En el 2022, la industria de seguros de Latinoamérica y Estados Unidos tuvieron un volumen de pérdida del margen operación en el sector productivo entre el 5 % y el 10 %, de acuerdo con las cifras dadas por la fintech chilena Ceptinel. Se estima que cada evento de fraude financiero pudo ascender a 200.000 dólares aproximadamente.
Con respecto a la banca, las cifras dependen de cada país, pero en promedio hoy en día se estima que los fraudes con tarjetas de crédito ascienden entre los 200 y 300 millones de dólares anuales. Ese número podría incrementar en 2025 hasta los 400 millones de dólares por mercado, si es que las instituciones no toman las medidas pertinentes al caso.
¿Qué son exactamente los fraudes financieros y a quiénes afectan?
Gerardo Schudeck, CEO de Ceptinel, los define como, “una persona o un grupo de personas que mediante diversas maneras o herramientas trata de sacar un provecho ilegal a un instrumento o un producto financiero, entendiendo como producto financiero una cuenta corriente, un crédito hipotecario, por ejemplo, o un canal de distribución, como tarjetas de crédito o cajeros automáticos. Incluso, cuentas de ahorros”.
Asimismo, son considerados fraudes financieros a los actos ilegales cometidos en el segmento de los seguros mediante pólizas con coberturas personales de salud, vida o fallecimiento. Esas acciones consisten, en varios casos, en la suplantación del beneficiario.
Otra práctica delictiva frecuente es el defraudar las coberturas médicas para conseguir reembolsos u otro tipo de beneficios económicos. “En resumen, sería considerado un fraude toda práctica que haga uso de instrumentos, canales y productos financieros para cometer ilícitos”, explica Schudeck.
Los fraudes financieros son cometidos, generalmente, por grupos organizados de delincuentes, incluso, funcionarios de las compañías, siendo los más frecuentes aquellos relacionados con las tarjetas de crédito y siniestros vehiculares.
Es así como, cuenta Schudeck, “Una modalidad que en Chile es muy popular es el auto fraude, que consiste en que las personas acuden a los bancos e informan del robo de sus tarjetas. Eso activa un seguro, que en este tipo casos, la entidad le devuelve una cantidad que asciende entre 1.000 y 1.500 dólares. El monto es depositado en una cuenta corriente o cuenta vista y el titular la desocupa y desaparece”.
Estos actos no solo perjudican a las instituciones, las cuales, como ya se explicó, registran pérdidas por millones de dólares, sino que también afectan a personas, a estos convertirse en actores inocentes y pasivos de estos actos delictivos.
“Los bancos, las aseguradoras y las compañías en general sufren grandes pérdidas monetarias y tienen enormes gastos asociados, pero el mayor daño lo reciben en su reputación. Una vez se hace público que han sido víctimas de fraude financiero, se ganan el rótulo de ‘poco confiables y seguras’. Eso provoca una desbandada de usuarios y, como consecuencia, más pérdidas económicas”, advierte.
La única manera de evitar el fraude financiero es la prevención. Esto se da gracias a la implementación de tecnologías especializadas que puedan contribuir a bloquear acciones ilegales y la adopción de medidas y política de control, más allá de las que el regulador local estime, que blinden a las instituciones.
Con respecto a las personas, lo más importante es verificar cualquier comunicación, mensaje de texto o correo electrónico que pueda no haber sido enviado por su entidad financiera.
“Siempre hay que estar un paso adelante, incluso de las regulaciones locales. Es necesario que las empresas no esperen a ser obligadas por la norma para adoptar las medidas necesarias. Lo ideal es que sean proactivas y adopten las políticas correspondientes”, concluye Schudeck.