Se estima que el 81 % de las empresas ignora el impacto que genera el fraude y solo un 33 % manifiesta que incrementará sus inversiones para adaptarse a una coyuntura donde este podría seguir creciendo, según un estudio de BDO en América Latina.
Fernando Peyretti, socio regional de Forensics para Latinoamérica, más empresas deben tomar medidas para detener el fraude corporativo y, aseveró, los estudios muestran que “cada incidente detectado por empresa en la región genera más de 160.000 dólares en pérdidas. Además de socializar este análisis, queremos compartir nuestras recomendaciones para alcanzar estrategias sostenibles”.
Por tal motivo, aseveró que hay algunos tips para ponerle freno a los casos de fraude y corrupción en las organizaciones.
Capacitación y denuncia
De acuerdo con el estudio, en el 18 % de los casos de fraude en las empresas se identificaron a terceras partes, incluyendo proveedores, clientes y personal tercerizado.
En tal sentido, Luis Enrique Sánchez, socio líder de Advisory en Colombia, declaró que en este aspecto “la recomendación es que las organizaciones realicen capacitaciones periódicas a los empleados, como parte de sus programas antifraude y anticorrupción, y sea incluido el personal clave vinculado a servicios estratégicos”.
También es clave que el CEO o gerente de la organización esté convencido de llevar a cabo un plan de acción para luchar contra el fraude y la corrupción. Solo así, esta causa ocupará un lugar relevante dentro de la estrategia de las compañías.
Hay que tener en cuenta, de acuerdo con el informe, que en Latinoamérica y el Caribe solo el 28 % de los esquemas de fraude se detectaron como consecuencia de una denuncia interna, cuando a nivel internacional cerca del 45 % de los casos se detectan por esta vía. Al respecto, es deseable que las organizaciones implementen rápidamente canales que aseguren la confidencialidad y el anonimato, acompañados por políticas antirepresalias.
Según Sánchez, “será relevante fomentar las investigaciones para llevar a juicio casos de fraude, también reportar hechos de corrupción en múltiples jurisdicciones, pues es una medida para generar un cambio de comportamiento”.
Agregó que durante la última década, más compañías incorporaron roles de Compliance y desarrollaron sus programas de Integridad, a la luz de las recientes normas anticorrupción promovidas por la OCDE (como la ley 2195 de 2022 en el caso de Colombia), así como por el refuerzo de la Ley de Prácticas Corruptas.
De acuerdo con el experto, en la coyuntura actual, “observamos que las compañías deben profundizar esta tendencia, incorporando la mirada de Compliance de forma más profunda a la estrategia de negocios, así como la implementación de las recientes normas ISO 37001 (Sistemas de gestión antisoborno), y la ISO 37301 (Sistemas de gestión de cumplimiento)”.
Finalizó diciendo que aunque el panorama anticorrupción parece incierto en la región y en Colombia, lo cierto es que apoyarse en la experticia de un tercero para crear políticas de control interno, detectar y gestionar los riesgos, es y será clave para que los recursos que pierden las compañías por fraudes y prácticas como el soborno no caigan en “saco roto” y, por el contrario, se destinen al crecimiento sostenible de la organización.