Así como el programa Mi Casa Ya generó una cascada de beneficios, tanto a los hogares como a la economía, también hará una resta de igual magnitud, debido a la fuerte reducción en recursos asignados en el presupuesto para 2023.
El centro de pensamiento económico Anif hizo la alerta en el Reporte del sector constructor de febrero, en el que muestra preocupación “por el bajo presupuesto asignado para la presente vigencia que en distintos medios de comunicación se ubica en valores cercanos al medio billón de pesos”.
La cifra, de ser la única que financiará el subsidio de vivienda en 2023, sería una bicoca, en comparación con los 2,5 billones que constituyeron la inversión en 2022, recursos con los cuales fueron irrigados alrededor de 60.000 subsidios.
Con anterioridad al comentario de Anif, el gremio Camacol había destacado el cambio sustancial en la escala de producción de vivienda social, que ha venido promoviendo el programa. De hecho, antes de que viera la luz Mi Casa Ya, el sector de la construcción no superaba las 100.000 unidades de vivienda. Posteriormente, llegó al orden de las 170.000 unidades al año y la tendencia era ascendente.
No obstante, según lo expuesto por Anif en su reporte sobre el sector constructor, “considerando los efectos de la reducción de presupuesto y el incremento del salario mínimo, el volumen de subsidios garantizados para este año estaría entre los 10.000 y los 15.000, lo que sería un golpe fuerte al sector edificador, que viene enfrentando una fuerte caída en las ventas”.
En especial, los que se verán mayormente impactados serán los pequeños productores, al igual que los hogares vulnerables, debido a la menor posibilidad de cumplir su sueño de tener vivienda. De paso, saldrá afectada la economía en general, tanto por el lado del empleo, ya que el sector constructor es altamente impulsor de oportunidades laborales, como por el de las demás ramas, pues construir viviendas moviliza casi todo: el transporte de materiales; los insumos como cemento, vidrio y hierro; los alimentos para el que trabaja. Y ni qué decir del sector financiero, para mencionar solo unos cuantos afectados.
Ya las estadísticas empezaron a mostrar los descensos. El año pasado se desembolsaron 152 mil créditos de vivienda, equivalentes a una caída de 28 % en comparación con los 211.000 desembolsos en 2021.
El panorama para el primer trimestre de 2023, según Anif, pinta aún peor, teniendo en cuenta que las tasas de interés continúan subiendo, en línea con la aplicación de una política monetaria que busque controlar la escalada de inflación.
“Lo observado en el presupuesto para el programa, las modificaciones presentadas en el plan nacional de desarrollo y los comentarios a modificaciones paramétricas del programa ponen en duda su efectividad y su futuro en el corto plazo”, advierte Anif.
De vieja data
En días pasados, la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, presentó los ajustes al programa y confirmó que en el actual gobierno se mantendrá. Desde la perspectiva de la ministra, lo que buscan es ubicar las ayudas de manera tal que la cobertura alcance a todos los municipios.
“Nuestra meta es que los subsidios beneficien a los hogares más pobres y vulnerables, y que lleguen a todos los municipios del país”, argumentó la funcionaria.
Entre tanto, para Anif, el presupuesto de Mi Casa ya sería insuficiente y, peor aún, “devuelve la política de vivienda al 2018″.
A juicio de este centro de pensamiento, los avances del programa son innegables. La política se enfocó en la demanda y no en la oferta. Es decir, volvió más fácil el camino que conduce a los ciudadanos a ser propietarios, algo que antes veían muy lejano los hogares con entre cero y 4000 salarios mínimos.
Ha ayudado más a hogares vulnerables
En el informe de Anif se enfatiza en que “el programa ha mostrado ser un instrumento eficiente de ayuda de compra a la vivienda. En los dos últimos años ha estado en capacidad de otorgar entre 60 y 70 mil subsidios anuales focalizados en los hogares entre cero y dos salarios mínimos”.
Por todas esas razones, Anif subraya: “Este presupuesto estaría limitando fuertemente el acceso o los hogares de bajos recursos a vivienda propia, lo contrario a los objetivos del nuevo gobierno en materia de vivienda. Si la adición presupuestal no corrige este elemento para ampliar los cupos, se estaría eliminando uno de los programas más efectivos de política social en la historia de Colombia”.