El pulso entre los arroceros y el Gobierno ha tenido un tono que invita al diálogo. Luego de las manifestaciones que se registraron el 27 de junio, el Ministerio de Agricultura ha confirmado que está negociando con Dignidad Agropecuaria, Fedearroz e Induarroz, que serían los colectivos representantes de los productores y campesinos, quienes han alegado enfrentar una crisis, por la falta de apoyo del Estado, y la posibilidad de que se les retirara el incentivo al almacenamiento.
En unas mesas de diálogo que se instalaron, los gremios y el Gobierno, encabezados por la viceministra de asunto agropecuarios, Ana María Duarte, han avanzado en varios aspectos, que hasta el momento, mantienen tranquilas a las partes. No obstante, el ministerio sigue reseñando que los arroceros deben asumir ciertos compromisos.
El primero es que se debe realizar un balance sobre los inventarios de las áreas sembradas, con lo que se buscará establecer un precio estándar de cara a los productores de las diferentes regiones del país. Esto aseguraría el valor de las cargas, por lo que el campesino tendría una mayor certeza sobre el valor de su cosecha, y el Gobierno tendrá las cifras más claras sobre las cantidades del cereal con las que cuenta el país.
“Que se tengan cifras de inventarios de arroz paddy y áreas sembradas en el primer semestre de 2023 para lograr acuerdos que permitan un precio de referencia de cara a los productores arroceros nacionales. Las cifras, que se esperan tener en la primera semana de julio, permitirán a la mesa de concertación continuar avanzando en los acuerdos de precio de referencia que beneficien a productores y consumidores colombianos”.
Ese punto es uno de los reclamos que mayormente tienen los campesinos, pues en el proceso de cosecha, tienen 48 horas antes que comience a quemarse el arroz, por un proceso natural de descomposición, lo que les genera pérdidas si los recolectores y productores no les compran el cereal antes del tiempo.
A esto se suma el problema con el incentivo al almacenamiento, que como se lo dijo Fedearroz a SEMANA, si se les retira quedarían desfinanciados, lo que generaría que se compraran las cargas a u menor precio, lo que agudizaría la crisis, además que estos recursos sostienen las finanzas de la industria, quiere decir, podrían quebrarse.
Ese es precisamente uno de los problemas principales que afrontan los arroceros, pues el incentivo se entregaba hace décadas, y según lo que dijo Fedearroz, ningún Gobierno se había atrevido a retirar estos recursos, pues se entiende las necesidades que suple, que entre otras cosas, garantiza el abastecimiento del producto durante todo el año en el país.
En este sentido, la postura del Ministerio de Agricultura es mantener, al menos en lo que resta del 2023, el incentivo. Para esto, el Gobierno ha dispuesto 20.000 millones de pesos: “El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural resaltó la importancia de continuar con el apoyo a excedentes en el presente año por un valor de $20.000 millones. Se acordó avanzar en el desarrollo de soluciones que se han venido implementando y otras contempladas en Plan de Ordenamiento Productivo y estudios del sector con miras a mejorar la competitividad del en el corto y mediano plazo”.
El tema es que se plantea que las cosechas no generen excedentes, o es lo que han expresado desde Fedearroz. Las alternativas para esto serían mejorar los distritos de riego, proyecto que lleva décadas sin realizarse, por lo que las siembras solamente se hacen en unos específicos meses, ya que son los únicos que permiten las condiciones climáticas.
“Lo que nos han dicho es: simplemente no generen excedentes y quedémonos tranquilos todos, así se pueda generar un desabastecimiento. Es que el gobierno no nos ha dado ninguna otra alternativa y nos dice, busquen alternativas (...) lo que menos debe ocurrirle al país, es que los arroceros terminen haciendo un paro, porque eso no nos favorece a ninguno, unas malas decisiones es lo que lleva la gente a desesperarse”, señaló Rafael Hernández, gerente general de Fedearroz, en entrevista con SEMANA.