La Superintendencia de Sociedades decretó la intervención bajo la medida de toma de posesión de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de la sociedad C.I. Comercializadora y Exportadora B.C.M. SAS, e igualmente designó la funcionaria interventora para el trámite correspondiente en defensa de los intereses de los afectados.
La intervención se fundamentó en la investigación adelantada por la Superintendencia Financiera de Colombia, contenida en la Resolución 0823 de 23 de abril de 2024, de acuerdo con la que, la mencionada sociedad asumió obligaciones con al menos 337 personas, por $10.064 millones, “reconociendo el pago de rentabilidades sin explicación financiera razonable y sin prever a cambio la entrega de un bien o la prestación de un servicio”.
La investigación concluyó que, la sociedad intervenida desarrolló dos líneas de negocio, la primera referida a la compra y venta de plátano en el mercado nacional e internacional y la segunda consistente en la vinculación de terceros “asociados” y/o “socios ocultos” a través de “contratos de cuentas en participación”, entregando unos montos mínimos de $5.000.000, valor que posteriormente se incrementó a la suma de $10.000.000.
Quienes aportaban los recursos recibirían el 25% del valor entregado, cada 25 días hábiles desde el momento en el que se registraba la transferencia, el plazo de 25 días hábiles, posteriormente se extendió a 40 días hábiles.
Con el Auto de la intervención se decretó el embargo y secuestro de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de la sociedad intervenida susceptibles de ser embargados, bienes que, quedarán afectos a las devoluciones a los afectados que sean reconocidos por la agente interventora en el marco del proceso.
Al respecto, el superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, señaló que, “es importante que la ciudadanía en general evalúe detenidamente las inversiones que ofrezcan rendimientos inusuales y sin riesgo que, a la postre, pueden llevar a la pérdida total de los recursos entregados, ya que en la mayoría de los procesos judiciales de intervención por captación no autorizada, los afectados no logran recuperar la inversión, al no encontrarse bienes que aseguren la devolución del valor de la captación obtenida”.
Hace unos días, la SuperFinanciera estableció que la sociedad C.I. Export B.C.M. asumió las obligaciones con por lo menos 337 personas por $ 10.064.380.253, sin prever a cambio la entrega de un bien o la prestación de un servicio.
De acuerdo con la entidad supervisora, las operaciones las realizó a través de una línea de negocio desarrollada principalmente en los municipios de Turbo y Apartadó en el Urabá antioqueño, el cual tenía como principio la vinculación de terceros “asociados” y/o “socio oculto” a través de un denominado “contrato de cuentas en participación”, que tenía como finalidad, recibir recursos de los suscriptores para hacerlos partícipes de los beneficios económicos generados por la empresa a partir de la comercialización de plátano.
La entidad supervisora remitió copia de la resolución a la Superintendencia de Sociedades con el fin de que adopte las medidas de su competencia, al igual que a la Fiscalía General de la Nación, junto con el expediente de la investigación, con el fin de que se adelanten las investigaciones en materia penal.