La histórica papelera chilena Dimar, que se fundó en 1973 por la familia Ariztía Reyes, no pudo avanzar más con el proceso de reorganización financiera al que se sometió hace tiempo, por lo que la justicia de ese país decretó la liquidación de la compañía.
La empresa alcanzó pasivos superiores a los $ 48.000 millones (cerca de US$50 millones), de los cuales, el más relevante era el banco Itaú, acreedor que tenía cerca del 10 % del total.
Y es que la entidad financiera no aceptó la propuesta de reorganización que presentó la empresa, votada en la junta de acreedores celebrada el pasado 25 de abril, de acuerdo con Diario Financiero.
“Habiendo la respectiva junta, rechazado la propuesta de reorganización, al haber el acreedor hipotecario Banco Itaú no aprobado el mismo en su categoría, se decreta la liquidación de Papelera Dimar”, dijo María Soledad Araneda, titular del 3 Juzgado Civil de Santiago, que designó como liquidador titular a Nelson Machuca y suplente a Loreto Ried.
Y es que en la solicitud de reorganización, la empresa defendió que, desde sus inicios, reaccionó en forma ágil y seria a las necesidades del mercado gráfico e industrial.
De igual manera, la empresa especificó que con el objetivo de crecer, compró Suministros Gráficos en 2014, por lo que tuvo acceso a clientes y productos que estaban fuera del portafolio tradicional.
Sin embargo, a finales de 2023, los altos mandos de la compañía dieron a conocer que “la información patrimonial y financiera que había sido suministrada y entregada a este por parte del gerente general, era falsa, incompleta y presentaba serias deficiencias”.
De igual manera, optaron por despedir a Jonatan Morán, quien se desempeñó por 25 años como gerente general de la compañía.
Esto, según lo que se explicó ante el juzgado, se debió principalmente a que la empresa “tomó conocimiento, recientemente, que la información patrimonial y financiera que había sido suministrada y entregada por parte del gerente general, era falsa, incompleta y presentaba serias deficiencias (…)”.
La Tercera reveló en ese momento que las deudas en este caso ascenderían a $ 14.000 millones (unos US$ 15,2 millones), pero alertaron que esa cifra podría ser mayor.
La solicitud para entrar en reorganización se dio para lograr una continuidad ordenada y de esta manera poder cumplir con sus obligaciones financieras, “en la misma línea que ha mostrado la compañía a lo largo de su historia, velando por el resguardo de la fuente laboral de los colaboradores, motivo de máxima preocupación para el directorio”.