La sal es ‘la sal’ de Manaure. Así de simple. Por esa razón, el ruido alrededor de una posible liquidación de Salinas de Manaure, que se viene dando desde el año pasado, ha sido motivo de protestas, bloqueos vialesy reclamos de la comunidad de esa zona de la Guajira, principalmente, de los indígenas Wayú, que en un 70 % depende de la actividad minera ligada a la sal.
Este martes 27 de junio, en el contexto del traslado del gobierno durante una semana a la Guajira, se dio a conocer que la Unidad Solidaria lanza la tabla para una posible salvación de Salinas de Manaure. Dicha unidad, invertirá 1.800 millones de pesos para la reactivación de las Salinas. El objetivo de la asignación de los recursos es reactivar la producción industrial de sal.
Para ello, los dineros se irrigarán en la adecuación de la planta de lavado de la sal, en la activación del molino salinero, el fortalecimiento, transporte y comercialización del mineral”.
Una situación crítica
Actualmente, Salinas de Manaure pasa por una situación crítica. El contrato de concesión privada que administraba y operaba las salinas, se terminó. Alrededor de esta actividad hay 3.000 familias guajiras, principalmente indígenas, quienes son las dueñas de Sama, asociación que posee el título minero
En esta zona del país se producen 180.000 toneladas de sal al año, pero el potencial es muchísimo mayor. Sin embargo, el conflicto en esa área ha sido una talanquera para la explotación de la sal.
Un problema de vieja data
La zona en la que están ubicadas las Salinas de Manaure es una de las más complejas por la concurrencia de intereses, culturas y visiones de los diferentes grupos sociales, empresariales, de transporte, sindicales, indígenas y políticos de la región.
Paros y bloqueos que se han mantenido por cientos de días han caracterizado la historia alrededor de este punto minero.
Todo empezó en 1824. Para esa época, el Estado se declaró propietario de las salinas que, en el caso de la Guajira, habían sido iniciadas por las etnias que allí habitaban.
Casi un siglo después, el gobierno de ese entonces empezó a hacer concesiones a particulares para la explotación de la sal.
En 1941 fue el Banco de República el que tomó las riendas de las salinas marítimas, encargo que duró tres décadas. Posteriormente, la explotación pasó a manos del entonces Instituto de Fomento Industrial (IFI). Pero en los años 80, entraron en el escenario los indígenas, como reclamantes del derecho a la explotación.
En medio de huelgas y conclicos sociales fue firmado un acuerdo con los Wayúu, para crear una empresa de economía mixta. Fue así como nació Salinas de Manaure Ltda. (SAMA), que representaba a los indígenas en todos los eslabones de la cadena de la sal: explotación, producción y comercialización.
Iba pasando el tiempo y seguían las tutelas y reclamos por la propiedad de las salinas. Finalmente, a tres comunidades Wayúu les otorgaron el 51 % de ellas. Waya Wayuu, Asocharma y Sumain Ichi eran los nuevos dueños, pues además de la mitad más uno, ya contaban con otro porcentaje: un 25 % que pertenecía a Sumain Ichi. La participación restante era del municipio.
En 2010, SAMA registró una voluminosa pérdida que la condujo a acogerse a la ley de reestructuración e intervención del Estado. Para 2014, la enonces llamada Superintendencia de Comercio abrió una licitación, luego de la cual, la empresa venezolana Big Group pasó a operar las salinas, pero no duró mucho y entró en liquidación.
Vinieron después nuevos conflictos sociales y, por consiguiente, pérdidas económicas.