María Fernanda Quiñones, presidente de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, advirtió sobre la necesidad de pensar las medidas que se van a impulsar en el Congreso en materia tributaria, para impedir que signifiquen un obstáculo para consolidar el ecosistema del comercio electrónico en Colombia. Incluso, esas normas podrían volver insostenible la actividad, dijo.

El pronunciamiento de la dirigente gremial se dio en medio de la discusión nacional sobre una nueva reforma tributaria y el debate mundial sobre el tipo de gravámenes que se les debe aplicar a las grandes empresas tecnológicas como Google, Facebook o Amazon.

“Tenemos que mirar la discusión desde varios puntos de vista. Por un lado está el tema del impuesto digital (digital tax) que se viene conversando en la OCDE. Eso es diferente de la retención en la fuente que planteó el Gobierno en el proyecto inicial de la reforma tributaria que se hundió”, explicó.

El primer asunto, el impuesto digital, es una idea que se está discutiendo ahora mismo en un contexto multilateral: la OCDE. Allí se analiza de qué manera deben tributar las empresas tecnológicas con presencia mundial.

“Aquí es necesario entender el problema desde una perspectiva global. Se trata de servicios globales (inelásticos) porque son prestados por pocas plataformas, pero que son muy necesarios para el comercio electrónico”, explicó.

En ese sentido, se mostró aliviada porque el Gobierno nacional no incluyó esta iniciativa en la reforma tributaria.

Este aspecto es clave para ella, porque llegar a un impuesto digital debe ser en el marco de un acuerdo global que “no haga menos competitivas a ciertas jurisdicciones”. Aseguró que si el tema se aborda localmente, podría haber un impacto para la industria local, pues claramente un impuesto elevado aumentaría los costos de transacción, convirtiéndose en un obstáculo para el desarrollo del comercio electrónico.

La retención

En el caso de la propuesta incluida en la reforma tributaria que ya fue retirada del Congreso, Quiñones explicó que tiene mayor sentido, porque al tratarse de una retención en la fuente, los agentes económicos pueden cruzarla con su declaración de renta.

No obstante, sí se manifestó en contra del elevado nivel de la retención, pues según la propuesta sería del 20 % del valor del servicio de publicidad o mercadeo prestado.

“La retención es muy alta. Los países que la tienen fijan retenciones del 15 %”, explicó.

Las brechas que hay que superar

Quiñones explicó que el país debe ser cuidadoso con su norma tributaria, porque puede estar impactando el comercio electrónico.

El ejemplo más claro es que las retenciones que se exigen hoy para los pagos con tarjeta débito y crédito son numerosas. Una entidad que facilita el pago con estos medios tiene que retener por cuenta de los impuestos de renta, IVA e ICA.

La frustrada reforma agravaba la situación, pues eliminaba la exención para las comisiones por pagos con tarjetas débito y crédito, lo que significaba un golpe adicional.

A esto se suma que todavía el país sufre de grandes brechas como la de acceso y conectividad, lo que todavía es un desafío pendiente.

“Entendamos que es una industria que está naciendo, que requiere estos servicios. Al comercio electrónico le fue bien en la pandemia, pero esta industria aún no está madura. Aportamos muchos a la economía, porque permitimos diversificar los clientes a las empresas, agilizar el comercio, desintermediar sectores y generar trazabilidad. Eso hay que cuidarlo”, comentó.

Además de la baja cobertura y conectividad, Quiñones destacó que el país todavía tiene que avanzar en la apropiación de herramientas por parte de la ciudadanía y los empresarios. “No basta con que le entregues una tienda online a un comerciante. Tienes que explicarle al empresario cómo incorporar conocimientos de transformación digital. Además, falta masificación en los servicios de pagos digitales. El comercio en el país todavía se mueve 50 % en efectivo. En 2019 solo el 8 % de las personas hacía comercio electrónico. Supongamos que eso se haya disparado en 2020, y llegó al 15 %. Todavía falta mucho. Los que hacen comercio electrónico están en la punta de la pirámide. A esto hay que sumarle la logística”, explicó Quiñones al ilustrar otros de los desafíos que enfrenta el país en este sector.

Por eso se encendieron las alarmas apenas el gremio conoció el contenido de la reforma.

“En la tributaria se proponía el IVA a la prestación de internet, pasar productos de exentos a excluidos y se encarecían las transacciones financieras. Además, se imponía IVA a los servicios logísticos. Todo eso terminaría afectando al ecosistema de comercio electrónico y encareciendo las transacciones. El desafío para la industria es hacerse sostenible, pues con esa ruta tributaria se hace insostenible”, explicó la dirigente gremial.

Quiñones aseguró que todavía no les han informado si el Gobierno va a insistir con estas medidas en el nuevo proyecto de reforma tributaria que ahora mismo están preparando.