El Congreso de la República aprobó un nuevo proyecto de ley que beneficiaría a las empresas que actualmente funcionan en el país. Se trata del proyecto 106 del 2023 del Senado y el proyecto 365 de 2024 de la Cámara de Representantes, en que se tomaron varias medidas para preservar los millones de empleos que las empresas generan en el país y para salvaguardar el crédito al que acceden las mismas.
La propuesta fue liderada por la Superintendencia de Sociedades y fue respaldada por las bancadas del Congreso, que la presentaron como una iniciativa parlamentaria. De acuerdo con el comunicado de la SuperSociedades, dicho proyecto marca un punto de inflexión en el régimen de insolvencia en Colombia, que es el que permite a las empresas maniobrar situaciones financieras difíciles y una posible quiebra.
Esta nueva legislación modernizará la reorganización empresarial y, como mencionó hace unos meses el superintendente Billy Escobar, pondrá a tono la legislación que tiene 18 años, “para hacerla corresponder con la realidad de hoy en día”.
La iniciativa brindará la estabilidad y previsibilidad que necesitan las empresas que navegan por entornos económicos cada vez más desafiantes. Además, el organismo también precisó que la decisión se alinea con las recomendaciones de organismos internacionales como la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico.
Los 13 puntos de la nueva ley que salvaría de la quiebra a empresas en Colombia
De acuerdo con la SuperSociedades, son múltiples las medidas que fueron aprobadas y que abarcan una amplia gama de disposiciones que fueron diseñadas para salvar a las empresas, proteger los empleos y promocionar la reactivación económica. Entre las medidas se encuentran:
- La primera medida garantizará un acceso expedito y un alivio financiero, pues se establecen mecanismos simplificados para facilitar la reorganización empresarial, ofreciendo plazos de pago flexibles y alivio financiero para las cargas financieras que enfrentan las empresas.
- La segunda medida establece un estímulo a la financiación y salvamento empresarial, pues se fomentan las iniciativas para la financiación del deudor y se establecen mecanismos de rescate para empresas al borde de la liquidación, previniendo su desaparición y protegiendo su viabilidad.
- La tercera medida tiene que ver con la negociación de acuerdos de reorganización y procedimientos de recuperación. En esta se implementan marcos sólidos para guiar la negociación de acuerdos de reorganización y procedimientos de recuperación, priorizando la cobertura y la atención a los deudores, asegurando soluciones justas y equitativas para todas las partes involucradas.
- La cuarta iniciativa se enmarca dentro del régimen de insolvencia y protección empresarial. En este se establecen directrices claras para definir un régimen de insolvencia efectivo, promoviendo el uso de herramientas tecnológicas e implementando mecanismos robustos para proteger las empresas y los empleos, salvaguardando el tejido empresarial y el bienestar de los trabajadores.
- En el quinto lugar, se da la recuperación de valor en procesos de liquidación. En este se priorizan estrategias efectivas para la recuperación de valor en los procesos de liquidación, enfatizando la adjudicación en bloque o como unidad productiva, maximizando el retorno de activos y minimizando las pérdidas para acreedores y deudores.
- En el sexto lugar, se da el fortalecimiento de los auxiliares de la justicia. Allí se amplía la lista de auxiliares de la justicia para atender de manera eficaz el creciente volumen de procedimientos de insolvencia, garantizando una atención oportuna y especializada a las empresas en dificultades.
- En el séptimo punto se establecen procedimientos simplificados para agilizar la resolución de casos de insolvencia de menor tamaño, optimizando los recursos y brindando soluciones más rápidas y eficientes a las empresas afectadas.
- En el octavo punto se establece la aplicación subsidiaria de la Ley 1116 de 2006 para los procesos de reorganización expedita y liquidación judicial simplificada, brindando un marco legal sólido y coherente para este tipo de procedimientos.
- La armonización Internacional se desarrolla en el noveno punto. En este, Colombia se alinea con los estándares internacionales en materia de insolvencia, asegurando el cumplimiento de los compromisos internacionales del país y promoviendo la integración del marco legal nacional con las mejores prácticas globales.
- El décimo lugar establece algunos beneficios legales para pequeñas empresas. Allí se implementa la legislación a medida para atender las necesidades particulares de las pequeñas empresas, empleando mecanismos menos intervencionistas que facilitan la búsqueda de soluciones justas y equitativas entre acreedores y deudores, fomentando su crecimiento y sostenibilidad.
- El onceavo punto motiva la competitividad y confianza de los inversores. Allí se reconoce la importancia de los marcos legales y regulatorios sólidos para la inversión, enfatizando la necesidad de proteger las inversiones y mejorar la competitividad del país, creando un entorno más atractivo para la inversión nacional y extranjera.
- Impulso al Desarrollo Económico y la Economía Popular: el Plan Nacional de Desarrollo enfatiza el impulso a la economía popular y comunitaria, reconociendo su papel fundamental en la generación de empleo y el dinamismo económico, y promoviendo medidas para fortalecer este sector vital.
- Finalmente, el último punto se enfoca en la eficiencia en los procedimientos concursales: se establecen regulaciones para fortalecer la economía popular, especialmente las pequeñas y microempresas.