Aunque Colombia ha crecido y muchas de sus empresas y sectores se han transformado y dinamizado, incluso para convertirse en uno de los países con un avance sostenido promedio de su PIB de un poco más de 3,6 por ciento anual en las últimas décadas, por encima de la media de la región, y cientos de miles de personas han logrado salir de la pobreza, el país aún mantiene problemas estructurales evidentes.
La pandemia no solo puso en jaque la salud y la economía globales. También profundizó las brechas sociales, ya de por sí grandes. El desempleo creció, al igual que la pobreza y la informalidad. Lo mismo ocurrió con la desigualdad, y quedaron de manifiesto las dificultades en el campo de la educación, el acceso a las nuevas tecnologías y la cobertura para cerca de tres cuartas partes de los más viejos del país.
En el modelo empiezan a tomar más fuerza tensiones que hacen necesario ajustarlo. Como explica Andrés Cadena, socio de McKinsey, se trata del contrato social: si el ciudadano está conforme con lo que espera del Estado, si el empleado lo está con su empresa y si la manera como el país está organizado para proveer servicios es suficiente frente a las expectativas crecientes de la población.
Fedesarrollo hizo un ejercicio para avanzar en la discusión del contrato social. Consideró que las crisis son momentos de oportunidad para construir consensos e implementar reformas que permitan corregir problemas estructurales. “Creemos, con absoluta firmeza, que es posible discutir una reforma integral que aborde cuatro grandes temas de forma unificada: las políticas social, laboral, pensional y tributaria. Para esto, se requieren ajustes que permitan eliminar las exclusiones sociales y productivas que continúan ubicando a Colombia entre los países más desiguales del mundo. De no hacerlo, el país perdería una oportunidad única para continuar avanzando hacia la senda del crecimiento con equidad”, señala el documento de este centro de pensamiento, dirigido por Luis Fernando Mejía.
Propone reformas estructurales con impactos en redistribución del ingreso, reducción de la pobreza, aumento de la formalidad laboral y mayor crecimiento económico. En primer lugar, la reforma tributaria reduciría sustancialmente la desigualdad del ingreso, disminuyendo el índice de Gini en 4 puntos porcentuales. Igualmente, las reformas propuestas bajarían en 9,3 puntos porcentuales la pobreza, lo que equivaldría a sacar a 4,5 millones de personas de dicha condición. “Reducciones de la desigualdad y de la pobreza de esta magnitud solo se han visto en el plazo de una década en la historia reciente del país. Estimamos, además, que las reformas incentivarán la creación de al menos 815.000 empleos formales y aumentarán el crecimiento en 0,52 puntos porcentuales, generando un círculo virtuoso de formalización, crecimiento y fortalecimiento del recaudo tributario”, agrega Fedesarrollo.
Los cambios sociales y tecnológicos y el crecimiento en la economía, que han permitido más acceso a la información y al desarrollo, han aumentado las expectativas de la población. “Se empieza a exigirle al sistema mucho más, pero al final lo que se cuestiona realmente es si la propuesta de valor en la relación Estado-ciudadano o empresa-empleado es lo suficientemente fuerte o no. Y entonces la gente empieza a reclamar sobre esa expectativa de mejoramiento frente a un contrato social en sus condiciones de vida, salud, educación, oportunidades, empleo, vivienda y vejez, y a cuestionar si el Estado está dando lo suficiente”, explica Cadena.
Triple acción
Como menciona un estudio de McKinsey, tres objetivos –crecimiento, sostenibilidad e inclusión– se refuerzan entre sí, pero no siempre van en la misma dirección; la gran pregunta es ¿cómo hacemos para construir un futuro que precisamente brinde crecimiento, sostenibilidad e inclusión?
Y la consultora hace una reflexión: sin crecimiento, ¿cómo podríamos lograr la prosperidad y el bienestar o pagar las transiciones necesarias para que la economía sea más sostenible e inclusiva? Sin sostenibilidad, ¿cómo podríamos diseñar el crecimiento para la generación actual y las futuras? Sin inclusión, una oportunidad para el trabajo productivo y una vida satisfactoria para todos los ciudadanos, ¿cómo podríamos asegurar la demanda necesaria para impulsar el crecimiento?
Es un círculo que debe volverse virtuoso y no vicioso. Un reto gigantesco para el Gobierno que está comenzando y en un momento de punto de quiebre en el que las miradas y los esfuerzos deben converger.
“Quien no esté pensando en crecimiento sostenible está fuera de foco. Es lo que está demandando el sistema. De nada sirve crecer si lo hace para aislar, de nada sirve crecer si acaba con el planeta, de nada sirve salvar el planeta si tiene una sociedad destruida”, explica Cadena.
Para él, también es fundamental que el crecimiento esté basado en innovación y nuevas tecnologías –incluidas las verdes y ambientales– y que la inclusión también cubra a las empresas: pequeñas y medianas que se vuelvan grandes, y salgan y compitan en el mundo. “Me imagino el desarrollo económico en los próximos años, revisando el contrato social que permita inclusión, protección del ambiente y un aprovechamiento de las ventajas estructurales competitivas de Colombia, dentro de un nuevo modelo de crecimiento, que se ve reflejado en un aumento de inversión de todo tipo: privada, pública, mixta, local, extranjera, que ven un potencial increíble en los colombianos y en nuestros recursos naturales como benefactores del planeta. Y todo eso nos lleva, si tenemos la estructura correcta, a unas tasas de crecimiento superiores a las que registramos. Ese es el contrato social que uno quisiera imaginarse”, sentencia Cadena.
Es una discusión que el país y el mundo tienen pendiente. Pero hoy los escenarios son más complejos. Salimos de una pandemia y nos enfrentamos a una guerra lejana, pero con efectos cercanos: una inflación desbordada con máximos históricos, el aumento de las tasas de interés para atajar el elevado costo de vida y vientos de recesión que soplan en el planeta. La geopolítica cambió y la globalización es otra. Los modelos de democracia capitalista, por un lado, y de mayor control y participación pública, por otro, viven nuevas tensiones y la alineación ideológica en el planeta empieza a ser clave en el desarrollo de las alianzas.
Y las preocupaciones se mantienen. Los más pobres y vulnerables están viendo los efectos implacables de los precios altos, los riesgos de una crisis alimentaria son cada vez mayores y las señales del cambio climático se han materializado en dramáticas realidades, olas de calor intensas que han derivado en gigantescos incendios, fríos extremos que congelan las actividades y producciones, y un planeta que pide a gritos una mayor conciencia ambiental.
Los ciclos han cambiado, ahora son más cortos y las posibilidades de planear y proyectar soluciones son cada vez más desafiantes porque el largo plazo pasó de años a meses. Y en el caso colombiano, un cambio de Gobierno en medio de una sociedad aún dividida y polarizada.
Todo el escenario es volátil, incierto y complejo. Pero puede ser, incluso, el mejor momento para abordar la discusión.