El alcalde de Medellín y presidente de la junta directiva de EPM, Daniel Quintero Calle, anunció que la compañía antioqueña evalúa la posibilidad de entregarle al Gobierno nacional la administración del servicio de energía en la costa Caribe que sostiene con la filial de Afinia, luego del incremento que se ha presentado en las tarifas de cobro.

Ese escenario estaría condicionado a la creación por parte del Estado de un fondo de estabilización del saldo que hoy deben asumir los clientes. La bolsa debería contener exclusivamente para los sectores de esta región, al menos, ocho billones de pesos que se utilizarían para costear las inversiones que la filial está ejecutando.

El dinero que aportaría la nación cubriría una parte de los diez billones de pesos que EPM inyectó cuando tomó las riendas del negocio. Precisamente, en las facturas que reciben los ciudadanos está agregado el valor de las obras. Ese sería el motivo que tiene por las nubes el costo del servicio de energía en ciudades como Barranquilla y Cartagena.

A juicio del mandatario de Medellín, los billones que la empresa invirtió no deberían ser cobrados a las poblaciones, sino que el Estado tendría la obligación de asumirlas a razón de que son el resultado de los estragos que dejó la mala administración y corrupción de la compañía que prestó la atención en los años anteriores.

“¿Qué le estamos diciendo al Gobierno? Que cree un fondo que permita que esas platas no sean pagadas por los ciudadanos. Es injusto porque están pagando la plata que se robaron (sic) la empresa española que estuvo manejando esa empresa por varios años. Hoy están cobrando la plata que se robaron, eso no debería ser así”, dijo Quintero Calle.

La obligación del Estado estaría sustentada en la siguiente tesis: “Si los gobiernos anteriores dejaron que se robaran esa plata, debería ser el Gobierno el que ponga la plata para que eso no se les pase a los ciudadanos”, agregó el alcalde de Medellín. Así dejó por sentado su posición frente a la necesidad de subsidiar los altos precios.

En dado caso de que no camine la anterior propuesta, EPM está abierta a otras alternativas para resolver el problema que hoy aqueja a los habitantes del país: “Nosotros estamos ahí, con el ánimo de ayudar y servir. Pero si resulta una solución positiva, nosotros la entregamos”, comentó el mandatario.

Otras voces

El gremio que reúne a las empresas prestadoras del servicio de energía Acolgen generó un comunicado a la opinión pública asegurando que no es ajeno a la situación y que es consciente de que muchas familias del país están pasando por una situación económica difícil, producto de los estragos de la pandemia.

Por ello, afirmó que con Andesco, Andeg y Asocodis le hicieron una propuesta al Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Minas y Energía y su ministra Irene Vélez, para conjurar soluciones que no sean coyunturales, sino que realmente sean sostenibles en el tiempo y mitiguen el impacto del aumento de las tarifas en la costa Caribe:

- La financiación por agentes de la cadena de prestación del servicio de una proporción de lo componentes de la tarifa correspondientes a generación (G).

- Limitar temporalmente el incremento esperado del IPP en los contratos de compras de energía a un porcentaje máximo, o medidas de los transmisores en el corto plazo.

-La financiación por parte de agentes de la cadena de prestación del servicio de una proporción de las componentes de la tarifa correspondientes a transmisión (T).

- Revisión y análisis de impactos sobre la modificación de los indexadores en todos los componentes de la fórmula tarifaria, con el fin de definir si es adecuado o no su replanteamiento.

- Revisión integral de otros componentes tarifarios que afectan la tarifa de los usuarios, como los de pérdidas (entendiendo que este es el componente que más ha crecido en la Costa Atlántica) y restricciones, considerando las particularidades de cada región y los periodos regulatorios respectivos.