Colombia es uno de los países que ha sido fuertemente afectado por la violencia política en el mundo. Desde hace varias décadas, una guerra entre grupos al margen de la ley y diferentes sectores políticos, ha cobrado la vida de múltiples de líderes del país, que han sido secuestrados o a quienes les han quitado la vida en casos de sicariato.
Es por ello que en 2011 se fundó la Unidad Nacional de Protección, que es una entidad de protección y escolta que pertenece al Ministerio del Interior. Esta entidad es la encargada de brindar el servicio de esquema de seguridad y protección en todo el país a personas que se encuentren con una situación de riesgo, ya sea por sus actividades periodísticas, políticas, judiciales, sociales, comunitarias, entre otras. La entidad antecesora a la UNP, era el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Esta entidad estatal funciona como casi cualquier otra. Allí se realiza la contratación de diferentes empresas externas que cuentan con los escoltas y también con los carros, por lo que los automotores son utilizados por la entidad a modo de préstamo.
Este viernes se conoció una medida tomada por la Superintendencia de Industria y Comercio contra las empresas que prestan el servicio de alquiler de camionetas blindadas, por considerar que se pone en riesgo la vida de varios de los protegidos de la UNP.
La SIC decidió ordenar la suspensión inmediata de los acuerdos anticompetitivos en los procesos de contratación de carros blindados de la UNP y de los comportamientos que pongan en peligro la vida e integridad de las personas que afrontan condiciones críticas de seguridad.
La orden fue firmada por la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, quien ordenó varias medidas cautelares a las empresas Neostar Seguridad de Colombia LTDA, GMW security rent a car LTDA, Blinsecurity de Colombia LTDA, Vehículos Blindados de Colombia LTDA, Alliance Security Rent Car LTDA, M.I. Blindajes LTDA, Vector LTDA, Alquiler de vehículos blindados Nacional Rent Car LTDA y Arrendadora de vehículos blindados - Armati LTDA.
Entre las decisiones que tomó la SIC se encuentran:
La suspensión inmediata de cualquier conducta encaminada a coordinar ilegalmente su comportamiento para participar y ejecutar procesos de contratación que adelanta la UNP para la prestación del servicio de arrendamiento de vehículos blindados.
También solicitó abstenerse de realizar el apagado remoto de los vehículos vinculados a la prestación del servicio de la UNP, si no existe una justificación objetiva, razonable y documentada, que esté relacionada directamente con la seguridad de las personas protegidas.
Finalmente, la SIC solicitó a las empresas evitar usar mecanismos irregulares de coerción orientados a mantener la conducta ilegal que puedan afectar la debida prestación del Programa de Prevención y Protección a cargo de la UNP.
La decisión del organismo es una medida cautelar que se da en el marco de una indagación preliminar, que es un trámite reservado en el que aún no se ha dado la formulación de un pliego de cargos.
Estas medidas cautelares fueron tomadas contra todos los proponentes que participaron en los procesos de selección para el arrendamiento de vehículos blindados que adelantó la UNP en el periodo comprendido entre 2017 y 2023.
La SIC evidenció además que varios de los proponentes que participaron en procesos ejecutaron dos comportamientos que podrían ser ilegales, pues las empresas se habrían repartido sistemáticamente las 90 zonas en las que fueron divididos los procesos de selección, de manera que lograron presentarse como únicos proponentes y resultar adjudicatarias sin enfrentar competencia. Esa estrategia impidió que la UNP pudiera obtener mejores condiciones de contratación.