Un nuevo capítulo se está escribiendo alrededor de la construcción del edificio Aquarela en Cartagena de Indias, un proyecto de viviendas de interés social altamente discutido por su posible interferencia en la declaración de patrimonio mundial de la ciudad por parte de la Unesco.

El viernes, la Alcaldía del Distrito junto al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) y el Ministerio de Cultura firmaron un nuevo convenio que establece un año más de plazo para llevar a cabo la demolición de la construcción, para dar cumplimiento a la orden de la inspectora de policía de la Unidad Comunera de Gobierno No. 2 del Distrito. En el mismo, se establecieron recursos que se aportarán desde cada frente para cumplir el fin.

Pese a esto, la constructora encargada del proyecto señaló a través de un comunicado que este fallo policivo sigue estando demandado por la empresa y que aún la demanda de nulidad cursa en el juzgado, razón por la que “desconocen” el convenio firmado.

“La constructora instauró una demanda de nulidad y de restablecimiento de los derechos, dado que dicho fallo policivo fue adoptado con base en pruebas no idóneas con conclusiones equivocadas presentadas por Planeación Distrital, omitiendo los resultados del estudio adelantado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el cual concluye que el edificio se construye conforme a lo aprobado en la licencia”, expresó la empresa Promotora Calle 47 S. A. S. encargada del proyecto.

A este argumento la empresa suma que el fallo policivo que ordena la restitución del espacio público no involucra toda la construcción y por el contrario relaciona solo 24 metros cuadrados de superficie, lo que corresponde a una “ínfima parte del área del proyecto total” que los constructores están dispuestos a restituir mediante una perfilación del edificio, lo cual es técnicamente factible, y para lo que se solicitó una modificación de la licencia de construcción, que fue negada por el mismo Distrito.

“Por lo anterior, en caso de una demolición total del proyecto por parte de las autoridades, se estará dando una actuación abiertamente antijurídica, ya que NO EXISTE una orden judicial o administrativa que establezca la demolición total de la estructura”, destacan los constructores en el texto.

La constructora señal que si el Distrito de Cartagena lleva a cabo la demolición total del proyecto incurrirá en altos costos para reparar a las víctimas del proceso, “entre las que se encuentran las familias cartageneras que invirtieron sus ahorros en un proyecto debidamente licenciado por las autoridades y cuyos derechos han sido desconocidos sistemáticamente por las entidades involucradas”.

Y es por esta razón que la Promotora mantiene además su disposición de continuar con todos los procesos jurídicos correspondientes, así como la demanda de Reparación directa de los constructores contra el Estado que se encuentra en marcha desde octubre de 2019.

Este complejo habitacional contempla la construcción de cinco torres de apartamentos desde 42 hasta los 56 metros cuadrados, los cuales han sido adquiridos por más de 900 familias .

¿Qué detalla el convenio firmado por las autoridades?

El objetivo del convenio es que las tres partes unan esfuerzos institucionales, técnicos, administrativos, jurídicos y financieros para “garantizar la integridad urbanística y la protección del espacio público” de esta zona de la ciudad, luego de los años de polémica y discusión por la afectación que la estructura genera al entorno del Centro Histórico.

El plazo de ejecución del nuevo acuerdo es de un año, que se cuenta desde la suscripción del acta de inicio y el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, aunque podrá prorrogarse siempre y cuando cuente con justificación y así conste en un documento suscrito por las tres partes.

El costo del convenio es de $585.972.635, de los cuales, la Alcaldía de Cartagena aportará en especie $387 millones para asistencia técnica y administrativa, el FNGRD hará un aporte inicial de $149 millones correspondientes a actividades técnicas, logísticas, operativas, jurídicas, financieras, administrativas y de gestión; y el Ministerio de Cultura $48.838.752 equivalentes a asistencia técnica.