La palma se ha consolidado como el segundo cultivo más importante del país, con cerca de 600.000 hectáreas sembradas. Sin embargo, tiene una particularidad: muchas de ellas están ubicadas en zonas de conflicto y tensión social: la Costa Norte, el Magdalena Medio, el sur del Cesar, el Catatumbo y Tumaco, Nariño. A pesar de ello, y de las dificultades que se generan en la operación, es un sector agrícola que registra más de 190.000 empleos formales directos con permanencia; es decir, no son trabajadores que salen por cada cosecha y vuelven a entrar en etapa de fertilización; son empleos que se mantienen a lo largo de los años.
“Hoy, después de 20 años, podemos decir que somos un sector que tiene una alta capacidad de atraer pequeños y medianos agricultores, con las entradas de las alianzas productivas. Hasta el año 2000, éramos muy pocas empresas, de muy pocas familias; hoy ya somos alrededor de 8.000 palmicultores, de los cuales una gran parte son agricultores de menos de dos hectáreas. La democratización de la palma es una realidad y es lo que ha permitido que crezca”, dice Carlos José Murgas, vicepresidente de Oleoflores. El año pasado, esta compañía registró ventas por $710.000 millones, un crecimiento de 58% frente a 2020, y utilidades netas por $15.800 millones de pesos, un incremento de 68%. Según Murgas, Colombia es el cuarto productor de palma del mundo, pero apenas aporta el 2% de la producción global, la cual es liderada por grandes jugadores como Indonesia y Malasia.
El sector avanza en el proceso de vincular más familias productoras para ganar masa crítica, en medio de la formalidad y la productividad. A finales de los 90, la palmicultura identificó que para poder competir en el mundo debía ser más productiva y alcanzar una mayor área de cultivo. Para eso, los empresarios comprendieron que era fundamental vincular familias campesinas de pequeños y medianos cultivadores y se creó un esquema de alianzas productivas. Esa unión de pequeños, medianos y grandes agricultores con industriales les permitió enfrentar juntos distintas etapas productivas e improductivas del proceso.
Según Murgas, las políticas de crédito y de fomento agrícola, en razón de las alianzas productivas, se han mantenido en el tiempo. “Tener un Fondo Agropecuario de Garantías de hasta el 80% es muy importante para poder sacar los créditos adelante; los incentivos de capitalización rural también han sido clave, y los empresarios hemos entendido que la fórmula de crecimiento es arriesgando e invirtiendo con esos pequeños y medianos agricultores”, dice.
Bajo ese modelo, explica el empresario, han logrado involucrar a nivel nacional cerca de 200.000 hectáreas. “En nuestra empresa, alrededor de 50.000 hectáreas ya funcionan bajo el modelo de alianzas productivas y ha sido el efecto diferenciador de nuestro modelo para poder crecer”, agrega.
El de Oleoflores es un buen ejemplo de crecimiento inclusivo y de lo que podría ser un nuevo contrato social en el sector agrícola. Carlos Roberto Murgas Guerrero, exministro de Agricultura en el gobierno de Andrés Pastrana, entendió en su momento que uno de los pilares para transformar la ruralidad colombiana y volverla competitiva era la financiación. Esta se puede concretar más fácilmente a partir de las alianzas productivas y el apoyo del Fondo Agropecuario de Garantías, lo que además permite que se cristalice el incentivo a la capitalización rural.
“Lo tercero, la liquidación de la Caja Agraria y el lanzamiento del nuevo Banco Agrario, donde los agricultores entraron, en un nuevo banco estatal de fomento agropecuario, a prestar estos dineros para las alianzas productivas”, recuerda Carlos José Murgas.
Ha sido un gana-gana no solo desde lo financiero: el empresario ve las bondades de asociarse con pequeños y medianos, mientras que estos agricultores sienten el beneficio de formar parte de un esquema inclusivo de valor compartido, en donde, además de contar con un cultivo en crecimiento, adquieren acceso al crédito, cuentan con asistencia técnica y tienen la comercialización asegurada.
Oleoflores hizo el primer piloto en María La Baja, Bolívar, y en Tibú, Norte de Santander, en la región del Catatumbo. Llevó la palma a esas zonas, de la mano de asistencia técnica especializada con tecnólogos agrícolas, buscando mejorar sus procesos. También acompañó al agricultor en esa etapa de siembra y sostenimiento del cultivo y fue más allá: los agricultores no solo adquirieron un contrato de comercialización, sino que se convirtieron en socios de las plantas extractoras de la empresa o en las que construya. Tienen asiento en la junta directiva, capacidad de decisión, venden la fruta y participan en el valor agregado de esa sociedad.
En Tibú, Norte de Santander, inició un programa de sustitución de cultivos bajo el esquema de alianzas y con el acompañamiento de la embajada estadounidense, y en 2017 inauguró una planta en donde los agricultores tienen el 49% de las acciones, producen su fruta y van asociados en el valor agregado que genera la venta del aceite y del palmiste producido en la planta extractora. “Ese efecto de esos dos pilares, que son María La Baja y el Catatumbo, nos hicieron pasar de 4.000 hectáreas sembradas que teníamos en 1999, a tener y manejar hoy en este esquema alrededor de las 65.000 hectáreas de palma; eso comparado con lo que tenía la compañía hace 20 años o 25 años, nos da un factor de competitividad mucho más alto, por los volúmenes que teníamos antes. También nos ha permitido crecer con más aceite y más palmiste, podemos producir más aceites comestibles, más margarinas e incluso el tema del biodiésel”, agrega Murgas.
Para él, el caso de la palmicultura es clave dentro de las estrategias del gobierno del presidente Petro. “Tenemos trabajo formal, estamos trabajando desde finales del siglo pasado en valor compartido dentro de nuestras áreas de cultivo, con pequeños y medianos agricultores, y esto ha sido el motor del crecimiento de la palma en Colombia. Además, estamos en las zonas más complicadas del país, en donde la palma llega a sustituir al Estado en servicios, en seguridad, en empleabilidad, y trabajamos en productos que en gran parte son para alimentación, pero también para mover el país, porque son biocombustibles que reducen la huella de carbono y nuestra dependencia al diésel fósil. El gobierno del presidente Petro tiene como gran ejemplo la palmicultura colombiana, que se ha venido desarrollando con responsabilidad, pensando en el bienestar de las regiones donde estamos”, puntualiza Murgas.