El presidente Gustavo Petro dio a conocer que ha decidido, de manera temporal y directa, fijar las políticas generales de administración, control y eficiencia de los servicios públicos en el país.
Esta decisión causó revuelo porque afirmó que “voy a asumir el control, las políticas generales de administración de Colombia, directa y personalmente, en función de lo que la misma Ley dice: primero, el interés general y el del usuario”.
Al respecto, el profesor de economía de la Universidad Nacional, Raúl Ávila, explicó que es una decisión que está dentro de las facultades constitucionales del presidente y definidas en la ley de servicios públicos.
Agregó que hay que tener en cuenta que hay que tener mucho cuidado en que las decisiones que ese tomen no afecten la estabilidad y eficiencia financiera de las compañías o “no tener impacto con la toma de decisiones violando los preceptos de la normatividad que están establecidos o los derechos adquiridos de las empresas”.
Cuidado con las metodologías
De acuerdo con el experto, eso implica también un trabajo conjunto entre ligas de usuarios, prestadores de red y gremios, entre ellos Andesco o Acolgen, entre otros.
El senador Miguel Uribe afirmó al respecto que es absurdo que “Petro intervenga el marco regulatorio de los servicios públicos. Pone en riesgo institucionalidad e independencia técnica del sector”.
Agregó que “genera desconfianza y debilita empresas de servicios públicos. Incrementa costos de servicios y abre riesgo de desabastecimiento”.
Sería un retroceso
A propósito del tema, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), Camilo Sánchez, explicó que los servicios públicos son privados, públicos y mixtos, lo que define un mercado con varias particularidades.
Y enfatizó que “lo peor que se puede hacer es tomar decisiones dictatoriales que no estén a la luz de lo jurídico”.
Además, aseveró que un eventual control de precios “sería un retroceso sin precedentes para el país” y que se fallaría con la ley económica de oferta y demanda.
Según Sánchez, “el error más grande es repetir la historia de países que tienen falencias en materia de servicios públicos”. Consideró que “eso puede representar un quiebre para las empresas y los ciudadanos podrán llegar a carecer de servicios públicos de buena calidad”.
También dijo que “bajar los precios a las malas es repetir historias fallidas en los países vecinos: quiebran empresas y quiebran los servicios”.
Enfatizó el dirigente gremial que frente a estas preocupaciones, desde Andesco le piden al presidente “que clarifique” cuál sería el proceso de regulación que tiene previsto realizar.
El mandatario expresó que su decisión está fundamentada en el artículo 370 de la Constitución, el cual establece que “corresponde al presidente de la República señalar con sujeción a la ley las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y ejercer, por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos, el control, la inspección y vigilancia de las entidades que los prestan”.