubica como la economía con mayor riesgo país entre sus pares latinoamericanos. Esa situación inició con el Paro Nacional de 2021 y se profundizó desde 2022.
Muchos de los procesos han sido un coletazo de las dificultades que ha enfrentado la economía en un periodo muy corto. En menos de cuatro años se pasó de una pandemia a crecimientos históricos en el producto interno bruto y a una etapa de ajuste y desaceleración. En medio de ello, variables como la inflación, el precio del dólar y las tasas de interés afectaron a las empresas. Ahora viene una nueva etapa, con realidades distintas –como las tensiones globales y los impactos en la economía–, la reducción de las tasas de interés y la caída de la inflación, pero también con ajustes estructurales, como anunció el superintendente Escobar, que está adelantando la Supersociedades al régimen de insolvencia, que tiene más de 15 años y es necesario reformar con un proyecto de ley que se tramitará en el segundo semestre de este año. El rumbo del barco puede enderezarse.