Falta menos de una semana, según los cálculos del Gobierno nacional, para que comiencen los debates en plenarias del proyecto de reforma tributaria y el país sigue encendido por cuenta de los nuevos impuestos que se establecerán, los cuales se enfocarán principalmente en las grandes industrias, las empresas del sector minero-energético y en las personas más adineradas.

En tiempos de una inflación que no cede y el dólar por las nubes, cada vez son más las voces de alerta que le advierten al presidente Gustavo Petro que no es momento de seguir apretando la economía nacional, así se necesiten los recursos, puesto que su propuesta de cambio a los impuestos del país se pondría en marcha en un año frente al que ya muchas autoridades mundiales indicaron que estará enmarcado en un panorama de recesión.

La eliminación de exenciones, la ampliación de la base gravable, la eliminación de los días sin IVA, los cambios tributarios al sector minero y el gravamen a alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas, son algunos de los puntos que, según gremios como la Andi y Fenalco, requieren una intervención urgente, ya que aumentarán la pobreza, desacelerarán aún más el aparato productivo y pararán la generación de empleo.

Esta semana, un reciente informe de Corficolombiana analizó la realidad de esta iniciativa, que ya fue aprobada (casi a ‘pupitrazo’) en las comisiones económicas del Congreso de la República y se alista para el debate en plenarias, y señaló que golpeará con fuerza el poder adquisitivo de los hogares colombianos y reducirá su capacidad de ahorro e inversión a lo largo del próximo año, cuando también el mundo estará en recesión.

Si bien el informe de esta firma indica que “el texto aprobado incluye varios ajustes en la dirección correcta”, también advierte que “preocupa el efecto que tendría la reforma sobre la inversión, el ahorro y el crecimiento económico”, al tiempo que le piden al Gobierno nacional que se abra más al diálogo y no termine imponiendo su decisión sobre las necesidades de la gente.

Respecto al poder adquisitivo de los estratos más bajos, el informe de Corficolombiana indicó que los impuestos a bebidas azucaradas y a alimentos ultraprocesados aumentarían hasta 40 puntos básicos la inflación al consumidor en 2023. Esto deja ver, entre otras cosas, que aquellos productos de mayor consumo para la lonchera de muchos niños en Colombia deberán ser reemplazados por otros.

Así mismo, empresarios como Mario Hernández se han opuesto con fuerza a esta iniciativa, indicando que el problema no radica en buscar más dinero con nuevos impuestos, sino en el derroche que se está dando actualmente desde la Casa de Nariño y la falta de control a la corrupción. Para este santandereano, también es necesario fortalecer la lucha contra la evasión y ayudar a que las empresas mejoren su competitividad.

Por medio de sus redes sociales, Hernández publicó un mensaje este jueves, 20 de octubre, en el que criticó que actualmente no se hable de los favores políticos que se pagan con el presupuesto nacional, un tema conocido en otros tiempos como la famosa ‘mermelada’. En esta ocasión hizo referencia al dinero que espera lograr el Partido Liberal de la reforma.

“Si se controla el gasto y la corrupción no se necesita tributaria! Nadie habla de eso”, dijo este empresario colombiano.

Diversos sectores, como el empresarial y el de comercio, le han advertido al presidente Gustavo Petro que el momento actual de la economía no es el propicio para colocar nuevos impuestos a las empresas y los hogares, teniendo en cuenta que la inflación no cede, el dólar sigue disparado y los alimentos cada vez están más caros, situación que podría terminar en un aumento generalizado de la pobreza, especialmente en las regiones más apartadas.