El pasado 18 de septiembre, el superintendente del Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez Casas, ordenó -de manera cautelar- la intervención administrativa total de la caja de compensación Comfenalco Antioquia por un periodo de 12 meses y separó de sus cargos a los miembros del Consejo Directivo.
Con la decisión también fue removido del cargo Jorge Alejandro Gómez, el director de la caja en los últimos años y quien trabajó en esa entidad por más de dos décadas.
La determinación de la SuperSubsidio se dio tras dos hallazgos. El primero, la remisión de recursos remanentes de los procesos liquidatorios de los programas de salud de la caja de los regímenes subsidiados y contributivos por unos 10.000 millones de pesos y que asegura se encuentran en riesgo jurídico y patrimonial en una figura que se llama Mandato Salud; y el segundo, el impacto negativo de las pérdidas recurrentes del centro de costo de vivienda en los seis últimos años que ascienden a más de 20.000 millones de pesos, colocando –según la SuperSubsidio- en riesgo el patrimonio de Comfenalco Antioquia.
En diálogo con SEMANA, Jorge Alejandro Gómez señala que la resolución está llena de supuestos, no hubo un debido proceso y a pesar de eso “tomó unas decisiones definitivas”. Y agrega: “No tuve las garantías suficientes en este proceso para ejercer mi derecho de defensa. Y con esa violación al derecho de defensa, hay un desconocimiento también al debido proceso. Y lo digo porque después de la visita ordinaria, la delegada de gestión envía a la delegada responsable administrativa de Medidas Especiales un traslado para que investigue este tema del Mandato Salud. Es decir, para que se aclaren allá los temas. Y hasta hoy esta delegada no nos ha citado, no nos ha notificado que presentemos descargos, información o pruebas necesarias para que ella dentro de su competencia, defina finalmente si sanciona o no sanciona”.
Gómez explicó los antecedentes en cada uno de los casos. En el de salud señaló que, en 2012, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención forzosa para liquidación del programa de salud del régimen subsidiado y, en 2014, del programa EPS contributivo que prestaba la caja de compensación. En ese momento, quien fungía como director de Comfenalco Antioquia y el Consejo Directivo pierde la facultad para la administración y toma decisiones que por ley le pudieran corresponder frente a esos dos programas, porque ya toma posesión la SuperSalud.
Gómez agrega que para la liquidación del régimen subsidiado y también para la del régimen contributivo, obró como agente especial liquidador Carlos Mario Estrada Molina, quien era el director de la caja de compensación, es decir, cumplía el rol de director de la caja y, por otro lado, también con el de agente especial liquidador.
Dentro de ese proceso de liquidación, dice Gómez, se paga a 486 acreedores, prestadores de servicios, todas las obligaciones, tanto públicas como privadas. Es decir, entidades sociales del Estado, IPS y acreedores en general del régimen contributivo y del régimen subsidiado.
“Pero antes de cerrar, de conformidad con las normas que regulan las liquidaciones de las entidades promotoras de salud, el doctor Carlos Mario Estrada nombró dos mandatarios, para que siguieran con la administración de los recursos después de la liquidación, es decir, la posliquidación. Nombra a la doctora Verónica Barrera, en abril de 2016, como mandataria de la posliquidación del programa de salud régimen subsidiado y a mí en diciembre de 2016 como mandatario para la posliquidación del régimen contributivo”, dice Gómez.
En ese momento había unos recursos por alrededor de 5.400 millones de pesos que pasan a ser administrados por los mandatarios, una vez queda dentro del proceso de liquidación, advierte Gómez.
“Del 2017 a la fecha como mandatarios en ejercicio de nuestro rol hemos administrado y pagado las obligaciones que fueron reconocidas en la liquidación. No podemos reconocer obligaciones, solamente podemos administrar esos recursos y pagar obligaciones, es decir, esos recursos se quedan ahí, es para la operación y administración del mandato y para el pago de las obligaciones y eso hemos venido haciendo desde hace cinco años a tal punto que el último acreedor que había sido reconocido dentro del proceso de liquidación y que no se le había pagado porque la acreencia era de 52 mil millones de pesos y solamente había 5.000, era el propio Comfenalco Antioquia como prestador. Comfenalco Antioquia no solamente era asegurador, sino que también era prestador de servicios, tiene su EPS, pero también tiene sus clínicas, sus puntos de atención en salud”, recuerda Gómez.
Pero además hay unos acreedores contingentes que son las demandas contra los programas de salud por responsabilidad médica y civil, también había demandas propias contra el mismo proceso de liquidación de nulidad de restablecimiento del derecho y demandas que las mismas EPS tenían de reclamaciones al Fosyga (hoy Adres), “porque dentro de la administración de los mandatos está ese rol de la defensa judicial de esos procesos y aprovechando también algunas posibilidades legales, donde en el mismo plan nacional de desarrollo 2014-2018 se estableció en el artículo 97 que las cajas podían disponer de activos propios que no afectaran la prestación de los servicios de los trabajadores, los podían destinar para el saneamiento de esas obligaciones de salud y unos saldos del fondo para el fomento del empleo y protección al desempleado, entonces la ley dispuso que esos saldos que tienen las cajas los puedan utilizar para el saneamiento en salud, tanto los que estén administrando como los que están en proceso de liquidación o los que hayan liquidado los programas”, agrega Gómez.
En ese sentido, añade que recogieron recursos con los que alcanzaron a pagarle a Comfenalco Antioquia la acreencia por 52.000 millones de pesos, con esas demandas y con lo que llegaba por las demandas a la Adres. Y como la caja no tiene programas de salud, el mecanismo funciona como una cuenta recaudadora o una cuenta maestra a la que giran los recursos que van llegando por las demandas que se ganaron, pero ya no son recursos de la caja, insiste.
Se cambió, entonces, de beneficiario y se constituyó una fiducia de administración y pagos a través de un patrimonio autónomo para que, como explica Gómez, los recursos “estén mucho más seguros, porque hoy soy el mandatario, pero mañana puedo renunciar, me puedo morir y otro llega a administrar esos recursos”.
Asesorados por expertos, él y Verónica Barrera, Gómez indica que se creó un vehículo jurídico que lo denominaron sociedad Mandato Salud SAS, “una sociedad debidamente registrada en la Cámara de Comercio, lo que implica un acto público, y no un acto oculto, y a través de este mandato constituimos la fiducia de administración y pagos bajo la figura de patrimonio autónomo en la misma corporación financiera, es decir, en Credicorp Capital, donde entonces como Comfenalco ya no es el beneficiario, cede su posición al mandato, para que este lo siga administrando bajo esa figura con un único fin: la administración del mandato y el pago de las obligaciones”.
“La plata hoy está en Credicorp Capital. ¿Cuánta plata es? Al 6 de septiembre hay un saldo de 10.645 millones de pesos, certificado por esa firma. Se le presentó a la Superintendencia del Subsidio Familiar y para ellos no fue suficiente”, explica Gómez.
En el caso de vivienda señaló que si bien se han presentado pérdidas acumuladas de 22.000 millones de pesos, durante los últimos seis años, aclaró que “estas pérdidas, no ponen en riesgo ni el patrimonio de la caja, ni su viabilidad financiera ni tampoco su viabilidad administrativa y mucho menos su gestión como caja de compensación para garantizar esa promesa de valor con nuestros programas, obras y servicios para los trabajadores afiliados”, dice Gómez.
Reconoce que es un programa en el que la ley dice que debe ser autosostenible y que se han tenido dificultades en el licenciamiento de algunos proyectos. Explica que esas pérdidas también se han ocasionado porque en los proyectos, especialmente de vivienda de interés prioritario (VIP), en su momento se tomó una decisión, “que puede que sea una loable y bien intencionada, pero nos ha afectado. Dijimos congelemos los precios de vivienda en 70 salarios mínimos, seguramente proyectando que los íbamos a desarrollar en determinado tiempo y que nos iban a permitir mantener y sostener ese precio, pero llegaron circunstancias como la pandemia, y luego otras como la escasez de los materiales, que posteriormente no había quién los transportara. Había dificultades de todo orden. Y, después, aparece una inflación que empieza a afectar todos los costos de obra. La pregunta es, en el sector construcción, ¿quiénes no están afectados con todo esto que ha pasado?”, agrega Gómez.
El hoy exdirector de la Caja dice que año tras año, en estos seis años, sí se han dado esas pérdidas, pero no han afectado el resultado positivo de la caja. “Esta caja viene dando resultados positivos desde 2017, después de pasar la peor crisis de la salud, y en estos seis años también hemos dado remanentes, que se han visto afectados en resultado por la pérdida de vivienda, sí, pero no han afectado la viabilidad financiera de la caja, ni han puesto en peligro su patrimonio. Estamos hablando de una pérdida de 22.000 millones en los últimos seis años, y en lo que va de este año ya tenemos un patrimonio de 550.000 millones de pesos, sin una sola deuda, porque en 2012 asumimos una reestructuración económica con la banca por 259.000 millones de pesos, que pagamos día a día, sin un solo retraso puntual, y terminamos de pagarlo el pasado mes de julio. Hoy tenemos disponible una capacidad de crédito hasta por 150.000 millones de pesos aproximadamente, eso demuestra la fortaleza patrimonial de Comfenalco Antioquia. En 2012, teníamos apenas un patrimonio de algo más de 100.000 millones de pesos”, agrega Gómez.
Reiteró que no se le dio la oportunidad del debido proceso para poder ejercer el derecho de contradicción y de defensa, ni tampoco de aportar las pruebas correspondientes, aunque dentro de la visita se entregaron información y documentos.
“Lo que se está pidiendo es que se siga el proceso de investigación administrativa sancionatorio con la rigurosidad del caso, dando las garantías. Y esto me parece muy importante porque el superintendente del Subsidio Familiar se distingue por ser un hombre defensor de los derechos humanos, al igual que el delegado de Gestión, encargado de hacer estas visitas, que luchan y defienden los derechos humanos, pero llama la atención que, en este caso particular, pues no se les hayan otorgado los derechos a las personas para defenderse. Por el contrario, se hacen imputaciones de las cuales no pudimos defendernos”, concluye Gómez.