La Superintendencia de Sociedades impuso tres nuevas multas, por un valor total de 300 millones de pesos, a las sociedades ICM Ingenieros S.A.S., Intec de la Costa S.A.S. y Omega Buildings Constructora S.A.S. (integrantes de la Unión Temporal Centros Poblados) por obstaculizar las investigaciones que adelanta esa entidad en contra de ellas.

De acuerdo con la SuperSociedades, cada una de estas empresas deberá pagar 100 millones de pesos, luego de que interfirieran en las averiguaciones correspondientes desde el mes de agosto de 2021, con las que se busca determinar si se configuran vínculos de subordinación sobre dichas sociedades.

“Se impusieron multas por un valor de $ 300.000.000 a los administradores de las sociedades ($ 100.000.000 a cada uno), por no atender los requerimientos de la Superintendencia, obstaculizando el desarrollo de la labor investigativa de la entidad. Estas sanciones se encuentran en firme”, indicó la SuperSociedades.

La Superintendencia ha venido adelantando, en el marco de sus competencias administrativas, todas las acciones que la ley y las disposiciones reglamentarias permiten en relación con estas sociedades; por esto, hizo un llamado vehemente a que no sigan frenando el desarrollo de su trabajo.

“Hasta el momento se ha dado apertura formal a cuatro investigaciones administrativas, para determinar si se configuran situaciones de control o grupo empresarial sobre sociedades vinculadas con la Unión Temporal Centros Poblados”, indicó esta autoridad de vigilancia y control.

¿Cómo va la recuperación de los 70 mil millones?

El pasado 21 de febrero, el presidente Iván Duque habló en medios de comunicación sobre el escándalo alrededor del contrato de Centros Poblados que terminó con la destitución de la entonces ministra TIC Karen Abudinen y la pérdida de 70.000 millones de pesos.

Ante esto, el primer mandatario respondió los interrogantes de los periodistas sobre el dinero que, hasta el momento, no se ha recuperado e indicó que ya hay avances en las investigaciones y procesos administrativos.

“Ya están en desarrollo los embargos del MinTic, esperamos que con la mesa en la Contraloría, con embargos adicionales, podamos monetizar esos bienes y recuperar esos recursos (...) En estos 30 días esperamos que se liquiden y se moneticen estos bienes. Hay equipos en los que estábamos esperando una decisión judicial. Esperamos que con esto, 65 mil millones de pesos se puedan recuperar”, dijo Duque en los micrófonos de Caracol Radio.

Entre tanto, los contratistas Emilio Tapia Aldana, Luis Fernando Duque y Juan José Laverde deberán responder por los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal, en medio del proceso por el el polémico Contrato 1043 de 2020 firmado entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la unión temporal Centros Poblados.

SEMANA conoció en febrero detalles del escrito de acusación que radicó la Fiscalía General en contra de los tres contratistas, señalados de haber malversado el anticipo de 70 mil millones de pesos, que tenían como objetivo la construcción de 7.277 centros educativos virtuales en los departamentos de Amazonas, Arauca, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.

Entre tanto, tres de los principales implicados en la celebración del billonario contrato 1043 de 2020, firmado entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Unión Temporal Centros Poblados, por un monto de 1,2 billones de pesos —de los cuales ya se perdieron 70.000 millones del primer anticipo—, tocaron las puertas de la Fiscalía General para negociar un principio de colaboración que les permita rebajar una eventual condena en medio de los procesos penales que se le adelantan.

La Fiscalía General adelantó la nueva imputación de la siguiente forma: Juan José Laverde Martínez, los delitos de falsedad ideológica en documento privado, fraude procesal, enriquecimiento ilícito; Ottomar Lascarro, los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particulares; Juan Fernando Duque, el delito de peculado por apropiación a favor de terceros, y Juan Carlos Ángel Cáceres-Bayona, el delito de peculado por apropiación.