Como sucedió en muchos campos, sectores y oficios, la pandemia cambió buena parte de los procesos de litigios y tribunales de arbitramento. No obstante, antes de que la covid-19 inundara los titulares de prensa y obligara a gran parte de la población a refugiarse en sus hogares, esta rama del derecho ya tenía algunos elementos para adaptarse rápidamente a la virtualidad.
La necesidad de conectarse rápido para resolver estas pujas llevó a que la tecnología permeara dicha rama antes de 2020. No obstante, con la aparición del coronavirus, el trabajo remoto se convirtió más en una regla que en una excepción.
De acuerdo con Gustavo Tamayo, socio de la firma Lloreda Camacho, los pleitos tanto internacionales como domésticos se desarrollan, principalmente, por videoconferencias; implican, además, la necesidad de desarrollar habilidades en los abogados para litigar sin la presencia física de peritos, testigos y otros expertos.
“Ello ha traído muchos retos, reticencias y aprendizajes, aunque pensamos que la experiencia en general ha sido positiva. Numerosos costos, dificultades y desplazamientos han sido disminuidos o eliminados gracias a la virtualidad”, asegura Tamayo. Eso sí, por más dificultades, las cosas siguieron su rumbo. Detenerse no era una opción.
Con el surgimiento de la pandemia a comienzos de marzo de 2020 en Colombia, se suspendieron los términos de los procesos, con algunas excepciones. Esto supuso un freno en seco casi por completo de la administración de justicia. Y apenas el primero de julio se reanudaron los términos y comenzó a funcionar la justicia de manera digital.
A pesar de lo anterior, la situación no era fácil de sortear. La imposibilidad de tener contacto presencial provoca desconfianza entre las partes. Eso sin contar con los árbitros o jueces, que también forman parte de estos procedimientos. De allí que una justicia ciento por ciento virtual se convirtiera en uno de los principales retos que trajo la covid-19.
En medio de esta situación, los centros de arbitraje se vieron menos golpeados, aunque no del todo. Para Sergio Rodríguez, socio fundador de CMS Rodríguez-Azuero, “desde el punto de vista de la práctica de las pruebas, la más afectada por la falta de presencialidad en la sala de audiencias ha sido la testimonial, pues no es fácil garantizar el aislamiento del testigo ni su espontaneidad, y se pierde el efecto ambiental que genera la solemnidad de un tribunal funcionando”.
Los retos son mayúsculos
Para este sector, como en casi todos los demás, el aprendizaje incluyó mucho ensayo y error. El equipo de litigios de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU), liderado en Colombia por Héctor Hernández y Julio González, afirma que la premura de las cuarentenas los obligó a prepararse y capacitarse en tiempo récord para resolver conflictos en un mundo virtual.
“Ha sido, sin duda, un gran aprendizaje, y esperamos que los aspectos positivos del uso de la tecnología en la resolución de conflictos en tiempos de pandemia perduren a futuro”, aseguran. Lo cierto es que, a pesar de los tropiezos, el cambio fue positivo y sirvió para que la justicia siguiera su curso y hoy avance a ritmos incluso más rápidos que antes de la pandemia. Y, de hecho, llegó para quedarse.
Ahora bien, una vez resuelto el tema logístico y tecnológico, llegaron los procesos y el trabajo de fondo. Para nadie es un secreto que el coronavirus suscitó un coletazo en materia de disputas en lo comercial y administrativo. Y estas han originado pleitos entre privados, así como conflictos entre privados y el Estado. La ejecución de los contratos comerciales y estatales no fue ajena a las consecuencias directas de la pandemia y a las medidas tomadas por el Gobierno para contenerlas.
Ahora su desenlace dependerá de los términos contractuales pactados entre las partes, pero también del mecanismo de resolución de conflictos que hayan escogido para solucionar esas disputas.
“Lo cierto es que la pandemia ha sido un reto enorme para los comerciantes que han tenido que tomar decisiones trascendentales para el futuro de sus negocios, las cuales, muchas veces, han incluido el inicio de un pleito o la firma de un acuerdo conciliatorio, realizando importantes concesiones para mitigar daños y poder seguir adelante con su operación”, explican los expertos de PPU.
Este panorama muestra el reto que supuso enfrentar las consecuencias de una enfermedad desconocida. Pero también los desafíos todavía vigentes, teniendo en cuenta que el coronavirus sigue activo y sus variantes vuelven a poner en jaque a las diversas economías.
Estos retos incluyen la complejidad de los asuntos por tratar. Pero también el uso de la tecnología y la inteligencia artificial en la resolución de disputas, que es inminente, no solo para las partes, sino para la sociedad en general.
Rodríguez va más allá y señala que los desafíos son para el sistema en general. Esto, pues no toda la población tiene acceso a medios digitales o está familiarizada con su funcionamiento. Y es tarea del Ejecutivo y los apoderados hacerles más fácil la vida a sus usuarios.
“Estos cambios traen retos, ya que implican adoptar una nueva metodología”, señala el socio fundador de CMS Rodríguez-Azuero. Con la entrada en funcionamiento de normas como el Código General del Proceso se han dado pasos hacia un sistema más centrado en audiencias.
El problema es que en los juzgados existen factores que impiden el desarrollo de los procesos con celeridad, en los que tanto la misma rama judicial como las partes comparten responsabilidad.Los desafíos, como se ve, son variados y complejos. Pero si algo puede concluirse es que la pandemia canalizó los esfuerzos para llegar a buen puerto.