El gas es tal vez el más amigable de los combustibles fósiles y su papel será clave en el proceso de transición energética para dar paso a energías renovables y limpias.
Pero Colombia vive una situación paradójica. En gas natural habría yacimientos que, de explorarse en procedimientos convencionales, en el off shore (mares territoriales del país) y en los no convencionales (fracking), podrían multiplicar por mucho más de diez veces las reservas que se tienen hoy y garantizarían la autosuficiencia del país.
Sin embargo, con los cálculos actuales en producción y comercialización se ha pasado de más de diez años en reservas a cerca de ocho, situación que ha encendido las alarmas por un eventual desabastecimiento en el corto plazo. Por eso, el Gobierno abrió la puerta para la importación de gas natural con una planta regasificadora en el Pacífico, que se sumaría a la que existe en la costa Caribe, que atiende las necesidades de los generadores térmicos y ha servido para quitarle presión al mercado.
Eso sí, la posibilidad de importar gas natural encendió un nuevo debate, no solo entre productores, comercializadores y la industria del transporte, sino también en el campo político. Y la planta de regasificación está en el ojo del huracán. Como lo mencionó el senador Jorge Enrique Robledo durante un foro sobre el gas natural organizado por SEMANA, no se justificaría la importación de gas teniéndolo en el subsuelo colombiano y “eso sería una derrota para el país”, sentenció.
Esta, sin embargo, no es la única tensión que hay en el sector. Uno de los productos más tradicionales del país, el GLP –más conocido como el mercado de los cilindros de gas– pasa por un momento preocupante por efecto del incremento en los precios. Eso está afectando no solo a los distribuidores, sino que se está trasladando al consumidor final, que en su gran mayoría está concentrado en los estratos 1 y 2.
El panorama
En el gas natural, la atención está en las reservas y en la alternativa de importarlo y montar una planta regasificadora en el Pacífico. La pregunta es si ella le da mayor competitividad al sector garantizando el acceso al combustible o, por el contrario, puede convertirse en un incentivo para aumentar sus precios y llevar a consumir otros combustibles más contaminantes.
Para Jorge Linero, presidente de gas de Canacol Energy, no se trata solo de construir la planta de regasificación, sino de quién la va a pagar, pues estima que su costo será de 1.000 millones de dólares.
“Van a obligar a todos los colombianos sin excepción a que la paguen, usen o no usen el gas importado. Así estén consumiendo el gas que se produce en Colombia, deben pagar la planta de regasificación. Esto encarece el gas natural y, si se hace, los usuarios buscarán combustibles más contaminantes y ahí va a quedar el discurso del gas como el combustible de la transición energética y pondrá en calzas prietas las metas que tenemos como país. Esto les costaría a los estratos 1 y 2, anualmente, 42.000 millones de pesos”, advierte.
Robledo tiene además una nueva preocupación: el gas que se importe se va a transportar no por un gasoducto, sino por camiones. “Cuánto más va a costar ese asunto y cuántos más problemas de todo tipo va a generar. Siento que aquí hay poderes descomunales moviéndose a favor de esa importación a través de esa regasificadora. Eso va a ser un tiro a muerte contra la producción de gas en el futuro de Colombia”, señaló.
Por su parte, Sandra Fonseca, directora ejecutiva de Asoenergía, hizo un llamado para reconsiderar la estructuración del proyecto y del sector de gas en su totalidad. “Los datos del potencial de oferta de los productores parecen no coincidir entre los utilizados por la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), que asume el agotamiento del gas en el corto plazo; y segundo, no consideran a la demanda en la afectación del precio en el consumo”, añadió.
Pero si bien es cierto que el país tiene reservas, el gran reto es materializarlas y sacarlas, y eso no se da de un momento a otro; se requiere avanzar en la exploración, producción y transporte.
El país lleva décadas elaborando estudios, haciendo prospección y aún no han confirmado grandes reservas probadas. Los riesgos de no contar a tiempo con el gas que está en el subsuelo ni con la infraestructura necesaria para importarlo, si es necesario, pondrían en estrés al sector con un eventual desabastecimiento y llevarían la tensión hacia precios altos. El fenómeno de El Niño, los aplazamientos en la entrada en operación de Hidroituango y las dificultades sociales y ambientales para desarrollar los proyectos de energías renovables en zonas como La Guajira, e incluso la misma planta regasificadora, van a presionar al sector energético.
Los defensores del proyecto argumentan que su desarrollo mejora la competitividad de los principales sectores económicos del suroccidente y centro del país, y reduce el costo de la energía consumida en los hogares. Estimula el incremento de ingresos tributarios en el Distrito de Buenaventura y posibilita la expansión de las redes de distribución en esa región.
Para Christian Jaramillo, director de la Upme, el gas que se consume es el que se produce, más allá del potencial. “Recuerdo discusiones similares en 2010 con la consecuencia de que en 2015 llegó un fenómeno de El Niño y no hubo suficiente gas. El mensaje es muy sencillo: el potencial está muy bien, pero el potencial lo venimos cacareando desde el año 2010 y, a la fecha, ese potencial se divide en fracking, del cual no tenemos certeza por una discusión sobre los efectos medioambientales; un gas de offshore, del cual tampoco hay certeza en virtud de que no es claro el balance económico cuando llega al país, y unas reservas que no sabemos si se van a sacar o no en las cantidades que necesitamos del sur de Bolívar, de Sucre y Córdoba, y en el piedemonte, en el cual Ecopetrol todavía no dice lo que va a poner en el mercado. Sinceramente, si tenemos un Niño no vamos a tener con qué generar energía eléctrica”, señaló en el foro.
“Todos preferiríamos no importar, pero si toca, toca, hasta que tengamos el gas con tranquilidad puesto aquí”, agregó.
Andrés Sarmiento, presidente (e) de Naturgas, cree que hay una tarea clave: que el Gobierno acompañe el desarrollo de recursos contingentes con los que las empresas realmente cuentan, pero que no se pueden sacar al mercado por algunas restricciones que han ido creciendo. Eso representa hoy alrededor de 28 por ciento de las reservas totales.
Otro frente de discusión
En el campo del gas propano, cuyos cilindros surten a muchas zonas del país, está la otra gran discusión. En los últimos años este sector ha experimentado un ajuste en el mercado con la llegada de inversionistas extranjeros, especialmente chilenos, pero también con nacionales que han mantenido sus empresas.
Según Agremgas, el gremio que reúne a los productores locales, los precios del GLP en el mercado doméstico subieron 32 por ciento durante 2020 y solo entre enero y febrero de este año, 44 por ciento adicional. Se prevé que para la segunda quincena de marzo de 2021 hayan aumentado entre 8 y 10 por ciento adicional, de acuerdo con la fórmula de cálculo aprobada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
“La fórmula tarifaria se compone, entre otros, del índice internacional de propano de Mont Belvieu como índice de referencia y de la tasa de cambio, actualmente al alza, buscando tener igualdad de condiciones con un producto puesto en el puerto de Cartagena para exportación, menos los gastos de transporte y calidad”, explica Luis Felipe Gómez, presidente del gremio que agrupa a los productores locales.
El índice de precios del propano referencia Mont Belvieu, como referente internacional, ha tenido un comportamiento al alza cuadruplicando su valor. Mientras en marzo del año pasado fue de 0,25 centavos de dólar por galón, en febrero de este año llegó a 0,945.
Bajo este panorama, y teniendo en cuenta que el GLP atiende principalmente a usuarios residenciales, que representan cerca de 74 por ciento de su mercado, y lo usan en especial en estratos 1 y 2, la situación es cada vez más sensible. Se trata de unos 12 millones de usuarios; es decir, alrededor de 3,5 millones de familias.
En 2020, la demanda de GLP creció en 6,5 por ciento, impulsada por el incremento del consumo residencial por cuenta de los confinamientos y las cuarentenas para enfrentar la pandemia, pero también por el aumento del sector industrial, gracias a los precios competitivos que tuvo el combustible en 2019 y 2020.
Históricamente, el crecimiento de mercado ha estado cercano a 3 por ciento en los últimos años. A esto se suma otra preocupación y es que Ecopetrol destine, en sus labores de eficiencia, parte del GLP que produce a procesos internos. Eso podría afectar la oferta de este gas.
De acuerdo con los cálculos del Gobierno, la oferta de GLP en el país proviene principalmente de Ecopetrol, que durante 2020 tuvo una participación de 87 por ciento del GLP consumido en el país. Además, se cuenta con oferta de terceros, como Termoyopal, que el año pasado permitió abastecer casi la totalidad de la demanda, implicando importaciones promedio del 1 por ciento.
“En lo que va de este año, vamos hacia entre 53 y 55 por ciento de incremento en el precio del producto regulado, que es el que le vende Ecopetrol a los distribuidores”, señala Gómez.
Explica que esos distribuidores tienen que hacer toda la tarea de recoger en las fuentes, en el campo de gas, o la refinería, o en el punto de entrega “y llevarlo hasta su planta para envasarlo en cilindros, o llevarles cisternas a los tanques estacionarios de las viviendas grandes, o de los conjuntos residenciales, o de los hospitales, o de los clubes, o del usuario final sea cual sea. Ese manejo tiene un costo y el margen en este momento se ha reducido fuertemente”, señala Gómez. Según sus cálculos, al usuario le ha aumentado el precio alrededor de 25 por ciento, mientras que al distribuidor, 53 por ciento.
El viceministro de Energía, Miguel Lotero, dijo que el precio del GLP se explica en buena medida por el incremento que experimentaron los precios internacionales del propano y el butano (componentes básicos del GLP).
Estos aumentos se presentaron debido a los efectos que tuvo el duro invierno que se vivió en el sur de Estados Unidos sobre la infraestructura que se usa para su transporte. Considerando lo anterior, se estima que a medida que suban las temperaturas ese precio podría tener una tendencia a la baja.
“La Creg sacó a consulta la resolución 005 de 2021, en la cual se establece una nueva propuesta para los precios de suministro de GLP de Comercializadores Mayoristas a Distribuidores”, agregó el funcionario, quien añadió que el país cuenta con dos puntos de importación en Cartagena, desarrollados por la empresa privada en años anteriores, y que garantizan una fuente de suministro adicional.
El gas, tanto el natural como el GLP, ha generado una revolución en el consumo de energéticos y les ha dado impulso a inversiones y a desarrollo social. Sin embargo, hoy es necesario atender las tensiones que se están generando y garantizar un suministro competitivo para el futuro. Esa será una tarea clave en el desarrollo energético del país.