Una audiencia que se deberá realizar este miércoles será determinante conocer el futuro de un polémico contrato con el cual el Ministerio de las TIC buscaba llevar internet a los colegios, pero que se le salió de las manos al Gobierno por cuenta de irregularidades, documentos falsos y dineros embolatados.
Se trata de un insólito caso presentado por la Unión Temporal Centros Poblados, que se ganó una porción de este proceso (la otra la adquirió la multinacional Claro) a finales del año pasado, y posteriormente presentó garantías falsas para respaldarlo.
Así lo confirmó hace unos días la propia ministra de las TIC, Karen Abudinen, luego de que se revelara esta información en un reporte de la W Radio. De acuerdo con el medio, fueron tres documentos apócrifos que presentó la unión temporal, con el fin de quedarse con el millonario contrato.
Esta situación llevó al Ejecutivo a iniciar un proceso de caducidad en contra del mismo. Según un comunicado de la entidad, en la audiencia desarrollada hace unas semanas, “se respetó el debido proceso y la Unión Temporal Centros Poblados tuvo todas las garantías para su defensa”. Mientras que “el Ministerio ejerció su obligación de defender el interés público y el acceso a la conectividad y a la educación de los colombianos”.
Lo curioso en medio de este proceso es que el Gobierno conoció de esta situación, por cuenta de denuncias de presunto incumplimiento por parte del contratista en la instalación de los centros digitales en las regiones.
Seis meses después de adjudicado el contrato, la Unión Temporal Centros Poblados no había instalado ni un solo punto digital en el territorio, mientras que Claro ya completaba 700. El meollo del asunto apareció cuando se conoció que el polémico contratista, además de no haber avanzado en la iniciativa, recibió un anticipo de más de 70.000 millones de pesos.
¿Y la plata qué?
Este punto es el que más indignación ha causado en el país y ha generado, incluso, que se le pida la renuncia en redes a la ministra Abudinen.
La funcionaria ha jurado que los recursos públicos no se perderán y se recuperará hasta el último centavo, aun cuando ya se ha confirmado que una parte de los mismos se encuentran en Estados Unidos.
Además, ha reiterado que gracias a la gestión del MinTIC, se logró frenar un segundo desembolso por 25.000 millones de pesos, que ya tenía luz verde de parte de la interventoría. A pesar de esto, el primero giro quedó en manos del polémico contratista y hoy no está claro si podría regresar a manos del Estado.
Según ha dicho el abogado de Centros Poblados, Jorge Pino Ricci, la controversia que se ha generado en torno a este proceso les ha causado un grave daño reputacional a las empresas. Y por ende, está buscando entre cielo y tierra la forma para ceder el contrato.
De hecho, en la audiencia que se realizará este miércoles, la Unión Temporal reiterará su intención de ceder el contrato, tal y como se lo manifestó al gobierno en una carta, enviada al Ministerio la semana pasada.
“(...) con la finalidad de optimizar la ejecución del contrato y dar continuidad a la prestación del servicio, la Unión Temporal tiene interés en ceder su posición contractual a un tercero”, señala la firma y agrega que el nuevo contratista que proponen es New Skies Satellites.
No obstante, el Gobierno no le jalaría a esta idea y buscaría confirmar la caducidad del contrato. La ministra Abudinen está empeñada en sacar cualquier rastro de Centros Poblados de este proceso y eso incluye a su eventual cesionario.
Si esto se llega a dar, desde el MinTIC podrían hacer efectiva una cláusula penal incluida en el pacto inicial, de tal modo que la Nación recupera unos 43.000 millones de pesos de parte del polémico contratista. Si bien no sería la totalidad del anticipo entregado, sí incluiría una porción importante del mismo.
Eso sí, la cosa no es tan simple como parece. Al haber sido firmado con pólizas falsas del Banco Itaú, conocedores en contratación han asegurado que el contrato no tiene amparo y no hay garantías que lo respalden. Por lo cual no está claro si la cláusula penal, que hoy es uno de los pocos salvavidas que le quedan al Gobierno, pueda ser efectiva en contra de Centros Poblados.
La audiencia de este miércoles será determinante para conocer el futuro del contrato y de los recursos públicos, que hoy por hoy parecen estar más embolatados que nunca.
El MinTIC, además de la audiencia contra la unión temporal Centros Poblados, avanza en otras en el marco de este escandaloso caso. Una es contra el interventor que debía presentar el lunes los descargos ante las acusaciones que hizo el Ministerio el pasado jueves. Sin embargo, durante el fin de semana se interpuso una tutela por parte de la firma interventora ante un juez en Zipaquirá que determinó como medida provisional suspender la audiencia.
Y la otra es contra la firma SES Colombia, encargada de la revisión de la documentación presentada por los contratistas y la verificación de riesgos, garantías y seguros. Todo indica que este proceso se iniciará en los próximos días.