Tres gremios: la Asociación Colombiana de Derecho a la Competencia, el Instituto Colombiano de Derecho del Consumo y la Asociación Colombiana de la Propiedad Intelectual, lanzaron una alerta derivada de su preocupación por posibles riesgos de cambios en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que estarían en capilla para quedar en el Plan de Desarrollo del gobierno del presidente Gustavo Petro.
El proyecto ya entra en la recta final en el Congreso de la República, para ser votado y aprobado en esta semana, puesto que las normas indican que debe ser aprobado antes del 7 de mayo, lo que no deja más tiempos que los pocos días que quedan de esta primera semana de mayo.
Los agremiados expresaron que, aunque no se encuentran de manera tajante las propuestas sobre cambios en las disciplinas que maneja la SIC, si se aprueban facultades al presidente para hacer transformaciones a entidades de vigilancia y control de este tipo podría llevar a “debilitar la protección sustancial de estos temas, a que se entorpezcan los procedimientos o se afecte la SIC y otras instituciones que los protegen”.
Por esa preocupación, los gremios hicieron un llamado a que “se respeten los logros alcanzados en cada una de estas disciplinas y se promueva su desarrollo y no un debilitamiento”.
Al decir de los gremios, las funciones de la SIC, en lo que tiene que ver con propiedad intelectual, por ejemplo, “se derivan de disposiciones de orden supranacional y leyes nacionales”.
De igual manera, la SIC tiene atribuciones de carácter administrativo y jurisdiccional, pues “es la que garantiza la eficacia de la concesión, registro, actualización y mantenimiento de los derechos de los titulares”. Adicionalmente, se encarga de “garantizar la transparencia y efectividad de las transacciones que se llevan a cabo entre titulares de derechos, protegiendo los derechos de los consumidores”, dice el documento suscrito por los tres gremios.
¿Cuál es el temor?
En torno al temor que tienen los gremios está el antecedente, según el cual, en el proyecto original del Plan de Desarrollo, se pedían facultades expresas, para que el presidente pudiera, no solo, transformar la SIC, sino cambiar la forma de hacer la vigilancia, toda vez que, dentro de los mensajes expresados por el mandatario, se ha evidenciado que concibe el tema de las patentes como generadores de monopolios y promotores del encarecimiento de los productos, en particular, los que tienen que ver con temas de salud.
Según explicaciones de expertos, pese a que al revisar la nueva ponencia del Plan de Desarrollo, que será sometida a la lupa de los congresistas en las plenarias de Senado y Cámara, para su aprobación en segundo y último debate, no se encuentra nada explícito sobre la posible intervención a la SIC, el hecho de que exista el antecedente del proyecto original, no deja de inquietar.
SEMANA consultó al académico de la Universidad Externado, Emilio Archila, quien también es ex superintendente de Industria y Comercio, para conocer los alcances de la preocupación que tienen estos gremios y expresó que, la dificultad, en relación con facultades para que el presidente pueda hacer modificaciones, está fundamentada, pues “el modelo económico del país está sustentado en la libre competencia, libre empresa y; en la parte social, en la protección al consumidor y de habeas data”.
En otras palabras, se trata de la piedra angular del sistema económico como se le conoce hoy en día.
Según la interpretación que Archila hizo del documento de los gremios, le advierten al gobierno que es esencial para el funcionamiento de la economía, que no se pongan en riesgos los avances que se han tenido desde la Constitución del 91 con respecto a la SIC, tema que ya había sido evidenciado desde la academia, en un foro en el que todos los participantes (académicos, entidades, entre otros).
Al decir de Archila, si la intervención a entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio se hace para fortalecerla, sería una gran oportunidad. No obstante, si esas facultades se usan para debilitar los procedimientos y modificar negativamente los regímenes de protección al consumidor, sería un retroceso, por demás, “muy perjudicial para los colombianos”.
Más aún, en un momento en el que la protección de datos se ha vuelto necesaria, de cara a los recientes eventos de seguridad informática que se han suscitado en Colombia.
“Es evidente que lo que se requiere es fortalecer el régimen de seguridad”, señaló el académico y agregó que, “Debilitar la entidad que protege a los colombianos no solo sería perjudicial para cada uno de nosotros, sino para el clima de negocios. Entonces, las tres asociaciones lo que están es haciendo un llamado para que se fortalezca ese régimen”.
Así mismo, el régimen de protección al consumidor es el principal garante de los consumidores, para lo cual, la SIC tiene facultades administrativas que implican vigilancia y control también, sin contar con que la entidad obra como juez. “Estas últimas, son las funciones que más se han valorado de la SIC”, manifestó Archila.
De ahí la tarea que tengan los integrantes del Legislativo, de ser los veedores de los derechos del consumidor y de la libre empresa.