En carta dirigida a Didier Alberto Tavera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, manifestó su preocupación por la iniciativa para que, en el trámite del proyecto de ley de inversión social, sea incluido un impuesto a las bebidas azucaradas y endulzadas como una “alternativa para rescatar al sistema hospitalario del país”.
De acuerdo con el vocero de los comerciantes, una medida de esta magnitud afectaría a los micro y pequeños empresarios del canal tradicional, que hoy por hoy, “necesitan con urgencia medidas que propendan por su reactivación y no por su desaparición”, indicó Cabal.
“Como lo dimos a conocer recientemente, a propósito del Día Nacional del Tendero, las tiendas de barrio han sido un segmento bastante afectado no solo por la pandemia, sino por los hechos vandálicos, los bloqueos y los cierres ocasionados en el marco del paro nacional. De hecho, dimos a conocer un estudio donde se evidencia que más de 11.000 tiendas de barrio están a punto de desaparecer por estas causas”, aseguró el vocero de los comerciantes.
De acuerdo con la encuesta del gremio, los factores de afectación más preponderantes fueron los impuestos tanto nacionales como municipales, las ventas por debajo de lo normal, la competencia, los contagios, la inseguridad, la poca financiación y el atraso tecnológico.
La investigación no solamente dimensiona el impacto negativo del impuesto a las bebidas azucaradas sobre las finanzas del tendero de barrio, sino también subraya la inconveniencia de una medida así en esta coyuntura de pandemia, distanciamiento social, aforos reducidos y la recuperación de los consumos ante un desempleo elevado.
“Una medida de este tipo desconoce claramente la dinámica de los tenderos. Un micro comerciante lucha diariamente para lograr un salario mínimo mensual en términos reales. Para esto, debe hacer una combinación de productos, pero si uno de estos pierde participación, cae como cascada el resto”, agregó Cabal Sanclemente.
Para la Federación de comerciantes, el impuesto a las bebidas azucaradas es un impuesto a las tiendas de barrio de Colombia, en su gran mayoría lideradas por mujeres que encuentran en este modelo de negocio de subsistencia, la forma de mantener a sus familias.
Esto, debido a que la categoría ocupa los primeros puestos en las ventas de una tienda y además es gancho para el consumo de otros productos como paquetes y pasabocas, productos de panadería y pastelería y alimentos preparados como papas rellenas o empanadas.
“Cualquier medida que perjudique a los habitantes de menores ingresos, a la clase media, al patrimonio de las personas naturales y al tejido empresarial, especialmente a las micro y pequeñas empresas tan golpeadas por la coyuntura actual, imponiendo IVA o impuestos al consumo de bienes y productos de ordinario consumo en la población, cercena la posibilidad de reactivación de este segmento del comercio tan necesitado de medidas de apoyo para salir adelante de la crisis”, concluyó.
La propuesta de la FND
Como una alternativa para rescatar al sistema hospitalario del país de la crisis financiera en la que se encuentra y que se agravó por la pandemia de la covid-19, la Federación Nacional de Departamentos radicó una proposición en el Congreso de la República para gravar las bebidas endulzadas y azucaradas y que dicho recaudo vaya directamente al sistema de salud del país.
Actualmente, la deuda a la red pública hospitalaria asciende a más de $10 billones y según estimaciones de las propuestas del Ministerio de Salud, Universidad Nacional, RedPapaz, un posible recaudo derivado del impuesto a las bebidas azucaradas y endulzadas oscilaría entre $1,5 y $2 billones anuales.
Es por esto por lo que la propuesta de los entes territoriales consiste en una conciliación de las diferentes tarifas, determinando una de $300 por cada litro (1.000 centímetros cúbicos o su equivalente) para bebidas nacionales y extranjeras; en donde sólo los productos lácteos, las bebidas vegetales, al igual que la panela, estarían exentos.