Uno de los sectores en el que más se ha estigmatizado la participación del Estado es el financiero. Las malas experiencias del pasado demostraron que la actividad de banquero les quedó grande a diferentes administraciones y, por eso, tras numerosos escándalos de corrupción solo sobrevivió un banco comercial de propiedad pública (el Banco Agrario). Existen otras entidades que hacen labores de banca de segundo piso (irrigan los recursos del Gobierno para que los bancos privados presten con condiciones favorables) o trabajan exclusivamente con préstamos para vivienda (Fondo Nacional del Ahorro) o para educación (Icetex).
En total son 14 entidades públicas las que ejecutan labores en el sector financiero y funcionan de manera independiente, pero desde el Plan de Desarrollo del Gobierno Duque iniciaron un proceso para unirse en un solo holding que las agrupe, permitiéndoles trabajar de forma coordinada, así como competir en igualdad de condiciones con los privados.
Ese nuevo holding se denominó Grupo Bicentenario y, como lo explica uno de sus ‘padres’, el exviceministro de Hacienda Juan Alberto Lodoño, el objetivo era crear una empresa que efectuara una gestión más eficiente de los servicios financieros públicos. “La idea era que las entidades empezaran a trabajar como empresas que realmente aportaran valor, tanto al Estado, como accionista, como a los ciudadanos, y queríamos que los servicios financieros llegaran a todo el país”, recuerda.
No obstante, aunque la idea fue avanzando y se creó una nueva sociedad llamada Grupo Bicentenario (que es de economía mixta y régimen de derecho privado para la contratación), las críticas no dieron espera, especialmente de quienes en ese momento estaban en la oposición. Argumentaban que el nuevo Grupo implicaría una masacre laboral, pues se temía una fusión de empresas con actividades similares como las fiduciarias (Fiducoldex, Fiduagraria y Fiduprevisora) o las aseguradoras (Previsora y Positiva). Es más, en las protestas de 2019, cuando el malestar social llevó a que se cayera la reforma tributaria del exministro Alberto Carrasquilla, en las calles había arengas en las que se aseguraba que el Grupo Bicentenario buscaba privatizar la banca pública, la cual, en consecuencia, desecharía sus políticas sociales. “Nos criticaron mucho e, incluso, demandaron el decreto ley por el cual se creó el Grupo con argumentos populistas que básicamente eran mentiras”, asegura Londoño.
Pese a los temores que existían frente al Grupo Bicentenario, el Gobierno Petro recientemente anunció que continuará con el proceso que venía de la anterior administración. Este holding protagonizará el programa de inclusión financiera con el que se busca atender a los miles de colombianos que hoy están en la economía popular y que tradicionalmente no han tenido acceso al crédito formal.
“Ahora que la oposición está gobernando, están viendo los beneficios de tener un holding que realmente pueda gestionar los servicios financieros, se cuide en el control de los gastos y que, además, produzca dividendos para la nación (el año pasado fue más de un billón según el Conpes). Se dieron cuenta de que no por el hecho de venir del Gobierno anterior es negativo y quieren fortalecerlo. Me alegra que esa sea la decisión, pues creo que es adecuada. Debemos equiparar nuestros servicios financieros a los de los países más desarrollados. Debemos prestar servicios a quienes no tienen acceso y debemos ser eficientes en el uso de los recursos”, precisa Londoño.
¿Qué viene?
En esta nueva etapa del Grupo Bicentenario se aumentará el número de entidades. Actualmente, son 11 de las 14 posibles: Banco Agrario, Bancóldex, Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), Findeter, Fondo Nacional de Garantías (FNG), Finagro, Positiva, Fiduagraria, Fiducoldex, Previsora y Fiduprevisora. Solo quedarían pendientes Enterritorio (antiguo Fonade), Icetex y Fondo Nacional del Ahorro, que al no ser sociedades por acciones se les dificulta entrar al Grupo. Esto requerirá un cambio en la ley.
Tras constituir la sociedad holding, cada entidad le fue transfiriendo su propiedad. El Ministerio de Hacienda le pasó sus acciones del Banco Agrario, del FNG y de Findeter; el Ministerio de Comercio, las de Bancóldex; el de Agricultura, las de Fiduagraria y así sucesivamente.
Aunque el objetivo del Grupo Bicentenario sigue siendo el mismo, direccionar de forma más eficiente las estrategias financieras del Gobierno, evitando duplicidades y maximizando la cobertura, el principal eje de trabajo se volcó hacia la atención financiera de la llamada economía popular. Esto implica ofrecer acceso efectivo al crédito para las personas que hoy son atendidas por el gota a gota o a las que los bancos tradicionales no les prestan los montos que necesitan.
Hasta 2021, que es el dato más reciente disponible, apenas 34 por ciento de los colombianos mayores de edad tenían algún producto de crédito vigente, y de ellos los más usados son los de consumo y las tarjetas de crédito, los que habitualmente tienen las tasas de interés más altas.
Se buscará coordinar a las entidades para que trabajen en inclusión financiera y, posteriormente, en finanzas verdes y temas de infraestructura, al tiempo que se promete que no habrá una masacre laboral, pues no se fusionarán. Cada una seguirá funcionando independiente con los 10.500 empleados que tienen actualmente.
La competencia
En el proceso de fortalecer al Grupo Bicentenario, también se propone convertirlo en un conglomerado financiero, una figura que lo pondrá en el mismo nivel de sus principales competidores: el Grupo Aval, el Grupo Sura y el Grupo Bolívar. El nuevo holding entraría a ser vigilado por la Superfinanciera y se le reconocería como conglomerado, al que se le aplicarían los mismos estándares de regulación y supervisión que rigen a este tipo de estructuras, basados en los lineamientos de la Ocde.
Así, el Grupo Bicentenario se ratificaría como el principal brazo financiero de la nación y como el cuarto mayor conglomerado del país. De hecho, no quedaría muy lejos del Grupo Bolívar (dueño de Davivienda), que ocupa el tercer lugar y al cierre de 2022 tenía un patrimonio de 19 billones de pesos, mientras que el nuevo Grupo registraba 16 billones.
Entre 2019 y 2021, las principales entidades financieras del país se fueron agrupando en conglomerados, lo que les ha permitido diversificar sus riesgos, obtener sinergias operativas, ampliar su base de clientes y aumentar sus ingresos. Actualmente, hay siete conglomerados financieros con matriz en Colombia (Aval, Sura, Bolívar, Grupo Social, Coomeva, Skandia y Credicorp) y seis con matriz en el extranjero (BBVA, Scotiabank, Itaú, BNP Paribas, BTG Pactual y GNB Sudameris).
Este es un grupo duro para abrirse espacio, pero en el que las entidades públicas han logrado competir y sostenerse. En efecto, es un trabajo cada vez más importante si se tiene en cuenta que el Gobierno aspira a colocar un millón de créditos para la economía popular durante el cuatrienio. Una meta ambiciosa.