El pasado 7 de enero, Facebook anunció, mediante un comunicado de su director ejecutivo y fundador Mark Zuckerberg, el bloqueo “indefinido” de la cuenta del expresidente de Estados Unidos Donald Trump.

Zuckerberg sostuvo que el propósito de la decisión sería facilitar la transición pacífica del poder y evitar que el líder republicano usara las plataformas de Facebook e Instagram para “aprobar” las acciones violentas de sus partidarios, que tuvieron lugar en el Capitolio el pasado 6 de enero y que dejaron cinco personas muertas.

“Los impactantes acontecimientos demuestran claramente que el presidente Donald Trump tiene la intención de utilizar el tiempo restante en el cargo para socavar la transición pacífica y lícita del poder a su sucesor elegido, Joe Biden”, aseguró en ese momento el director ejecutivo y fundador de Facebook.

La plataforma YouTube, propiedad de Google, también suspendió por “al menos siete días” el canal de Trump y suprimió uno de sus videos por vulnerar su política contra la incitación al odio.

La medida se sumó a la decisión de la red social Twitter de bloquear permanentemente la cuenta personal del líder republicano, que contaba hasta entonces con más de 87 millones de seguidores y se había convertido en una de las principales plataformas de comunicación del exmandatario.

La cuenta de comunicación pública de Twitter emitió una alerta en la que explicó que había eliminado tres mensajes de Donald Trump por “constantes y graves violaciones de nuestra política de integridad cívica”.

Si bien el director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, respaldó el bloqueo de la cuenta, afirmó que la medida sienta un precedente “peligroso”.

“Tener que prohibir una cuenta tiene ramificaciones reales y significativas”, dijo Dorsey en una serie de tuits. “Si bien hay excepciones claras y obvias, creo que una prohibición es un fracaso nuestro en última instancia a la hora de promover una conversación saludable”, concluyó.

Una de las figuras internacionales que se manifestaron al respecto fue la canciller alemana Ángela Merkel, quien consideró como “problemático” el cierre por parte de varias redes sociales de las cuentas del presidente saliente de Estados Unidos.

“Es posible interferir en la libertad de expresión, pero según límites definidos por el legislador, y no por la decisión de una dirección de empresa”, explicó en una conferencia de prensa Steffen Seibert, portavoz de Merkel.

Trump, por su parte, condenó las decisiones tomadas por las compañías tecnológicas y advirtió que se plantea crear su propia plataforma para difundir sin filtros sus mensajes. “¡No nos silenciarán!”, dijo en su momento.

¿Momento de regulación?

El debate sobre el equilibrio entre la libertad de expresión y la importancia de regular los contenidos de odio y desinformación ha cobrado relevancia durante las últimas semanas por cuenta de los bloqueos mediáticos al expresidente Donal Trump.

Para algunos, las grandes compañías tecnológicas como Facebook, Twitter y Google han actuado como editoras de contenido. Si bien sus directivos han argumentado la necesidad de ponerles límite a los contenidos que desinforman e incitan al odio, no es claro aún cuáles serán las implicaciones a partir de estos sucesos.

Mientras miles de internautas han celebrado las medidas tomadas sobre las cuentas de Donald Trump, otros han calificado las decisiones como actos de censura en detrimento de derechos fundamentales como la libertad de expresión.

La discusión también ha girado en torno a que el bloqueo en redes sociales ha sido realizado por las propias empresas privadas, lo que ha puesto en evidencia su capacidad para silenciar a uno de los mandatarios más relevantes del mundo y definir quiénes pueden expresarse a través de sus plataformas y quiénes no.

“El hecho de que un director ejecutivo pueda desconectar el altavoz del presidente de los Estados Unidos sin ningún control y equilibrio es desconcertante”, escribió el comisionado de la Unión Europea, Thierry Breton, en un artículo publicado en Politico.

El director de programas de la ONG Article 19, David Díaz-Jogeix, le manifestó a BBC Mundo que hasta en las sociedades democráticas más avanzadas la libertad de expresión está sujeta a ciertos límites y que la suspensión de las cuentas de Trump es “grave, pero legítima”.

El experto agregó que hace falta avanzar en materia de jurisprudencia dentro de los Estados Unidos, pero también por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esto con el objetivo de definir “si existe la obligación de darles espacio en esas plataformas a los individuos”.

En 2019, por ejemplo, una Corte en Estados Unidos definió que Trump no podía bloquear a nadie de su cuenta de Twitter por constituir esta un “foro público”, un concepto que también cobra relevancia para determinar sobre en quién recae la responsabilidad de definir los límites de la libertad de expresión.

En definitiva, la jurisprudencia global y los diferentes países deberán resolver si este tipo de medidas aplican de la misma forma para los funcionarios públicos, los ciudadanos y las empresas privadas que ofrecen servicios como los de Facebook, Twitter o YouTube.

Si ha llegado el tiempo de las regulaciones, será algo que se defina durante los próximos meses o años, pero ha quedado claro que tras los acontecimientos en Estados Unidos el mundo se ha planteado entre sus prioridades esa discusión.