Las quejas y reclamos que llevan los usuarios a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y terminan en llamados de atención a las empresas se deben acatar. Si se trata de multas impuestas, se deben pagar. Y, en general, las conductas reprochables se deben corregir.
Cada una de esas circunstancias las tiene en la mira la SIC, entidad de vigilancia que protege los derechos de los consumidores y que este martes anunció la imposición de una multa a Claro, operador de telefonía móvil, televisión e internet fijo.
Los recursos que tendrá que pagar Claro suman 285 millones de pesos y la razón, de acuerdo con lo señalado por la SIC, es que incumple sus propias decisiones a favor de los usuarios.
Según la información suministrada por la SuperIndustria, “pese a haber accedido –de manera inicial– a las pretensiones de sus usuarios”, Claro terminó por desconocer esa voluntad y, por ende, no materializó ni cumplió lo decidido en favor de esos ciudadanos, indicó la compañía.
Sin hacerse el de la oreja sorda
Para la Superintendencia de Industria y Comercio, Claro estaría “desconociendo el derecho que les asiste a los usuarios de que sus peticiones, quejas y reclamos sean atendidos y resueltos de manera definitiva”.
La entidad de control señala que realizó los análisis pertinentes, alrededor de las denuncias presentadas ante la SIC, y “advirtió que los usuarios habrían obtenido respuestas favorables de Claro a sus solicitudes”.
Posteriormente, la SIC estableció que “el prestador del servicio optó por desconocer esa decisión inicial, en detrimento de la confianza de esos usuarios en que sus quejas y reclamos realmente fueran solucionadas”.
De acuerdo con lo señalado por la SIC, la investigación alrededor de la empresas de telecomunicaciones fue adelantada por la delegatura para la protección del consumidor, como corresponde en estos casos.
En el proceso, “se pudo comprobar que en las denuncias presentadas, el operador sancionado incurrió en la omisión al deber de atender de manera efectiva y definitiva las inconformidades planteadas”.
Puntualmente, Claro “no materializó de manera integral ni oportuna las decisiones emitidas a favor de los usuarios”.
Según informó la Superintendencia, contra la decisión emitida este martes proceden los recursos de reposición y apelación que contempla la ley.
Claro es una empresa de propiedad de América Móvil, que a su vez es una compañía multinacional mexicana, inscrita en el terreno de las telecomunicaciones. Su sede matriz es México, y hace presencia en 18 países de América, entre otros. Se habla de 277 millones de usuarios en todas esas plazas.